La corrupción tiene
un olor desagradable. Apesta. Ataca el sentido del olfato y no la vista. Es la
más clara señal de que estamos ante lo podrido. Está presente en la
descomposición de la carne, donde las tripas se pudren. La corrupción mezcla lo
que debía vivir separado: la carne y el hueso, la piel y los gusanos.
Entendido de esa
manera, la corrupción es la pestilente mezcolanza de lo público y privado; de
la ambición y el deber. Por eso se dice que quienes son corruptos escapan a los
límites de la ley. Con tantas estafas que se hicieron el sexenio pasado con una
metodología impresionante, bien valdría la pena pensar que la corrupción se ha
convertido en una profesión. Conocimiento frío e impersonal que consigue
descubrir los caminos que llevan a esquivar los obstáculos de la norma. Una pericia
sobre la ley para violarla.
Esa
profesionalización de la corrupción lo vimos en lo que se conoció como la
estafa maestra: dependencias federales que transferían dinero de programas
sociales a universidades públicas que supuestamente eran contratadas para la
realización de algún servicio, pero éstas a su vez depositaban dichos recursos
en cuentas bancarias de terceros, quedándose obviamente con una comisión
millonaria por servir de pantalla en el fraude. Bajo esa práctica se
defraudaron miles de millones de pesos del erario que fueron destinados a las
campañas políticas del PRI.
¿A cuánto asciende
el fraude cometido por Alejandro Orantes Coello en complicidad con Óscar Muñoz,
dos profesionales de la estafa de los que se presume amasaron soberbias
fortunas al amparo del poder?
PERFILES CORRUPTOS
La anterior administración
chiapaneca se considera una de las más corruptas de la historia contemporánea. Por
supuesto, detrás de la encabezada por Juan Sabines Guerrero que endeudó el
estado por más de 40 mil millones de pesos. En ella se incrementó la deuda, la
obra pública fue casi inexistente, se paralizó la economía estatal, no se
generaron empleos, no hubo fomento a la inversión privada, la pobreza y la
marginación siguieron su lamentable ascenso, se crearon nuevas deudas con
empresarios, con la banca y hasta con servidores públicos, como los maestros
interinos, por ejemplo. La crisis en el sector salud es quizá la mayor muestra
de la corrupción que se vivió esos seis años.
En contraparte, se
habla del enriquecimiento ilegal de los hoy ex funcionarios. Políticos que
ahora gozan de cuentas bancarias abultadas, propiedades, lujos y empresas que
levantaron gracias al dinero que sustrajeron de las arcas de los chipanecos.
Entre ese grupo de defraudadores destacan por mucho Alejandro Orantes y Óscar
Muñoz Barrera, quienes aprovecharon sus influencias para timar a particulares y
empresarios.
El primero de
ellos es primo hermano del exmandatario Manuel Velasco Coello. Es licenciado en
Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ha
laborado en la iniciativa privada y ha ocupado el cargo de diputado local en el
Congreso del Estado de Chiapas, donde estuvo a las órdenes del exgobernador Sabines
Guerrero.
En 2011, estuvo
presuntamente involucrado en un fraude por 164 millones de pesos. De acuerdo a la
investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el periódico
Reforma, el gobierno de Juan Sabines desvió recursos bajo la mecánica de
empresas fantasma. El 14 de noviembre de ese año, a pocas semanas de terminar el
periodo gubernamental, fue creada la empresa Agatha Líderes Especializados, bajo
control de un prestanombres. Ese consorcio tenía dos domicilios fiscales, uno
en el Barrio Niño de Atocha y otro en el Barrio Colón, de Tuxtla Gutiérrez. Recibió
el dinero y posteriormente lo depositó a diferentes compañías, como Golden
Marketing, Bezubi, Verina y Chiapas Sur. Esta última se creó en la notaría de
Alejandro Orantes.
Orantes Coello es
titular de la Notaría Pública No. 136, y se dice que a través de ella ha
adquirido terrenos de manera ilegal y ha despojado de propiedades a gente
humilde en todo el estado que no quiso hacer negocios con él.
Como muestra un
botón. En años recientes, intentó despojar a su propietario del terreno ubicado
frente a Plaza Ámbar, en el lado oriente de la capital, mediante la siembra de
carpetas de investigación. Obviamente, apoyado por funcionarios del gobierno
anterior, como el exdirector del Registro Público de la Propiedad, el
exdirector de Catastro o el exsecretario de Medio Ambiente y hoy alcalde de
Tuxtla Gutiérrez, Carlos Orsoe Morales Vázquez.
Hoy, pesan sobre
Alejandro Orantes denuncias por tráfico de influencias, alteración de
documentos públicos, corrupción y fraude. El primo del exmandatario ha sido
señalado por decenas de personas de cometer fraudes notariales que incluyen la
venta ilegal de terrenos comunales, la compraventa simulada de bienes públicos y
la expedición de folios falsos.
Por su parte, Óscar
Francisco Muñoz Barrera, originario de Tamaulipas, llegó a Chiapas con una mano
por delante y otra por detrás. Hoy es un fuereño millonario que se llenó los
bolsillos abusando de su poder.
Es hijo del
desaparecido Manuel Muñoz Rocha, señalado como autor intelectual del asesinato
de José Francisco Ruiz Massieu. Se cuenta que el ex priista contrató a Daniel
Aguilar Treviño y a Carlos Ángel Cantú Narváez, y le pagó 50 mil pesos a cada
uno para cometer el crimen. Ambos fueron encarcelados y sentenciados. Aguilar
Treviño lo señaló. Y desde 1994 nada se ha vuelto a saber de Muñoz Rocha. Simplemente
desapareció. Sus familiares lo consideran muerto.
Óscar Muñoz
Barrera gozó de privilegios durante todo el sexenio de Manuel Velasco. Por
determinaciones legales no pudo ocupar la titularidad de la Consejería Jurídica
del Gobernador, pero fue él quien ejercía el control en los hechos desde la
Subconsejería. Tenía el poder sobre el Registro Público de la Propiedad,
Catastro, Notarías, Archivo Público, entre otros.
En enero de 2015,
Muñoz mandó a ocho personas para que tomaran por asalto las oficinas
administrativas del Congreso del Estado. No sólo violó la soberanía del Poder
Legislativo, sino además robó información valiosa guardada en las computadoras
del área de Servicios Administrativos del Congreso. Nadie hizo nada por
detenerlo. De ese tamaño era su poder.
En febrero de
2017, el Colegio de Notarios de Chiapas denunció que un grupo de notarios se
dedicaba a estafar a las personas a través de los diversos servicios
notariales. Dijeron que éstos utilizaban sus influencias para robar predios y
propiedades con total impunidad. Al poco tiempo se supo que esa mafia estaba
bajo las órdenes de Muñoz Barrera. Y entre los corruptos notarios aparecía Alejandro
Orantes.
GRANDES NEGOCIOS
En contubernio
Orantes Coello y Óscar Muñoz hicieron negocios millonarios. Se dice que
localizaban predios propiedad de cualquier dependencia del Gobierno del Estado
y los ofrecían a buenos precios a inversionistas. Modificaban temporalmente en
el Registro Público de la Propiedad los datos de los supuestos terrenos en
venta, imprimían los Certificados de Libertad con los datos alterados, realizaban
los procesos de compraventa, recibían los anticipos y entregaban los documentos
al “nuevo dueño”, diciendo que se encontraba todo en orden. Tal como hicieron
con el dueño de Casas Geo, Julián de Nicolás.
Resulta que
Alejandro Orantes le vendió a dicho capitalista 45 hectáreas a un precio de 8
millones 210 mil pesos. Pero ese predio denominado San Pedro, ubicado rumbo a
la Escuela de Veterinaria, no era de él, sino era un bien del Ayuntamiento de
Tuxtla Gutiérrez que el Gobierno de Chiapas tenía en garantía por ser aval
solidario de un préstamo que la comuna tuxtleca obtuvo de Banobras. Cabe
mencionar que dicho bien consistía en 73 hectáreas de terreno valuado en más de
22 millones de pesos.
El 19 de enero de
2017, el empresario le depositó a Orantes Coello un anticipo de 3 millones 750
mil pesos. Y a partir de esa fecha nunca volvió a saber del primo del
exgobernador, que según se había ido de vacaciones a Europa y Asia. El cómplice
en el fraude fue, desde luego, Óscar Muñoz.
He aquí dos profesionales
de la estafa que merecen ser investigados por elemental justicia.
Especialmente, cuando se rumora que uno de ellos, Alejandro Orantes, es dueño
de un lujoso consorcio hotelero en la Riviera Maya y, el otro, Óscar Muñoz
Barrera, pretende ser asesor del mismísimo presidente de la República. ¡Chao!
yomariocaballero@gmail.com
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