ISMAEL BRITO

Sigue delineándose el cambio más profundo y macizado de la política chiapaneca del que tengamos memoria. No es una exageración. Las cosas están a la vista. La estructura gubernamental que quedó hecha añicos ha ido convirtiéndose en un sistema de poder firme pero plural. Y, aunque suene algo simplista, ese cambio se debe a dos factores elementales e históricamente relegados: el establecimiento de un régimen de legalidad y justicia y la consagración de un gobierno de puertas abiertas.

Algo he hablado de la ideología y el entendimiento político del actual mandatario estatal. El tema que ahora nos reúne tiene que ver con el cambio de esa dependencia que fue el componente de la descomposición social. También de la muerte, desaparición y el destierro de decenas de líderes políticos y sociales, de la sumisión de los otros poderes y del avasallamiento institucional: la Secretaría General de Gobierno del Estado.

Durante el gobierno de Absalón Castellanos Domínguez (1982-1988) surgió un falso paladín de la democracia que denunciaba los abusos y las injusticias de los poderosos. Pero al ser nombrado secretario general de gobierno fue un tipo temible y desalmado, tanto que se le conoció como El Fiscal de Hierro.

El abogado Javier Coello Trejo fue un niño regordete que golpeaba a sus compañeros de clase para robarles la torta. Desde los años ochenta ha estado ligado a varios presidentes de la República, procuradores de justicia y gobernadores.

Como encargado de la política interna del estado utilizó los métodos más sanguinarios para mantener a raya a los opositores del régimen. Cierto día, a punta de pistola, intimidó a tres líderes magisteriales para que aceptaran sus condiciones y se dirimiera el conflicto.

Durante esa época estuvo implicado en varios casos de violación a los derechos humanos y fue señalado de tener nexos con el crimen organizado. Diversos medios locales revelaron que Coello Trejo ordenaba torturas, desapariciones y siembra de pruebas a políticos, maestros e incluso estudiantes.

Aparte de haber sido acusado de enriquecerse con la explotación maderera, un ex alumno de la Facultad de Ingeniería de la UNACH, Daniel Fernández Simón, dijo que, en 1983, el ex secretario de gobierno lo encarceló y ordenó que fuera torturado. Hay que destacar que en ese tiempo Chiapas tuvo el índice más alto del país de asesinatos a campesinos.

OTROS EPISODIOS

Uriel Jarquín Gálvez fue el segundo al mando en la Secretaría de Gobierno en la administración interina de Julio César Ruiz Ferro. El titular era el escritor Eraclio Zepeda. Así, mientras el literato se encargaba de firmar documentos y ser la cara ilustre de ese gobierno, Jarquín dirigía los operativos contra las diversas organizaciones sociales, sobre todo contra el EZLN.

Jarquín comandó 56 acciones policiacas derivadas de diferencias políticas, agrarias, de desalojo de predios y de carreteras. Los resultados de esos operativos fueron 111 muertos y 160 heridos. Jarquín después de ser un político mediocre se convirtió en un genocida corrupto y xenófobo.

Al dejar el cargo en la Subsecretaría en enero de 1998, la Contraloría General le fijó una multa de 576 mil pesos por el desvío de recursos públicos. También fue denunciado por el robo de cámaras fotográficas y de diez vehículos propiedad del Estado. La cereza del pastel fue su presunta participación en la masacre de Acteal.

La Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General, mantiene abierto en su contra el expediente penal 2474/CAJ-4/98 por los delitos de peculado, fraude, abuso de autoridad, robo y los que resulten. Asimismo, tiene otra investigación pendiente por portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Fue inhabilitado de por vida para ocupar cargos en la administración pública.

El perredista Rubén Velázquez López ocupó el puesto de secretario de gobierno con el torvo exmandatario Pablo Salazar.

En la madrugada del 15 de febrero de 2005 un grupo aproximado de 600 policías desbarató un plantón en el municipio de Tila. Hubo 52 detenidos, decenas de desplazados, cuantiosos daños materiales y muchos heridos. Los agentes policiacos se llevaron a varias personas que días después aparecieron con signos de tortura. Rubén Velázquez dirigió ese operativo desde Palacio de Gobierno.

El 10 de abril de 2004, en Zinacantán, un enfrentamiento dejó varios heridos por arma de fuego. Uno de ellos, de 33 años de edad, tenía el tórax perforado. Otro, tenía una herida de bala en el cráneo. Mientras el secretario Velázquez aseguraba que en el municipio reinaba la “normalidad habitual”, unas 500 personas eran expulsadas de sus hogares y muchas familias huían por temor a la represión del gobierno.

En agosto de 2003, Joel Martínez López fue asesinado por la policía estatal de un disparo en el pecho cuando manejaba el camión que trasladaba a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá. Los jóvenes venían de hacer una protesta en el parque central de Tuxtla Gutiérrez.

Al saber del homicidio el entonces ombudsman, Pedro Raúl López Hernández, acudió al Hospital Regional Rafael Pascasio Gamboa donde el trabajador fue llevado de urgencia, pero cuando llegó ya había muerto.

López Hernández criticó duramente el incidente y exigió justicia para la víctima. Eso no le gustó al gobernador Salazar. Ese mismo día, el secretario Rubén Velázquez le llamó por teléfono para amenazarlo: “No te metas en pendejadas, cabrón”.

Días más tarde, la casa del abogado fue baleada. También fue brutalmente golpeado por el rumbo del Mercado San Juan, mientras el orondo abogado iba a la farmacia a comprar sus medicinas. La orden de “apaciguarlo” salió de la Secretaría de Gobierno.

Durante la administración de Juan Sabines Guerrero la titularidad de la Secretaría recayó en el exministro de la SCJN, Noé Castañón León, quien durante casi todo el sexenio se la pasó en la parranda. Su función se limitó a representar al exgobernador en actos públicos de mayor importancia. Por lo demás, su responsabilidad equivalía a la de un florero.

Quien en verdad mandaba era Nemesio Ponce, quien como subsecretario de gobierno cometió las acciones más atroces contra los pueblos indígenas, reprimió a los opositores, repartió puestos gubernamentales y legislativos, también dinero a líderes magisteriales y campesinos, controló la obra pública y se llenó los bolsillos con dinero de los chiapanecos. Está denunciado ante la PGR por peculado, abuso de funciones, abusos de autoridad, nepotismo, tráfico de influencias, entre otros.

BRITO

En un estado como el nuestro, en el que se solaparon y alimentaron grupúsculos hambrientos de poder, se toleraron actos vandálicos y se permitió la impunidad, gobernarlo en el estricto sentido de la palabra no era tarea sencilla ni de un solo hombre. Por tanto, es de reconocerse la voluntad y el oficio político de Ismael Brito Mazariegos, quien ha abonado para recobrar la credibilidad de la Secretaría de Gobierno y para dar pasos hacia una situación de gobernanza.

Aldama es un municipio que desde hace más de 40 años no entraba el Ejército, y estaba copado por conflictos agrarios y la presencia de paramilitares. Tras el diálogo, los acuerdos entre gobierno y gobernados, la problemática de esa comunidad ha venido resolviéndose. Por otro lado, Chenalhó es una localidad en la que de día y noche se escuchan disparos ordenados por los caciques. Ahora que se ha permitido el acceso al Ejército, se han frenado los tiroteos y el clima de paz va reinando poco a poco.

“Al magisterio en general, dígase interinos, idóneos o de telebachillerato, decirles de manera muy puntual que las puertas de la Secretaría General de Gobierno están abiertas y que cada que nos sentamos en una mesa de trabajo es para avanzar”, fue el mensaje de Brito Mazariegos. Y hemos visto cómo el proceso de ese caso se ha desarrollado en buenos términos.

No existe una fórmula mágica para acabar con los históricos problemas de Chiapas. Sin embargo, es de festejar que la secretaría encabezada por Ismael Brito tenga un lenguaje diferente, esté empeñada en dar soluciones a través del marco de la legalidad, el respeto a los derechos humanos y las alianzas honestas. No a gritos ni con pistola en mano como en el pasado.

Como mencionamos líneas antes: sigue delineándose el cambio más profundo de la política chiapaneca en el que la Secretaría de Gobierno está siendo una pieza fundamental. Y si habláramos de piezas de ajedrez, Brito Mazariegos sería el alfil. ¡Chao!

@_MarioCaballero