ACUERDO POR LA DEMOCRACIA

  

No podemos soslayar la decisión del gobernador Rutilio Escandón de adherirse al acuerdo nacional propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el que pide a los gobernadores comprometerse en no intervenir en las elecciones de junio.

Hay muchos factores que analizar en este acuerdo, pero comencemos por lo más importante: es un pacto que pretende proteger la democracia y la voluntad del pueblo. Aquí no puede haber medias tintas. Los actores democráticos deben demostrar, en las palabras y en los hechos, un deber inquebrantable con las reglas democráticas.

No se debe permitir que participen en las elecciones aquellos que no respetan la democracia y sus principios. Como muchas veces ha sucedido en que los gobernadores, abusando del poder, alteran las elecciones con dinero sucio, manipulando las instituciones y metiendo recursos del estado para favorecer las campañas de sus candidatos afines, o bien, dirigiendo campañas de desprestigio contra los candidatos de la oposición.

Que el gobernador Escandón Cadenas se haya sumado al acuerdo para garantizar elecciones legítimas y transparentes importa mucho porque la democracia tiene muchos problemas. Ahora mismo, aquí en Tuxtla Gutiérrez, podemos ver que no pocos aspirantes a la presidencia municipal se están brincando las leyes para hacer proselitismo antes del arranque oficial del periodo de campañas. Como un empresario escuelero que le ha ordenado a una legión de muchachas y muchachos repartir de casa en casa gel antibacterial y cubrebocas con su nombre impreso.

Situaciones como esa ha provocado que muchos ciudadanos se sientan excluidos y enojados, pero bien lo dijo Churchill: la democracia es el peor sistema de gobierno con la excepción de todos los demás. Así que, hay que defenderla.

En el Acuerdo por la Democracia, que al momento de redactar este texto son ya 25 los gobernadores que lo han firmado, los mandatarios se comprometieron a no apoyar a ningún candidato de ningún partido político, a no permitir que el dinero público sea utilizado con fines electorales y a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de criminales de cuello blanco para financiar campañas políticas.

También se han obligado a impedir la compra de votos y que los políticos lucren con la pobreza de la gente, a denunciar a los “mapaches” electorales, a evitar el acarreo, el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas las demás trampas de las que por años se han valido muchos gobernantes para llegar, retener o heredar el poder.

EPISODIOS EXECRABLES

Como me hubiera gustado que los anteriores gobernadores hubieran hecho un compromiso de esta magnitud en defensa de la democracia. Quizá hoy las instituciones y autoridades electorales gozarían de una mayor credibilidad; quizá muchos más representantes del pueblo pudieron ser nombrados de manera legítima; quizá el abstencionismo pudo haber sido menor; quizá miles de millones de pesos hubieran sido utilizados para lo que fueron destinados y no convertidos en basura electoral; quizá –y sólo quizá- los fraudes electorales hubieran recibido el castigo que merecían.

Digámoslo con todas sus palabras: la falta de un pacto que (en donde estuviera incluido desde el gobernador del estado hasta el funcionario de más bajo rango) buscara garantizar la legalidad de las elecciones provocó fraudes y la constitución de malos gobiernos.

Pablo Salazar fue denunciado por ser el principal desestabilizador del proceso electoral de 2006. Lo acusaron de haber utilizado a las instancias electorales como el entonces Instituto Estatal Electoral y la Contraloría de la Legalidad Electoral, por las que a través de sus titulares dirigió la operación fraudulenta con la que logró favorecer a Juan Sabines Guerrero.

Recordemos que ese año Sabines se presentaba como el candidato oficial. No fueron pocos los rumores de que Salazar Mendiguchía había dispuesto de dinero, personal, vehículos y hasta del helicóptero del gobierno para que Sabines hiciera campaña.

Memorable será la imagen del desaparecido Mariano Herrán Salvatti que fue captado en una bodega rellenando y cambiando urnas con votos a favor de Juan Sabines. Lo que resultó de ese fraude fue un gobernador corrupto, vicioso, que endeudó al estado, que agravó la crisis gubernamental y que terminó por meter a la cárcel a su mayor benefactor: Pablo Salazar.

Sabines Guerrero también utilizó las instituciones electorales para imponer a presidentes municipales y conformar un Congreso a modo, del que se valió para que le autorizaran todo tipo de iniciativas de ley y los préstamos que le dio la gana.

En 2010, intentó promover una reforma electoral con la que pretendía cancelar las elecciones de ese año, pero que también le daba la posibilidad de dejar que los diputados siguieran en sus puestos y que él se encargara de designar a todos los alcaldes. Se quería convertir en un monarca. Pero gracias a las impugnaciones de diversos personajes dicha reforma se malogró.

Antes, en 2007, uno de los excandidatos a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez denunció fraude en la elección y señaló directamente a Amador Rodríguez Lozano, entonces asesor político de Sabines Guerrero y la persona que operó bajo las órdenes de Pablo Salazar la “estrategia” que llevó a éste a ganar la gubernatura en 2006.

Ese excandidato era Bayardo Robles Riqué, quien dijo que Rodríguez Lozano también había obligado a los miembros de las cámaras empresariales a firmar un documento en el que le pedían al PRI y a su candidato a reconocer el triunfo del candidato sabinista. Sin duda, esa elección fue una burla en contra de los ciudadanos, de la democracia y de las instituciones.

En el proceso electoral de 2015, en el que se eligieron 41 diputados locales y 122 presidencias municipales, se cometió uno de los atropellos más dolosos a la voluntad popular, pues tres de los entonces consejeros electorales, en presunta complicidad con funcionarios del gobierno de Manuel Velasco Coello, excluyeron a miles de chiapanecos del listado nominal y los hicieron aparecer como residentes de Uganda, Croacia, Eslovaquia, Cabo Verde, Suiza, entre otros, con tal de que sus votos fueran a favor del candidato migrante, que era del PVEM.

En los mismos comicios se presume la utilización del aparato gubernamental sin el cual el candidato de la alianza del PVEM, Fernando Castellanos Cal y Mayor, no hubiera ganado la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez.

POR LO FUNDAMENTAL

Hay que reconocer la convocatoria del presidente López Obrador por defender la democracia. Espero que todos los gobernantes aprendan de la historia y condenen a los que son desleales con la democracia, de la que no tengo la menor duda que es el mejor sistema de gobierno de todos.

También se aplaude la entereza del gobernador Rutilio Escandón que al hacer un pacto con el presidente también está acordando con la sociedad chiapaneca de poner todo su esfuerzo por que en las próximas elecciones el pueblo pueda elegir con libertad y su voluntad sea respetada.

Insisto: debemos defender la democracia porque a través de ella logramos lo fundamental: haber podido cambiar los gobiernos durante 20 años, permitiendo una serie de alternancias en todos los niveles, comenzando por la Presidencia de la República.

yomariocaballero@gmail.com