La investigación
periodística que reveló el escándalo de corrupción más importante en los
últimos años en México comenzó a ser documentada por la Auditoría Superior de
la Federación, que al revisar la Cuenta Pública 2013 descubrió un sorprendente
mecanismo para el desvío de recursos públicos que pudo tener origen desde 2010.
Hablo, por supuesto, de la Estafa Maestra.
En su análisis, la
ASF alertó en febrero de 2015 que el gobierno federal usaba a las universidades
públicas para triangular recursos y entregarlos a empresas irregulares. Destacó
que para el ejercicio 2013, la Universidad Autónoma del Estado de México había
realizado diversas operaciones ilícitas por más de 650 millones de pesos. En
ese momento, nadie sabía, ni siquiera la propia Auditoría Superior, que eso era
apenas la punta del iceberg.
Un año después, la
ASF insistió en el tema al documentar que cuatro universidades públicas habían
cometido irregularidades por poco más de 800 millones de pesos. Ambos reportes
fueron difundidos por medios como HuffPost, Excélsior, Eje Central y Proceso,
éste último publicó un presunto desfalco en el programa Cruzada contra el
Hambre de la Sedesol.
Según el
periodista británico Nicholas Tomalin se necesitan tres cualidades esenciales
para tener éxito en el periodismo. Una de ellas –decía- es tener astucia de
rata para “huronear y publicar cosas que la gente no quiere que se sepan”.
Quienes demostraron tener esa astucia fueron los periodistas Nayeli Roldán,
Manuel Ureste y Miriam Castillo, del portal informativo Animal Político,
quienes lograron desenredar la madeja de corrupción que hoy tiene a María del Rosario
Robles Berlanga con un pie a punto de pisar la cárcel.
A la sazón, ahí
donde la ASF puso la mirada, ellos hicieron 517 solicitudes de transparencia a
instancias federales y estatales, investigaron 186 empresas, visitaron 85
domicilios, realizaron más de 100 entrevistas y pidieron 24 entrevistas más con
personas y entidades involucradas.
Tan épica pesquisa
descubrió que entre los años 2013 y 2015 fueron entregados más de 7 mil 670
millones de pesos en contratos ilegales, de los cuales al menos 3 mil 433
millones simplemente desaparecieron en empresas inexistentes y otros mil
millones se convirtieron en comisiones para las universidades. El resto del
dinero se “invirtió” en servicios contratados a precios inflados.
Las tres
principales dependencias que participaron en el fraude son la Secretaría de
Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras,
bajo la dirección de Alfredo del Mazo, actual gobernador del Estado de México,
y PEMEX, entonces conducido por Emilio Lozoya. Y en toda esa red de complicidades
tuvieron que ver instituciones chiapanecas y, obviamente, políticos
chiapanecos.
EMILIO ZEBADÚA: EL PRINCIPAL IMPLICADO
De acuerdo a las
investigaciones, las dependencias que se involucraron en el robo y desvío de
recursos públicos está la Universidad Autónoma de Chiapas, siendo rector Carlos
Eugenio Ruiz Hernández, y la Universidad Politécnica de Chiapas, institución
educativa que sigue bajo el rectorado de Navor Francisco Ballinas Morales.
Pero en esta
entrega nos enfocaremos en Emilio Zebadúa González, quien ocupó el puesto de
Oficial Mayor tanto en la Secretaría de Desarrollo Social como en la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Fue el principal operador
financiero y gente de todas las confianzas de Robles Berlanga.
Zebadúa González es
abogado. Fue consejero del desaparecido IFE, que organizó las elecciones del
2000. Y, ese mismo año, Pablo Salazar lo nombró secretario general de gobierno,
cargo que ostentó hasta el 2003, al ser postulado por el PRD a una diputación
federal.
Desde la Secretaría
de Gobierno, presuntamente, ordenó desapariciones de líderes sociales y
campesinos, encarcelamientos injustificados y en varias de las operaciones
judiciales que él mismo planeó hubo muertos y decenas de heridos. Nunca
escondió su odio a los indígenas.
En 2006, mandó
realizar una serie de encuestas con las que pretendía sorprender a la cúpula
del PRD apareciendo como el favorito a la gubernatura de Chiapas. Pero su
postulación fue desechada y la candidatura del partido recayó en Juan Sabines
Guerrero. Por tanto, aceptó la oportunidad que le ofreció el Partido Nueva
Alianza y, el 10 de agosto de ese año, al ver que su proyecto no ganaba ni
rechiflas, terminó declinando a favor del abanderado de la Alianza por Chiapas,
José Antonio Aguilar Bodegas.
Al final de las
elecciones, Zebadúa desapareció del escenario político y se refugió en un
rancho de su propiedad por el rumbo de Ocosingo con tal de evitar la cárcel. Fuentes
al autor de esta columna refieren que durante su autoexilio se dedicó a la
agricultura y ganadería. Incluso, vendía leche, crema y queso fresco. Así,
aparentando ser una persona honesta, los lugareños lo conocían como Jorge López
López.
Pero nunca dejó de
tener comunicación con los altos mandos del PRI. Fue gracias a esas relaciones
que llegó a convertirse en presidente de la Fundación para la Cultura del
Maestro del SNTE, y el 12 de diciembre de 2012 Rosario Robles tocó a su puerta
con el nombramiento de Oficial Mayor de Sedesol.
CORRUPCIÓN Y COMPLICIDADES
Las revisiones de
la ASF revelaron que Emilio Zebadúa tejió una red de corrupción que, por un
lado, benefició a familiares, compadres y amigos de Robles Berlanga. Muchos
políticos del PRI incluidos. Por el otro, impuso a sus incondicionales en
puestos clave y éstos a su vez repartieron cargos entre sus allegados. Formando
una amplia y poderosa organización criminal.
Entre las muchas
funciones del Oficial Mayor está la de administrar y avalar la entrega de
recursos en las dependencias, según establece la estructura orgánica. Es decir,
Zebadúa tenía en su poder el manejo del dinero de programas, proyectos y era el
encargado de asignar los diversos contratos de bienes, obras y servicios.
Por ejemplo, el 1
de marzo de 2013, como Oficial Mayor de Sedesol, firmó los primeros convenios
con la Universidad de Morelos y del Estado de México para la realización de
servicios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, pero la ASF comprobó que
hubo una simulación de operaciones. El monto defraudado fue por más de mil 195
millones de pesos. De esto hay 6 denuncias penales.
Otros
señalamientos en su contra son por el desvío de despensas que supuestamente
sirvieron para respaldar las aspiraciones políticas de amigos suyos en Chiapas.
También por el fraude de los recursos del programa Sin Hambre en los estados de
Yucatán, Tamaulipas y Estado de México, que terminaron invertidos en las
campañas del PRI.
El 1 de septiembre
de 2015 fue nombrado Oficial Mayor de Sedatu, y es responsable (junto con
Robles) de la firma de 12 convenios con ese modus operandi con universidades y
organismos de comunicación, que suman mil 24 millones de pesos en 2015 y 2016,
que tampoco se llevaron a cabo.
No es todo. En ese
periodo estuvo acusado de desviar cientos de millones de pesos por la
adjudicación directa de contratos del proyecto “Cuartos Rosas”, del que además
dejó una lista de pagos pendientes. Al respecto, se dijo que exigía moches a
los presidentes municipales para entregarles los apoyos. Cuentan que para
liberar los pagos pedía el 22 por ciento del valor total de la obra. Y para
cerrar con broche de oro se dijo que funcionarios a su cargo de apropiaron del
dinero destinado a la reconstrucción de los daños del terremoto de septiembre
de 2017.
No hay delito sin
cómplices. Entre los que destacan están Ricardo Mejía Zayas, exdelegado de
Sedatu en Chiapas; Ezequiel Orduña Morgan, exdelegado en Chiapas de la
Procuraduría Agraria, y Sergio Lobato García, también extitular de la
Delegación de Sedatu. Pero la mano derecha de Emilio Zebadúa era Roberto Gómez
Morales, que de vendedor de hamburguesas en Tapachula pasó a ser un excéntrico
millonario.
Hoy es dueño de un
rancho de 42 hectáreas que compró por 816 mil pesos en 2014, bajo un nombre
apócrifo, y en el que, extrañamente, invirtió más de 20 millones de pesos cuando
su sueldo anual apenas rebasaba el millón de pesos.
Según investigaciones,
Gómez Morales era el encargado de firmar los convenios con entes públicos
estatales, que en el esquema de empresas fantasma sirvieron para el supuesto
desvío de 5 mil millones de pesos.
Mañana hablaré
sobre otro de los implicados: Navor Ballinas. ¡Chao!
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