PROTESTAS Y LEGALIDAD

Si realmente los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá estuvieran siendo agraviados en sus derechos, el Gobierno de Chiapas no habría podido menospreciar sus protestas. Pero como no es así, de ahí la necesidad de usar la fuerza pública para recuperar el orden. Hay que notar que la mayoría de los normalistas parecen estar satisfechos con el trato que les da el nuevo régimen estatal, porque sólo unas cuantas decenas participaron en las últimas movilizaciones. Vaya, no se necesitan más para bloquear vías de comunicación. 

Los bloqueos son populares porque funcionan. Generan atención a los agravios. En muchas ocasiones llevan a las autoridades a resolver problemas que en otras condiciones hubieran dejado tal y como estaban. Aunque, si funcionan para algunos, siempre dañan a terceros inocentes, pero esto -hasta ahora- no les había importado ni a los manifestantes ni a los gobernantes. Por eso el gobernador Rutilio Escandón ha anunciado resolver los problemas sociales de los chiapanecos con respeto a los derechos humanos, inclusión y diálogo, para que no exista la obligación de recurrir al uso de la fuerza.

Hace unos días el presidente López Obrador dijo que detrás de las protestas hay “mano negra”. Estoy de acuerdo. Muchas de ellas son manipuladas por organizaciones políticas que las fomentan, financian y protegen. Las utilizan para desestabilizar gobiernos.

¿Se acuerda usted de las violentas marchas y bloqueos que fueron instigadas en el pasado por la CNTE y otras agrupaciones similares? ¿Del vandalismo de los normalistas? O ¿de las organizaciones sociales que bloquean las carreteras en distintos municipios del estado exigiendo cuota para transitar? En esas hubo mano negra e intereses políticos que le apostaban a la ruptura del equilibrio gubernamental para sacar prebendas y privilegios.

Ante lo cual, ¿puede prevalecer la estabilidad social y la democracia sin el imperio de la ley, sin un verdadero Estado de derecho? De ninguna manera.

En el viejo arreglo autoritario, la ausencia de un Estado de derecho posibilitó el surgimiento de grupúsculos que hicieron de los movimientos sociales un redituable negocio. La relación entre los grupos antagónicos y el gobierno se sostenía mediante reglas no escritas. En ese contexto, policías, procuradores, ministerios públicos y jueces no eran más que instrumentos facilitadores de los acuerdos hechos en lo oscurito.

Por ejemplo, en todos estos años la CNTE nunca presentó un argumento real para justificar las marchas, plantones y otras actividades ilegales que ocasionaron graves pérdidas económicas a la iniciativa privada y una crisis de gobernabilidad en el estado. Se le hizo fácil decir que la reforma educativa de Peña Nieto contravenía los derechos laborales de los maestros para emprender una lucha que no tuvo ni un gramo de razón.

Nunca fundamentó cómo es que las nuevas leyes en materia educativa perjudicaban a los docentes y tampoco lanzó una propuesta alternativa para resolver la supuesta problemática, es decir, agarró la reforma peñista como pretexto para emprender una movilización que dura hasta nuestros días. Incluso cuando dicha reforma ha sido modificada por el actual gobierno federal.

Y si las movilizaciones de la CNTE continúan después de tantos años es porque las autoridades pasadas en lugar de aplicar las leyes para castigar los delitos de esa agrupación, cedió a los chantajes.

El gobierno en su momento pagó infames cantidades de dinero a los líderes que hoy gozan de cuentas bancarias millonarias, residencias y plazas burocráticas para sus familiares. Una investigación periodística reveló que la administración pasada entregó cientos de millones de pesos a la cúpula de la Coordinadora entre los años 2013 y 2017 para frenar los movimientos.

LOS NORMALISTAS

Igual sucedió con los normalistas. A mediados de enero de 2016, alumnos de la Normal Intercultural Jacinto Canek vandalizaron una terminal de autobuses en San Cristóbal de las Casas, luego de que ejecutivos de la empresa les negaran el préstamo de cinco camiones con los que pretendían trasladarse a Tapachula. El acontecimiento quedó sólo como un reportaje de nota roja, ya que nadie fue detenido por los importantes daños materiales.

En la mañana del 20 de diciembre del mismo año, unos cien estudiantes encapuchados llegaron a las instalaciones de la Subsecretaría de Educación Federalizada (SEF) en dos unidades del transporte público Conejobús. Rompieron cristales, destrozaron papelería y mobiliario y se llevaron computadoras, electrodomésticos y equipos electrónicos. En letras grandes y en rojo, escribieron: “CENECH”, que corresponde a las iniciales de la Coordinadora Estatal de Normalistas del Estado de Chiapas.

Ese mismo día, minutos más tarde, en la Secretaría de Educación estatal rompieron los cristales de las ventanas, quemaron papelería, destrozaron puertas, sillas, escritorios y archiveros. También vandalizaron el cajero automático de un banco que se encuentra en la planta baja del edificio. Hicieron pintas en las paredes y quemaron doce vehículos oficiales con bombas molotov.

Tampoco hubo detenidos. Y son sólo unos ejemplos.

Los estudiantes de diversas escuelas normales en el estado han apelado a la violencia para exigir sus demandas, entre éstas plazas automáticas. Y no les ha importado golpear a gente inocente, provocar pérdidas económicas a las empresas y poner en riesgo, incluso, sus propias vidas.

Ayer, precisamente, durante la madrugada, los “futuros maestros”, todos estudiantes de la Mactumatzá, con palos, piedras y tubos destruyeron computadoras, archiveros, ventanas, puertas y cajeros bancarios de la SEF. El vigilante dio cuenta que llegaron a bordo de un autobús de la OCC y en un camión de tres toneladas, que suponemos secuestraron.

El comportamiento de los normalistas no tiene razón de ser, pero son entendibles. No tiene razón de ser porque en el presente año el gobierno del estado les ha entregado nada más a la Escuela Normal Mactumatzá 13 millones 552 mil pesos, entre aportaciones federales y estales, para alimentación, gastos de operación, renta de transporte y gasolina, para prácticas docentes y para el proceso de selección de aspirantes. Además, un dinero extra para el mantenimiento de un tractor, para ayudas, para la participación en eventos pedagógicos y para la compra de uniformes y material didáctico, que suma un millón 807 mil 20 pesos. Mismos apoyos que hoy reclaman.

De enero a mayo, por el concepto de becas, el gobierno federal les entregó 2 millones 400 mil pesos y el estatal un millón 700 mil.

La Normal Jacinto Canek, por su parte, ha recibido más de un millón 500 mil pesos para becas, gastos de operación y mantenimiento de autobuses.

Y es entendible que estos estudiantes se comporten de esa manera porque durante años obligaron a los anteriores gobernantes a cumplirles sus caprichos a través del vandalismo. Nadie les aplicó la ley. Nadie los hizo respetar el Estado de derecho. Al igual que los maestros y otros grupos sociales, como el MOCRI, ganaron privilegios mediante pactos en la clandestinidad.

RÉGIMEN DE DERECHO

El gobernador Escandón Cadenas ha hecho de la legalidad la columna vertebral de su estrategia para combatir la inseguridad. En muchos años, es la mejor de las apuestas para restaurar el tejido social.

A mí no me inquieta que este gobierno haga uso de la fuerza pública para desalojar invasiones ilegales de terrenos o romper bloqueos, tal como ocurrió el pasado jueves cuando policías antimotines expulsaron a los normalistas que mantenían cerrada una intersección del libramiento norte donde tenían retenidas varias unidades de empresas locales y transnacionales, así como pipas cargadas de combustible. Hubo el riesgo de una explosión que pudo arrebatar muchas vidas.

Y no me inquieta porque la obligación de todo gobierno es garantizar la seguridad, el bienestar y el libre tránsito, y para ello tiene facultades constitucionales que nosotros los electores le otorgamos.

Tener un gobierno consentidor sólo sirve para otorgar impunidad a esos grupos vandálicos que hicieron de las protestas una lucrativa industria y que trasgreden los derechos de los demás. Así que siempre será preferible tener a los policías combatiendo el crimen que seguir agobiados por la violencia y la intimidación.

Bien por el mandatario Rutilio Escandón que ha optado por gobernar con la ley en la mano, ya que aplicar la ley no es represión, sino impartir justicia. ¡Chao!

yomariocaballero@gmail.com