¿NARCO-CÓNSUL?

             Nadie puede negar que la guerra contra el narcotráfico fue lo peor que le ha sucedido al México contemporáneo. Nadie puede negar que el resultado de la intervención gubernamental fue empeorar las cosas. Los grupos criminales se multiplicaron y se extendieron las zonas de violencia. Creció la delincuencia, las matanzas, la corrupción y el miedo. El país se enlutó. A la política antinarco se debe nuestro descenso a la barbarie.

            La captura de Genero García Luna, cerebro de esa política, nos ayuda a entender una dimensión particularmente perversa de ese periodo: la complicidad de las autoridades con los capos de la droga.

Hoy no sólo se sabe que la guerra contra el narco fue una farsa que convirtió a México en un enorme camposanto, sino también fue el pretexto con que varios funcionarios y gobernantes, liderados por García Luna, se enriquecieron trabajando o colaborando para los cárteles mexicanos.

PARTE DE LAS INVESTIGACIONES

Genaro García Luna fue detenido el 10 de diciembre de 2019 en Texas. El gobierno de Estados Unidos lo acusa de haber aceptado sobornos millonarios de Joaquín “El Chapo” Guzmán cuando fungía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el mandato de Felipe Calderón, y según investigaciones encabezó una intrincada red de complicidades que implicaba empresarios, gobernadores, procuradores de justicia, mandos policiacos, entre otros.

Los informes indican que al mismo tiempo que desempeñaba su cargo, el ex secretario de Seguridad Pública logró montar empresas que comercializaban información utilizada por las altas esferas del gobierno de Calderón. También se sabe que usó recursos del Gobierno Federal para operar sus empresas privadas y que incluso vendía a particulares la información que llegaba al escritorio del entonces presidente.

Una de las empresas presuntamente relacionadas a García Luna es la firma ICIT, de la que se descubrió que vendía a sus clientes el mismo resumen informativo que Calderón leía todas las mañanas en su despacho. A través de ésta operaba R3D, una de las organizaciones que estuvo implicada en uno de los escándalos más grotescos de espionaje gubernamental, realizado por medio de un software que recopilaba datos e interceptaba comunicaciones.

El inmueble donde operaba ICIT tenía la misma dirección registrada por la joyería de Silvia Pinto, madre de Alexis Weinberg y esposa de Mauricio Weinberg (principales socios de García Luna), que tenía en sociedad con Julia Abdala, pareja sentimental de Manuel Bartlett, director de CFE.

Otra empresa fue Glac Consulting, de la que García Luna era director y que operaba desde Miami. Se dedicaba tanto a la venta de software de inteligencia e intervención de comunicaciones como a la venta de equipo táctico para corporaciones policiacas.

García Luna hizo crecer a la Policía Federal, aunque siempre se le señaló de utilizar a la dependencia para perseguir a los grupos delincuenciales antagónicos al Cártel de Sinaloa, que creció y prosperó durante el calderonismo.

Precisamente, por esa complicidad una corte federal de Brooklyn acusa a Genaro García de conspiración para el tráfico de drogas, además de recibir cantidades multimillonarias para permitir el tráfico binacional de cocaína.

Dichas investigaciones también revelan que García Luna y su familia se establecieron desde el 2013 en Estados Unidos, particularmente en Miami, Florida, donde vivía como jeque, haciendo ostentación de una riqueza que no correspondía a los ingresos que percibió como funcionario público. Para empezar, habitaba una mansión ubicada en Golden Beach valuada en 3.3 millones de dólares y un penthouse de dos pisos en el condominio Península, también en Florida, con valor de 2.3 millones de dólares.

Actualmente, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda tiene congeladas 11 cuentas bancarias ligadas a García Luna. Aparte, una acusación de Richard P. Donoghue, abogado del distrito Este de Nueva York, afirma que de 2001 a la fecha García Luna conspiró para la introducción, distribución, importación y que declaró falsamente con relación al ingreso de cocaína a Estados Unidos.

EL CÓNSUL JUAN SABINES

            De acuerdo con esta información, sabemos que Genaro García Luna operó a través de empresas, mismas que fueron respaldadas por la Policía Federal, pero que para otorgar facilidades de operación al Cártel de Sinaloa tuvo ayuda de varios exgobernadores. Se presume que uno de ellos fue Juan Sabines Guerrero, exmandatario de Chiapas y hoy cónsul en Orlando, Florida.

            Sabines fue uno de los gobernadores que más respaldó la guerra contra el narco de Felipe Calderón. Y durante su sexenio (2006-2012) tuvo una fuerte cercanía con el ex secretario García Luna, con quien colaboró en diversas acciones dentro de la política de seguridad, como el Programa de Reordenamiento de la Frontera Sur, puesto en marcha a mediados de diciembre de 2006, con el supuesto objetivo de combatir la delincuencia organizada, el tráfico de personas y de estupefacientes. Empero, en los hechos fue muy distinto.

            No fue secreto el afecto que Sabines le guardaba a García Luna. Cada vez que éste vino a Chiapas lo recibía como si se tratara del presidente. Lo halagaba en eventos públicos, estuviera o no presente el secretario de Seguridad. Y no escatimó en recursos y esfuerzos del gobierno del estado para favorecerlo. No obstante, esa relación condujo a Chiapas a una crisis de inseguridad y violencia.

            Durante el sabinato se conoció la presencia de al menos cinco cárteles del narcotráfico, como Los Zetas, Los Beltrán Leyva, el Cártel del Golfo, el Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación. Ante ello, aumentó la violencia en Chiapas debido a la batalla por el control de las zonas norte, selva, altos y la frontera con Guatemala, donde se multiplicaron los casos de extorsión, violaciones, secuestros, homicidios, desapariciones, trata de personas, narcomenudeo y tráfico de drogas. Sin más, el estado chiapaneco se convirtió en refugio del narco.

            Fue precisamente en el mandato de Sabines Guerrero que se suscitó el escándalo más grande en la historia de Chiapas concerniente al crimen organizado. En 2008, desaparecieron dos toneladas de cocaína, pues según Amador Rodríguez Lozano, entonces procurador de justicia, era leche en polvo, ocultada en 10 mil paquetes muy parecidos a los que llaman “quesos”.

            Mucho se habló durante ese tiempo que El Chapo Guzmán se paseaba campantemente en las calles de San Cristóbal de las Casas, que comía en restaurantes de Tuxtla y que se embriagaba en Villaflores.

            En marzo de 2017, el abogado Horacio Culebro Borrayas denunció que el exgobernador Juan Sabines y algunos miembros de su gobierno recibían 5 millones de dólares cada mes de parte del “Tío Gil”, lugarteniente del Cártel de Sinaloa en el sur del país, a cambio de protección y facilidades para el trasiego de estupefacientes. No es todo. Pues además se dijo que dicho grupo criminal financiaba las campañas políticas en Chiapas.

            Con todo esto, el canciller Marcelo Ebrard podría tener en Juan Sabines Guerrero a un narco-cónsul, a un diplomático con presuntos nexos con el crimen organizado, que es dueño de suntuosas propiedades en Florida y en México, que tal vez compró con dinero del narcotráfico, igual que Genero García Luna. ¡Chao!

yomariocaballero@gmail.com