Los
dos fueron miembros destacados del sabinato. Llegaron al poder como muertos de
hambre y salieron con frondosas cuentas bancarias, propiedades y negocios. Hoy,
uno de ellos está incrustado en el gobierno del morenista Miguel Barbosa, en
Puebla. El otro, del PRI, está haciendo méritos para conseguir una candidatura
plurinominal que le permita seguir viviendo del presupuesto y cubrirse de
impunidad. Porque, es cierto, algo que también comparten estos dos personajes
es que le deben cuentas a la justicia.
El
primero es Seth Yassir Vázquez Hernández. Un tipo ignorante, agreste,
ambicioso, que alguna vez soñó con ser gobernador de Chiapas. Pero como suele suceder
con cualquier político corrupto, terminó huyendo del estado por la puerta
trasera.
Todo
lo que tiene se lo debe al exgobernador de Chiapas Juan Sabines Guerrero, quien
lo quiso más que a su propio hijo. Lo vistió, lo amamantó de poder, le dio una
carrera política, puestos gubernamentales y, últimamente, influyó para que
Barbosa lo designara subsecretario de Transporte en la Secretaría de Movilidad
y Transporte de Puebla.
Yassir
viene de una familia de maestros humildes. Y aunque en la actualidad se pavonee
en una vida de lujos y excentricidades, con residencias en Chiapas, Cancún,
Cuernavaca y en el estado de Puebla, jamás se olvidará que durante algún tiempo
fue un cliente consuetudinario de la cantina El Tubazo, lugar donde pedía
crédito para tomarse media botella de whisky Etiqueta Roja, que se la empujaba
al ritmo de La mesa del rincón de Los Tigres del Norte, su canción favorita, según
cuentan los meseros.
Fue
presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez del 1 de enero de 2011 al 21 de agosto
de 2012. No concluyó la encomienda debido a la enorme presión política y,
especialmente, de los proveedores. Tanto así, que cierto día en que los
reclamos de pago se pusieron muy calientes tuvo que salir del edificio del
Ayuntamiento escondido en la cajuela del automóvil de su directora de
comunicación social, Jessica Bonifaz, quien para el colmo tenía un Beetle color
beige.
En
2017, la Auditoría Superior de la Federación revisó el último año de gestión de
Yassir Vázquez y encontró que con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal 2012, se pagaron obras que no beneficiaron a
los pobladores en condiciones de rezago social y pobreza extrema en Tuxtla
Gutiérrez. Por lo cual la ASF le fincó un daño patrimonial por 5 millones 995
mil 958 pesos, del que fue obligado a reparar junto con su regidor de Obras y
por su tesorera municipal, Verónica del Rocío Argüello Martínez.
De
ese monto, Yassir tuvo que resarcir a la hacienda pública federal la suma de 3
millones 133 mil 950 pesos.
Sin
embargo, eso que acaba de leer, querido lector, no es más que la punta del
iceberg, permítaseme el cliché. Porque Yassir Vázquez tiene procesos abiertos
por peculado, ejercicio indebido del servicio público, daño patrimonial y
asociación delictuosa por más de 56 millones de pesos.
¿Recuerda
el fracasado proyecto de remodelación llamado “¡Qué viva el centro!” que ejecutó
Vázquez Hernández durante su gobierno? Pues el Órgano Superior de Fiscalización
del Congreso del Estado realizó auditorías y encontró irregularidades en 22 de 23
contratos de obra seleccionados de dicho proyecto.
Se
informó que entre los 23 contratos se ejercieron cerca de 30 millones de pesos,
pero de los cuales 16 millones 151 mil tuvieron anomalías, con 12 millones 801
mil pesos que no cuentan con documentación probatoria.
Además,
existen pagos improcedentes por un millón 886 mil, pagos excesivos por 177 mil,
deficiencias técnicas de construcción por 916 mil, erogaciones sin
especificaciones por 272 mil y 96 mil pesos más por pagos no justificados y en
demasía.
Por
todas esas irregularidades existe una orden de aprehensión en contra de Yassir
Vázquez Hernández, girada por el Juzgado Segundo del Ramo Penal en Atención a
Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, bajo
la causa penal 153/2015.
A
la sazón, ¿por qué sigue libre el hijo putativo de Juan Sabines Guerrero si ha
perdido cada uno de los amparos que ha tramitado ante instancias federales y si
sólo basta que la Fiscalía General de Chiapas emita un oficio de colaboración
con su similar en el estado de Puebla? Simple, por la complicidad y
proteccionismo de las autoridades morenistas de aquella entidad.
EL OTRO SABINISTA
El
segundo en cuestión se trata de Samuel Alexis Chacón Morales, quien bajo las
enaguas de Sabines Guerrero logró ser diputado local, presidente municipal de
Tapachula y, la diputación federal bajo la alianza PRI-PVEM, la obtuvo mediante
pactos soterrados con los antiguos dueños del poder en Chiapas, que tuvieron a
bien premiar la corrupción del priista con un cargo cameral.
Como
diputado local sirvió a los intereses del gobierno sabinista. Dio su aprobación
en cada uno de los préstamos solicitados por el corrupto exgobernador y votó a
favor de las iniciativas de ley enviadas por el Ejecutivo. En pago, el hoy
cónsul en Orlando, Florida, lo convirtió en alcalde de Tapachula.
La
administración de Chacón Morales es calificada como vomitiva, asquerosa,
corrupta y asesina. En los 27 meses que gobernó la ciudad hizo crecer la deuda
en más de 630 millones de pesos. También heredó deudas con proveedores, obras
en pésima calidad (“que apenas las estaba inaugurando y ya presentaban
cuarteaduras”, cuentan), un municipio sin fondos para pagar el servicio de
energía eléctrica y más de 200 vehículos inservibles. Entre otros daños,
funcionarios de su gobierno sustrajeron mobiliario de distintas áreas del
Ayuntamiento, asimismo como equipos de cómputo y otros aparatos electrónicos.
La
Crayola es un monumento a su corrupción. Samuel Chacón gastó 29 millones de
pesos en esa escultura que -según él- representa la conjunción de las culturas
maya e izapeña, pero en realidad no es más que una figura con forma de crayola,
mal hecha, que construyó dos veces. La primera vez la inauguró. La segunda sólo
fue para malversar y desviar dinero público.
En
2015, la entonces Secretaría de Desarrollo Social interpuso una denuncia formal
en su contra por el desvío de recursos públicos de programas de combate a la
pobreza entre los años 2013 y 2015. El monto que Chacón Morales no pudo comprobar
asciende a más de 65 millones de pesos.
Por
otro lado, la Auditoría Superior de la Federación tiene en proceso varias investigaciones
por supuestos actos de corrupción de la gestión de Chacón Morales. Una de ellas
indaga el destino que le dio a 209 millones de pesos de recursos federales pertenecientes
a diversos programas sociales.
Como dato estadístico:
el índice de criminalidad en Tapachula aumentó durante el periodo de Chacón 40
por ciento respecto a los reportados en 2012. Situación que provocó inestabilidad
económica y desempleo.
El
8 de octubre de 2014 fue hallado brutalmente masacrado el cuerpo del exlíder
del Sindicato de Trabajadores del Municipio de Tapachula, Gustavo Adolfo
Ibarias García, acérrimo opositor de Samuel Chacón. Y hasta nuestros días, se
cree que el ex alcalde tuvo parte en su asesinato, ya que días antes del
homicidio cuentan que lo amenazó de muerte.
Dos
casos que ponen a prueba el combate a la corrupción e impunidad de la 4T. ¡Chao!
yomariocaballero@gmail.com
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