CHIAPANECOS EN LA ESTAFA MAESTRA (2)

Un gobierno cómplice de los actos más atroces en cuanto a desvíos de dinero público, con execrables escándalos de tráfico de influencias, que pide sobornos a cambio de contratos de obra pública, que presume bienes inmuebles que son prueba irrefutable de la complicidad entre funcionarios y empresarios, y cuyos secretarios de Estado están implicados en fraudes al erario de los mexicanos y sus gobernadores son acusados de enriquecimiento ilícito, es un régimen de corrupción. Eso fue el sexenio de Enrique Peña Nieto: un abominable llamado a robar. 

Muchos altos mandos de la administración anterior dispusieron de fortunas sin rendir cuentas. Un ejemplo claro es Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz que en el éxtasis de su ambición se atrevió a tratar a niños con cáncer con agua destilada. Llevó la rutina del hurto hasta el delirio. Fue un monstruo que utilizó el poder para hacerse rico.

Ya sabemos que Duarte se valió de un mecanismo para desviar recursos públicos. Conocemos que entregó contratos millonarios a empresas fantasma que nunca realizaron los servicios por los que fueron contratadas. El dinero, en realidad, terminaba en los bolsillos de los funcionarios y, por supuesto, en los del exgobernador. Por eso hoy está en la cárcel.

Sin embargo, él no fue quien inventó este procedimiento y comparado con la exsecretaria de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga, es apenas un niño en pañales.

Robles no entregaba los contratos directamente a las empresas, sino primero se los otorgaba a distintas universidades públicas y éstas lo entregaban a las empresas que previamente les habían indicado. Y sólo por triangular los recursos obtuvieron comisiones que, entre los años 2013 y 2015, alcanzaron la cifra de mil millones de pesos.

Entre esas universidades se encuentra la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCh), que dirige Navor Francisco Ballinas Morales. Esta es la cita que nos reúne hoy. Hablaremos sobre su implicación en la Estafa Maestra, ya que fue un rector que acudió al llamado a robar.

ANTECEDENTES

Navor Ballinas es un residuo de la corrupta administración sabinista. Es ingeniero en Sistemas Computacionales y tiene maestría en Tecnologías en Informática. Apadrinado por Mauricio Perkins Cardoso, ex jefe de gabinete de Juan Sabines Guerrero que está señalado de peculado y abuso de funciones, ingresó al gobierno y fue escalando en la estructura gubernamental ocupando cargos importantes como el de subsecretario de la Función Pública. Uno de sus últimos puestos fue el de presidente de la Comisión Intersecretarial de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Poder Ejecutivo.

Considerado todo un nerd de la computación, o más bien un hacker al servicio del poder, encabezó proyectos tecnológicos como la conectividad en el desarrollo de la primera Ciudad Rural Sustentable “Nuevo Juan del Grijalva” y el diseño del Data Center en el edificio administrativo de la Torre Chiapas.

Sin embargo, ambos casos terminaron siendo una tapadera de corrupción. El primero, como todos sabemos, nació como un elefante blanco que fue anunciado como la panacea de la dispersión social, pero hoy es un pueblo fantasma. El segundo, que fue construido también con dinero de los chiapanecos, fue vendido a particulares sin que nadie rindiera cuentas a los ciudadanos.

Pero entre todos los trabajos que Ballinas hizo para Sabines Guerrero hubo uno en especial: desarrolló un programa de espionaje.

Así, mientras el hoy rector recopilaba información sobre las actividades de alcaldes, legisladores, empresarios, periodistas, organismos civiles, partidos políticos, sindicatos y hasta de los propios funcionarios, el Instituto de Comunicación Social pagaba campañas mediáticas para desprestigiarlos. De esta manera, el gobierno se deshizo de la oposición y muchos actores políticos, hasta directores de medios de comunicación, terminaron injustamente en la cárcel.

El pago que recibió Navor Ballinas por cometer tal ilícito fue la rectoría de la Universidad Politécnica de Chiapas.

PARTÍCIPE DE LA ESTAFA MAESTRA

A partir de la revisión de la Cuenta Pública 2013, 2014 y 2015, la Auditoría Superior de la Federación presentó dieciséis denuncias ante la PGR (hoy convertida en Fiscalía General de la República) por operaciones irregulares entre la Secretaría de Desarrollo Social, universidades públicas e instituciones estatales de radio y televisión por un monto de 2 mil 800 millones de pesos.

Entre las denuncias la ASF interpuso una en contra de la UPCh, el 24 de octubre de 2017, que ampara un fraude de 121 millones 600 mil pesos.

De acuerdo con investigaciones, Navor Ballinas recibió a nombre de dicha institución a su cargo 200 millones de pesos bajo el convenio 710.33901.13/2015, con una vigencia del 14 de abril al 31 de diciembre de 2015. Luego, recibió otros 200 millones que fueron inscritos en el convenio 710.33901.14/2015, con vigencia del 6 de mayo al 31 de diciembre de 2015. Dichos recursos aportados por Sedesol eran para la supervisión, control, mejora y monitoreo de los comedores comunitarios del Estado de México, como parte del programa Sin Hambre del gobierno de Peña Nieto.

Para hacer más difícil seguir la ruta del dinero, Rosario Robles contrató bufetes jurídicos que servían de intermediarios entre la dependencia federal y las universidades. Uno de éstos fue el despacho Almeva, S.A. de C.V.

Por tanto, al momento de que la ASF hizo las revisiones, la ex titular de Sedesol negó tener convenio alguno con la Universidad Politécnica de Chiapas. No obstante, se supo que el rector Ballinas Morales había firmado ambos contratos con Alejandro Ortiz Monasterio, director de Almeva. Así que no hay forma de negar que se hizo la transferencia de tan millonarios recursos.

Ahora bien, ¿qué pasó con los 400 millones de pesos? La ASF es clara: Navor Ballinas no realizó los servicios por el que fue contratada la universidad. Aunque sí subcontrató otra empresa sin ningún tipo de licitación, es decir, violando las leyes. Y le pagó 278.4 millones de pesos. El faltante, 121.6 millones, siguen hasta el momento sin ser comprobados.

El fraude no termina ahí. El 1 de marzo de 2016, Navor Ballinas obtuvo un nuevo convenio (SEDATU/UPPEI-UPCH/33901-07-2016) por un monto de 18.8 millones de pesos, pero esta vez de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dependencia de la que Rosario Robles asumió la titularidad el 27 de agosto de 2015.

De esa suma, que contrataba los servicios profesionales y técnicos para el Control de la Estrategia de Inclusión Nacional de la Sedatu, Ballinas sólo comprobó 5 millones 568 mil pesos, los cuales fueron el pago para la empresa Innovación Integrada, S.A. de C.V. La diferencia, que incurrió en sobreprecio de los servicios pactados, se consideró como un beneficio o utilidad para la universidad.

Éstas son las irregularidades de uno de los cinco convenios que la Universidad Politécnica celebró con Sedatu. Incluso firmó uno con el ISSSTE, el 24 de noviembre de 2014, por 259 millones 482 mil pesos, monto por el que se comprometía a la administración, desarrollo, mantenimiento y soporte de la Unidad de Administración de Proyectos y Calidad, que, según informes de la ASF, Navor no pudo acreditar la realización, la selección de proveedores, ni el costo de los servicios.

¿HABRÁ JUSTICIA?

Es un hecho: Rosario Robles y su compleja red de corrupción abusaron de su poder para desviar dinero público que terminó en campañas políticas del PRI y en sus propios bolsillos. La Auditoría Superior de la Federación ha hecho un trabajo formidable para desenmascarar a los pillos, pero la PGR no hizo nada en su momento para hacer justicia a un pueblo harto de tantos abusos.

El tema aquí es abatir la impunidad. Que los que cometen delitos terminen en la cárcel, incluyendo aquellos que se roban el dinero de los mexicanos.

Ojalá que ahora con la Fiscalía, que ha hecho imputaciones contra Robles por el desvío de más de 5 mil millones de pesos, sea distinto.

Ya basta de tanta sordera gubernamental. La gente clama justicia, y por eso también votó en las elecciones pasadas. Porque no es posible que gente como Navor Ballinas goce de un alto puesto en una institución educativa y se pasee como si no hubiera pasado nada. No. Sobre todo, cuando entre los contratos con la Sedatu y el Issste pudo embolsarse arbitrariamente alrededor de 156 millones 550 mil pesos. ¡Chao!

yomariocaballero@gmail.com