EL GOBERNADOR Y LAS NOTARÍAS

Mientras Pablo Salazar entregó 68 notarías en su sexenio, Juan Sabines Guerrero 137 y Manuel Velasco Coello, quien sólo el último mes de su gobierno entregó 50 en promedio, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas ha anunciado que en su administración no se creará ni una sola notaría más. ¿Qué importancia tiene esa decisión? ¿Cuál es la connotación política? ¿Cuáles los objetivos? 

Empecemos por saber que el notariado tiene un valor importante en la sociedad. Nació para satisfacer una necesidad social. Surge de la convivencia y con el fin de dar certeza y seguridad jurídica en los contratos entre las personas. Claro, da fe de los actos conforme a las leyes.

Si en la antigüedad los monjes enseñaron a leer y a escribir, los notarios leyeron y escribieron por los que no sabían. Durante siglos han estudiado y plasmado la vida en sus protocolos. Cervantes decía del escribano que “es un oficio que sin él, andaría la verdad por el mundo a la sombra de tejados, corrida y maltratada”. De ahí que el Estado distinga al notario como testigo de la verdad.

Pero al ser nombrados al vapor, como hicieron los tres mandatarios pasados, se demeritó el prestigio que desde siempre ha caracterizado a los notarios. La patente notarial fue reducida a un simple documento para colgar en la pared. Al mismo tiempo, al repartirse notarías como volantes publicitarios, se creó una crisis de profesionalismo y una competencia desigual en el gremio de fedatarios.

HACIA LA LEGALIDAD

La determinación de no conceder una sola notaría tiene como primer objetivo reconocer la importancia que reviste el papel del notario en el estado. El segundo es acabar con la tradición de otorgar notarías por amiguismo, por compadrazgo o, simplemente, como pago de facturas políticas.

De acuerdo a la ley, las notarías públicas se deben entregar por examen de oposición y cumpliendo todos los requisitos, pero existe una disposición que permite a los gobernadores dispensar éstos en casos excepcionales. Sin embargo, Pablo, Sabines y Velasco Coello convirtieron la excepción en regla, invistiendo a voluntad y capricho a gente incapaz, desprestigiada y sin el mínimo conocimiento para desempeñar la función, sin importarles el daño que provocaban en la sociedad. Sólo les interesó beneficiar a sus compinches, a los que les aplaudieron, a los que solaparon sus abusos de poder.

Juan Sabines le dio una notaría a María Elena Castañón Ramírez, hija de Noé Castañón León, quien fungió como su secretario de gobierno, y no le importó que la designación apestara a tráfico de influencias. Como tampoco le interesó otorgarle una patente notarial a Emmanuel Nivón González, quien en marzo de 2013 fue arrestado por los delitos de peculado y desvío de recursos públicos que cometió durante su gestión como presidente municipal de Tapachula, municipio que dejó en bancarrota y con una deuda de más de 500 millones de pesos.

Uno de los principales zalameros de Sabines Guerrero, Javín Guzmán Vilchis, también obtuvo su respectiva notaría, la número 167 en Copainalá. Votar a favor de las iniciativas del exgobernador, aprobar los préstamos y encauzar las cacerías políticas que se dieron desde el Congreso del Estado cuando él presidió la Junta de Coordinación Política, le agenciaron tan loable galardón.

La priista y varias veces legisladora, Blanca Ruth Esponda Espinosa, cuyo único mérito fue servirle a Sabines como coordinadora de gabinete, también recibió su notaría. Otro cuyo servilismo al sabinato le consiguió la notaría pública número 156, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, es Ovidio Cortázar Ramos. Sabines se la entregó el 11 de julio de 2012. No olvidemos que durante dos años fungió como Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado. Luego, como diputado local (2007-2009) y diputado federal (2009-2012), operó políticamente bajo las órdenes del hoy cónsul.

Anteponer los compadrazgos a las leyes, a los méritos profesionales y a la experiencia laboral en la concesión de títulos notariales es corrupción. Romper con esa larga cadena de complicidades ha representado dar un paso valioso hacia la legalidad, al respeto a la norma, a la recuperación del Estado de Derecho.

COMBATIR LOS FRAUDES

Aunque hay algo más importante todavía. Entre los que fueron ungidos notarios al margen de la ley, no faltaron quienes abusaron del título para delinquir. Hubo quienes cobraron importantes sumas de dinero por trabajos que nunca realizaron. Pero también hay notarios que están acusados de falsificación de documentos, robo de terrenos y hasta de vender bienes inmuebles propiedad del Estado. Evitar que eso siga sucediendo es otro de los objetivos trazados.

En marzo de 2019, Luis Gabriel Sánchez Velázquez, notario público número 106, con residencia en Suchiapa, fue arrestado por el delito de falsificación de documentos en agravio de la señora Claudia “N”. Pero también tiene denuncias ante el ministerio público por el robo de varios millones de pesos al Fovisste y por la deuda de escrituras al Infonavit. Quien lo erigió fedatario fue también Juan Sabines Guerrero.

Otro notario detenido fue Raymundo Eduardo “N”, de Comitán de Domínguez, por su presunta responsabilidad en el fraude de un copropietario de diversos predios. Dicho fedatario cobró la suma de 99 mil 200 pesos para la realización del cambio de régimen de las propiedades, pero no hizo el trámite. Sólo se embolsó el dinero.

Al final de su administración, Sabines Guerrero le otorgó la notaría número 136, con sede en Tuxtla Gutiérrez, a Alejandro Orantes Coello, primo del exgobernador Manuel Velasco.

En 2011 estuvo involucrado en el presunto fraude por 164 millones de pesos, en el que el gobierno sabinista pudo desviar recursos públicos a través de empresas fantasma. Una de éstas, Chiapas Sur, fue creada en su notaría.

Se cuenta que Alejandro Orantes ha adquirido terrenos de manera ilegal y ha despojado de varias propiedades a gente humilde en todo el estado por el simple hecho de no haber querido hacer negocios con él. También ha sido señalado de venta ilegal de predios, de la venta simulada de bienes públicos y de expedir folios falsos.

En años recientes, intentó apropiarse del terreno ubicado frente a Plaza Ámbar, en el lado oriente de la ciudad capital, mediante la siembra de carpetas de investigación. Obviamente, apoyado por funcionarios públicos del gobierno anterior.

CONNOTACIÓN POLÍTICA

Por todo ello, la determinación del gobernador Rutilio Escandón de no entregar ni una sola notaría más durante su gobierno es indudablemente un encuentro con la legalidad. Muestra una profunda voluntad política por reparar los daños y distanciarse de las malas prácticas que antes distinguieron al poder.

Además, se ciñe en la realidad, en satisfacer las necesidades de los buenos fedatarios que se han visto afectados en su honorabilidad y en sus negocios, en resolver las preocupaciones de la gente que ha sido estafada por notarios deshonestos y en dar un fuerte golpe en el combate a la corrupción.

Por vez primera en la historia, los notarios chiapanecos han sido puestos en el centro de las decisiones del gobierno. Y no hay que dejar de ver que la actual administración ha puesto en esta medida el enorme compromiso por parar la maquinaria de arbitrariedades, restablecer el orden y ajustarse al Estado de Derecho. ¡Chao!

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