EL BALANCE DE LA SEGURIDAD

Desterrada la justicia que es vínculo de las sociedades humanas, muere también la libertad que está unida a ella y vive por ella, explicaba el filósofo valenciano Juan Luis Vives. Por lo cual, se colige que no puede concebirse un Estado de derecho sin la correcta procuración de justicia. No puede haber paz, garantías individuales y mucho menos seguridad. De ahí la exigencia de revestirla de autoridad porque sólo así, y de ninguna otra manera, podrá garantizarse la división de poderes, la revisión de los actos de poder, el cuidado de la convivencia social y la salvaguarda de los derechos humanos.

En virtud a ello, ¿cuál es el balance de la justicia y la seguridad en Chiapas? 

Los chiapanecos hemos sido testigos del resquebrajamiento de la función y del aparato de justicia. Lo que hace algún tiempo permitió una situación de incertidumbre jurídica e inseguridad. Por un lado, no sabíamos si cuidarnos del asaltante que asechaba tras las sombras o del policía uniformado. Por el otro, no había confianza en los fiscales, Ministerios Públicos, peritos y jueces. Nada garantizaba la protección a la vida y al patrimonio de los ciudadanos.

Las dificultades suelen poner a prueba las integridades del gobierno. Por corrupción y complicidades, el sistema de justicia durante la administración de Pablo Salazar fue un instrumento para la represión y el crimen. Desde la Procuraduría y después Fiscalía General de Justicia del Estado se orquestaron delitos de lesa humanidad, persecuciones políticas, encarcelamientos y desapariciones forzadas. Hay rumores de que en ese sexenio se ordenaron al menos cien asesinatos desde el poder.

El ex fiscal Mariano Herrán Salvatti (q.e.p.d) fue el brazo ejecutor del pabliato. A él se le adjudican los operativos en contra de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, que terminaron con el encarcelamiento de decenas de presos políticos, golpizas a normalistas y en la muerte del trabajador Joel David Martínez López, quien conducía un autobús propiedad de dicha institución.

En consecuencia, luego vino la opresión contra el entonces ombudsperson Pedro Raúl López Hernández, quien sufrió en carne propia la violencia del fiscal Herrán Salvatti. Fue golpeado, amenazado de muerte y hasta balearon su casa, en la colonia La Salle, al oriente de Tuxtla Gutiérrez. Todo por censurar las vilezas del ex mandatario.

Fueron esos penosos eventos la prueba de que la Fiscalía estaba capturada por el poder y servía al poder; alejada de su misión y carente de toda credibilidad.

En el sexenio 2006-2012, la Procuraduría General de Justicia del Estado contribuyó a la institucionalización de la impunidad. En una lectura correcta de esos años, no hubo atención al reclamo social, se incubó la corrupción desde los policías hasta los jueces y los resultados fueron ineficaces en el objetivo de la seguridad. Sus principales víctimas fueron líderes sindicales, líderes campesinos, periodistas y actores políticos, como José Antonio Aguilar Bodegas, por ejemplo.

Los procuradores de ese entonces estuvieron implicados en supuestos casos de desvío de dinero público y narcotráfico. Célebre fue el caso de Amador Rodríguez Lozano, quien convenció a Sabines Guerrero de convertir la Procuraduría en Ministerio de Justicia del Estado, cuando en 2008, en un inédito decomiso de dos toneladas de cocaína en la colonia Patria Nueva, salió a decir días después que sólo se trataba de leche en polvo.

Esos seis años terminaron con un saldo de alrededor de 200 asesinatos. Las órdenes –según- salieron directamente de Palacio de Gobierno.

¿CÓMO ESTAMOS?

Ante la crisis de inseguridad que golpea al país y por todo lo antes dicho, ¿cómo estamos hoy en materia de justicia? ¿Podemos decir realmente que hay seguridad en Chiapas? ¿Ha logrado la Fiscalía el cambio que necesita?

Según las más recientes mediciones del Inegi, la percepción de inseguridad en los mexicanos no ha tenido una baja considerable. Tan sólo bajó 2.6%. Menos aun cuando en los primeros nueve meses se cometieron 94.8 homicidios diarios en México. Nada más en septiembre la incidencia delictiva totalizó 166 mil 832 delitos. Ese mismo mes, los estados con las cifras más altas de asesinatos reportados fueron Guanajuato, Jalisco, Baja California, y Michoacán.

En el último año, la tasa de víctimas de delitos por cada 100 mil habitantes es de 42.60 en la capital del país, es decir, el 42% de los habitantes de la Ciudad de México sufrió algún ilícito. En esa lista sangrienta le siguen el Estado de México, Baja California, Sonora, Aguascalientes, Morelos, Tlaxcala y Jalisco.

En contraste, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) colocó a Chiapas entre los estados más seguros del país. En el tercer trimestre, presentó el menor número de delitos y de víctimas por cada cien mil habitantes y las tasas más bajas de homicidios, crímenes violentos, crímenes con armas y los que tienen que ver con la delincuencia organizada. Un dato relevante es que los feminicidios bajaron un 35% en los últimos meses.

Aparte, el Semáforo Delictivo Nacional y el Índice de Paz México 2019 coinciden en que Chiapas es la tercera entidad más pacífica de la República.

Ahora bien, entre septiembre de 2019 y septiembre de 2018, hubo una disminución de 11% en la tasa de homicidios; 17% en secuestros; 10% en extorsión; 9% en casos de narcomenudeo; 4% en robo de automóvil; 6% en robo a casa habitación; 21% en robo a negocios; 30% en lesiones dolosas; 12% en violaciones; 18% en violencia familiar y 11% en feminicidios.

EL BALANCE

Por todo lo anterior, el balance está a favor de la Fiscalía que encabeza Jorge Luis Llaven Abarca.

El joven abogado ha alejado a la dependencia de las viejas prácticas asociadas con la represión y la inobservancia de los derechos humanos. Ha venido limpiando el sistema de justicia y la mala imagen de otrora. Ahora, desde esa importante institución, ataca la barbarie con la ley en la mano, con una procuración efectiva y con un aparato judicial que concibe la legalidad como premisa suprema de actuación y sanción.

Por la visión del fiscal, hoy se habla de una justicia eficaz. Por ejemplo, hace pocos días se logró la sentencia de 33 años de prisión contra Álvaro “N” por el delito de tentativa de feminicidio, 50 años de prisión para un pederasta, la detención de una persona implicada en dos homicidios en Amatán, la recuperación de 8 mil 200 hectáreas invadidas, la recuperación de 100 vehículos con reporte de robo en otros estados y se trabaja en una larga lista de investigaciones por diversos delitos.

Fundamental han sido para esos resultados la implementación de estrategias de prevención del delito, la profesionalización de los trabajadores, las nuevas tecnologías para búsqueda y localización de personas desaparecidas, el combate a la impunidad en coordinación con los municipios y el Gobierno del Estado, la atención a la Alerta de Violencia de Género, en medio de un esfuerzo por erradicar la violencia contra las mujeres que es una prioridad actual.

Las cifras dan crédito al trabajo del fiscal Llaven Abarca. Aunque falta mucho por mejorar, son muy importantes. No existe duda que la Fiscalía está logrando cumplir con su responsabilidad y con el anhelo de los chiapanecos hoy en día, el de la seguridad. ¡Chao!

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