En
la tarde del 5 de abril de 1933, un grupo de policías acudió a la casa marcada
con el número 1026 de la calle Silvestre Aramberri, en el centro de Monterrey,
Nuevo León. Pero lo que no se imaginaron los agentes es que en el lugar hallarían
un cuadro dantesco, macabro, que los perseguiría en sueños hasta el último día
de sus vidas.
Encontraron
entre charcos de sangre los cuerpos de dos mujeres destazadas. La menor de
ellas tenía apenas 19 años de edad. Las víctimas eran Antonia Lozano y
Florencia Montemayor, madre e hija que habían sido brutalmente asesinadas.
A
las seis treinta de la mañana de ese mismo día, Delfino Montemayor se había despedido
de su esposa para asistir a su empleo en la Fundidora de Fierro y Acero. A esa
hora su hija todavía dormía. Fue él quien hizo el hallazgo al regresar del
trabajo y pidió el socorro de los oficiales.
De
acuerdo a las investigaciones, los asesinos llamaron a la puerta en cuanto
vieron salir a Don Delfino. La señora Antonia, quizá pensando que su esposo
había olvidado algo, abrió y recibió tres golpes en la cabeza con un tubo, perdiendo
el conocimiento.
Los
criminales se dirigieron al cuarto de Florencia y abusaron sexualmente de ella.
Cuando Antonia volvió en sí, vio lo que estaba sucediendo y arremetió contra
los agresores. Forcejeó con ellos, pero no fue difícil someterla. La mataron ahí
mismo. Tres veces le clavaron el cuchillo en la garganta. En sus manos -dicen
los reportes periciales- se hallaron cabellos del asesino.
En
cuanto a Florencia, bastó con un solo tajo para degollarla.
El
móvil fue el robo de un cofre que contenía 3 mil 600 pesos en efectivo, los
ahorros de 30 años de trabajo de Don Delfino.
Un
perico fue pieza clave para descubrir que el asesino había sido el sobrino de
Antonia, quien confesó el delito y su complicidad con dos carniceros que se
encargaron de mutilar los cadáveres. Antes de conocer a los criminales, los investigadores
creían que los homicidas se trataban de algún médico porque la amputación de
los miembros se hizo con una precisión casi perfecta.
“No
me mates, Gabriel, no me mates”, repetía el perico.
El
crimen conmocionó a todo Nuevo León. La sociedad regiomontana exigía la pena de
muerte al considerar esos asesinatos como el más sádico y sangriento de su
época. Aunque dicha pena en México había sido eliminada desde 1929.
No
obstante, los criminales fueron asesinados en público. De manera oficial se dijo
que habían tratado de escapar en la calle Zuazua mientras eran trasladados a la
cárcel. Sus cuerpos fueron exhibidos ante la turba enfurecida.
Se
les aplicó la ley fuga, y el expediente se cerró.
En
Chiapas, en gobiernos como los de Absalón Castellanos Domínguez y el de Pablo
Salazar Mendiguchía, no fue secreto el empleo de tácticas nada ortodoxas en el
combate a la delincuencia. Se habló incluso de torturas, mutilaciones de dedos y
de la desaparición de presuntos delincuentes. El régimen de Salazar acabó con un
saldo de al menos cien muertos.
¿Quién
no recuerda a Eduardo Rivera Barrios, aquel legendario policía siempre de
guayabera blanca de cuatro bolsas, sobrero texano y paliacate rojo en el
cuello, quien durante el ominoso episodio del general Castellanos gozó de fama,
poder e impunidad?
¿O
a Ignacio Flores Montiel, que comandaba en Chiapas una policía tan temible como
la Gestapo en Alemania? Presuntamente implicado en la matanza de una decena de homosexuales
a principios de los noventa, fue encarcelado en el gobierno de Juan Sabines
Guerrero.
Mariano
Herrán Salvatti, quien fue fiscal general de justicia en la administración de
Salazar Mendiguchía, pisó la cárcel acusado de los delitos de ejercicio
indebido del servicio público, delincuencia organizada, peculado, abuso de
autoridad y asociación delictuosa. El cargo más grave fue asesinato. Nadie olvida
lo terrorífica que fue la desaparecida Agencia Especial de Investigación,
utilizada por Pablo y Herrán para la represión y el crimen.
El
caso más sonado fue el de Pedro Raúl López Hernández, el ombudsman que padeció la
furia de Mariano Herrán. Fue golpeado, amenazado de muerte y hasta balearon su
casa en la colonia La Salle, al oriente de Tuxtla Gutiérrez.
Bajo
las órdenes de Salazar, Herrán operó para que el defensor de derechos humanos
fuera silenciado, ya que era el más acérrimo crítico de su gobierno.
Tenemos
que admitir que más allá de que esos sucesos parezcan sacados de un cuento de
Edgar Allan Poe, el sistema de justicia y seguridad pública falló en otras
administraciones en su importante tarea de salvaguardar la vida y el patrimonio
de los chiapanecos, debido a que las instituciones estuvieron secuestradas por
personajes sin el mínimo sentimiento humano, oportunistas, corruptas, quienes
permanecieron atrapados en sospechas, en la burocracia y el abuso de poder.
HOY,
AQUÍ
Hoy,
sin embargo, contamos con policías preparadas científicamente en los más altos
estándares para la persecución del delito. En la Fiscalía de Chiapas, los ciudadanos
y las familias tenemos en el abogado Jorge Luis Llaven Abarca a un funcionario
que ha humanizado el ejercicio, la administración y la aplicación de la ley.
Si
bien ni Luxemburgo que es la ciudad más segura del mundo se salva de robos
comunes, la aptitud, el compromiso y el interés del fiscal Llaven Abarca en la
seguridad de los chiapanecos han quedado probados, especialmente en aquellos
casos que más han conmocionado a la sociedad como el homicidio de Sinar Corzo,
del que ya hay un cuarto detenido, un tal Rogelio “N” y/o Artemio, que ya está
enfrentando su proceso en el penal El Amate.
Un
dato interesante: la identificación y ubicación de los cuatro presuntos homicidas
derivó de investigaciones de gabinete y de campo, basadas en nuevas prácticas forenses
y métodos periciales que también han sido fundamentales para aclarar hechos lamentables
como la muerte de la maestra Miryana Ivette Saldaña Castillo, ocurrida el lunes
4 de febrero.
En
un primer momento se habló de feminicidio. Organizaciones civiles y el propio
sindicato de maestros se unieron en el clamor de justicia y exigieron llegar hasta
las últimas consecuencias. Dos días después, la Fiscalía General dio a conocer
el resultado de las investigaciones científicas y de campo, dictaminando como
causa de muerte asfixia por ahorcamiento.
Es
decir, Miryana se suicidó ahorcándose con un lazo que sustrajo de la casa de su
madre y que amarró en un puente ubicado sobre la carretera costera. El lazo se
rompió por el peso de su cuerpo y la fricción, quedando ella sin vida en el
lugar donde fue localizada.
Ambos
hechos son dolorosos. El de Sinar Corzo es además repudiable. Pero desde luego
no se circunscriben a un escenario de pavorosa criminalidad, como perversamente
se ha tratado de aparentar en las nefastas redes sociales.
Es
reprobable que algunos estén alimentando el morbo para satanizar la función
policial o colgarle entuertos a un hombre (Llaven Abarca) que ha desempeñado un
trabajo honesto, profesional, eficiente, a la altura de las exigencias y sin
mácula de sospechas.
Si
en este momento hay personas recluidas en El Amate, es porque fueron realmente
halladas responsables por los delitos de homicidio o robo; si las
investigaciones continúan en curso, es porque no debe haber impunidad en ningún
caso.
Así
es la actual Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas. Más
profesional y comprometida con la protección y seguridad de los chiapanecos.
Todos
debemos estar confiados porque tenemos a un fiscal y cuerpos policiacos que
trabajan con enorme responsabilidad y diligencia mientras nosotros dormimos,
trabajamos o nos divertimos en este estado al que le llegó la otra hora: la de
la justicia.
PARA
MAGDALENA
PRIMA,
salió muy altanero el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez. “Me vale madres
lo que la prensa diga de mí”, responde Carlos Morales Vázquez con sobrada
soberbia cuando sus achichincles le pasan las notas periodísticas que critican
su incompetente gobierno. Mientras tanto, en el centro de la capital chiapaneca
se ejerce la prostitución a plena luz del día, se incrementan las tasas de asaltos
a transeúntes y casa habitación, las calles se desbordan de aguas negras e
inseguridad, no hay bacheo, no hay alumbrado público y el manejo discrecional
de los recursos de los tuxtlecos ya es escandaloso. Pero no hay que
sorprendernos, ya se sabía que Morena no convertía a políticos corruptos y
mediocres en buenos gobernantes. ¡Chao!
@_MarioCaballero
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