HUMBERTO BLANCO: EL CONTADOR DE LA MAFIA


¿Usted pondría sus riquezas al cuidado de alguien que ha sido acusado de robo? ¿Dejaría sus propiedades y el futuro de sus hijos en manos de quien pesan varias Averiguaciones Previas por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito? ¿Tendría la confianza de emplear a una persona que ha encubierto delincuentes y estafadores?

En los pasados días corrió el rumor de que el ex gobernador Juan Sabines está planeando acomodar a Humberto Blanco Pedrero en la Contraloría del Estado de Chiapas, apoyado por priistas de la vieja guardia y un grupo de políticos que tienen la mirada puesta en las elecciones de 2018. Se presume que el propósito es que Blanco Pedrero limpie la corrupción del hoy Cónsul de Orlando, Florida, y esclarezca las cuentas pendientes del atraco que tiene a Chiapas endeudado por más de 40 mil millones de pesos. 

Hay quienes le rezan a San Antonio para encontrar objetos perdidos y hay quienes disponen de un aliado más eficaz y eficiente que dicho santo. Y no me refiero a la vulgar necesidad de encontrar las llaves de la casa o del coche, sino a la recuperación de los datos, de los expedientes, de las facturas y de las pruebas esenciales que pueden mandar a la cárcel a toda la mafia. Y Sabines lo tiene en Humberto Blanco Pedrero, que el 12 de enero del presente año fue nombrado Coordinador General de Gabinete del gobierno actual.

CORRUPCIÓN EN LA CONALITEG

Nacido en la Ciudad de México -¿o en Tapilula?- y formado como contador público en el Instituto Politécnico Nacional, Blanco Pedrero es un político de filiación priista con un negro historial en el servicio público, desempeñándose tanto en el centro del país como en el estado de Chiapas.

Fue asesor en la Procuraduría General de la República en el Sistema Nacional Anticorrupción; contralor general de la Secretaría de Educación Pública, comisario del sector educación, ciencia y tecnología de la entonces Secretaría de la Contraloría General de la Federación (hoy Secretaría de la Función Pública) y director general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG).

Antes de que Humberto Blanco asumiera la dirección general de la CONALITEG, había ocupado los cargos de contralor y luego de subdirector general, hasta que Antonio Meza Estrada, ex secretario particular del presidente Ernesto Zedillo cuando éste fue secretario de Educación Pública, lo designó como “encargado” de la Dirección General al concluir su gestión (1994-1999) al frente del mismo organismo.

Según reportes de las investigaciones del Órgano Interno de Control de la Comisión, Meza impuso en el puesto a Blanco Pedrero sin tener ninguna facultad para hacerlo y con la intención de que Blanco encubriera las irregularidades y los desfalcos millonarios por la edición de los libros de texto de los niveles de primaria y secundaria, y así evitar que el gobierno de Vicente Fox le fincara responsabilidades mientras él cumplía su encomienda en el Consulado de México en Ditroit. Es decir, Antonio Meza defraudó a la federación y lo premiaron con un puesto diplomático.

En 2006, la PGR llamó a comparecer a Humberto Blanco al ser indiciado en la Averiguación Previa 91/UEIDCSPSAJ/06-III que integró la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia. Blanco Pedrero estaba señalado en el desvío de más de mil millones de pesos de la CONALITEG.

De acuerdo a los datos contenidos en la averiguación previa, Humberto Blanco y Antonio Meza desviaron anualmente -desde 1994 al 2000- 400 millones de pesos en el sobrepago de la impresión de los libros de texto gratuitos, beneficiando además a empresas transnacionales que por asignación directa concentraban el 70% de los contratos, y de éstas solo dos controlaban el 50 por ciento de todos los convenios.

Documenta la PGR, que en la impresión de 3 millones 207 mil libros de español de segundo grado, en 1999, Humberto Blanco y Antonio Meza pagaron 37 millones 562 mil 726 pesos, cuando el saldo total era nada más de 20 millones 712 mil. Dicho de otra forma, desviaron 16 millones 850 mil pesos al inflar el precio de impresión por ejemplar de 6.17 a casi 12 pesos.

Además, Blanco Pedrero y su compinche fueron investigados por el delito de daño patrimonial cuantificado en 367 millones 934 mil 280 pesos, derivado de la revisión de 23 licitaciones públicas nacionales –ilícitas- para la maquila de libros de texto de primaria y telesecundaria en las materias de historia y geografía regional por los años 1999, 2000 y 2001. El monto, según reveló la Secretaría de la Función Pública a través de la Cédula de Observaciones Determinadas, fue detectado al realizar un estudio comparativo de los precios del mercado y notaron que el precio había sido pagado en exceso.

De contador a funcionario y de funcionario a millonario. La CONALITEG fue el éxito financiero de Humberto Blanco.

CORRUPCIÓN EN EL SABINATO

A pesar de los fraudes en los que estuvo implicado Humberto Blanco Pedrero, Juan Sabines lo llamó y lo nombró en junio de 2007 como Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE), organismo cuya función es revisar la cuenta pública del estado y de los municipios, así como la de las distintas dependencias de gobierno.

Durante el mandato de Sabines Guerrero se produjo una deuda pública por 26 mil millones 972 mil pesos y una deuda con proveedores superior a los 20 mil millones, dando aproximadamente un total de 46 mil 972 millones de pesos.

¿En qué se utilizó todo ese dinero? En nada de provecho para el estado. Porque al finalizar el gobierno de Juan Sabines habían 800 mil pobres más que en 2006, había aumentado el número de habitantes en condición de pobreza alimentaria a dos millones 17 mil y a tres millones 248 mil 450 el número de personas viviendo en pobreza de patrimonio. También, creció la crisis en el campo, la marginación de los pueblos indígenas, la migración rural y Chiapas quedaba convertido en el estado más pobre del país.

A esto hay que sumarle el 80 por ciento de los municipios que se declararon en quiebra en 2012, en un claro acto de corrupción dado que no realizaron ninguna obra pública, ni un solo programa social, ni siquiera regalaron despensas. Pero la gran mayoría de los alcaldes acabaron con ranchos ganaderos, residencias en Cancún o en Acapulco o en la Ciudad de México, camionetas del año y con dos o tres gasolineras.

¿Quién era el responsable de vigilar el correcto uso de los recursos económicos de los chiapanecos? Humberto Blanco Pedrero, que como buen contador de la mafia encubrió el saqueo de Juan Sabines, blanqueó la cuenta pública y actuó conforme a las órdenes del Cónsul.

De acuerdo con la ley el Órgano de Fiscalización es una institución autónoma, pero Blanco Pedrero hizo que ésta se arrodillara ante el poder del Ejecutivo y por eso mismo ni Yassir Vázquez Hernández que endeudó a Tuxtla Gutiérrez con la obra “Qué viva el centro” por 900 millones de pesos, ni Samuel Córdova Toledo, ni los hermanos Perkins Cardoso, ni los Gamboa López, ni Nemesio Ponce Sánchez y ni ningún otro funcionario del sabinato fue a dar a la cárcel.

El artículo 36 Bis de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas, dice: “Sólo se podrá proceder penalmente en contra de quien haya ocupado el cargo de gobernador del estado […] por los delitos cometidos en el ejercicio y con motivo de sus funciones […], por petición del Auditor Superior del Estado”. Y, obviamente, Humberto Blanco no le iba a morder la mano a quien le daba de comer.

Así fue que renunció al cargo en el OFSCE hasta el 16 de diciembre de 2013, después de haber tenido tiempo suficiente para ocultar las irregularidades de Sabines y exigir la cuenta pública a los presidentes municipales que tomaron protesta en 2012, quienes supuestamente lo ayudaron a tapar los hurtos de los alcaldes sabinistas.

LA MISIÓN

No es casual que el contador Humberto Blanco Pedrero haya sido nuevamente convocado por Juan Sabines, menos aun cuando falta por aclarar el destino de los 3 mil 870 millones de pesos que le fueron autorizados por el Congreso del Estado el 3 de octubre de 2012. ¿Para qué quererlo instalar en la Contraloría del Estado si no es para encubrir la corrupción de Sabines y su mafia?

En verdad sería lamentable su designación. Lo que aquí y en otros espacios se ha dicho es tan sólo una llamada de alerta a tiempo. Lo demás está en manos del Congreso del Estado.

En el bajo oficio político a personajes como Humberto Blanco se les considera parásitos, vampiros, hienas que quieren seguir alimentándose de nosotros. ¡Chao!

@_MarioCaballero

yomariocaballero@gmail.com

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