A
todos nos consta que Andrés Manuel López Obrador heredó una crisis del Estado
de Derecho que en buena medida explica la corrupción, la impunidad, la
violencia, los altos índices de inseguridad y el casi nulo crecimiento
económico. Muy a pesar de las muchas leyes que tiene México, cualquier persona que
decida violarlas tiene una muy baja probabilidad de ser castigado. Por eso la
tragedia de Tlahuelilpan le ha dado la inigualable oportunidad de demostrar que
puede cambiar al país haciendo justicia.
Hasta
el día de ayer al mediodía se contaban 115 muertos y 32 hospitalizados por la
explosión del ducto de Pemex, el pasado 18 de enero. De los heridos, tres
menores fueron trasladados a clínicas especializadas en atención a quemados en
Galveston, Texas. Además, 65 familias interpusieron demandas de desaparición,
ya que no encuentran a sus familiares y aseguran que estaban en el lugar del
siniestro. Pero en medio de esas cifras no hay ningún detenido.
Ahí
está la oportunidad de López Obrador para que esa tragedia no quede impune como
el de la Guardería ABC en 2009, el del Hospital K de Comitán en 2003 o el de
Pasta de Conchos en 2006, tres desgracias que aunque desiguales tienen un elemento
en común: nadie fue a la cárcel por las muertes.
Lo
ocurrido en la capital de Sonora enlutó a todo México. Inolvidable será aquella
manifestación en apoyo a los padres de los niños donde cientos de personas salieron
a las calles a exigir justicia. Mostraron una manta que decía: “Marcador.
Niños: 46; Culpables Detenidos: 0. Total impunidad”.
El
5 de junio de 2009, en el incendio de la Guardería ABC murieron 49 niños, entre
once meses y cinco años de edad, a causa de la negligencia inexcusable de las
autoridades que estaban encargadas de cuidarlos. De acuerdo a las
investigaciones, esa fatalidad no fue un mero accidente sino una injusticia y
una grave violación de derechos humanos que pudo evitarse si el gobierno
hubiera cumplido con su deber de proteger la vida e integridad de los menores.
Más
de cien resultaron heridos. Había un desorden generalizado en el otorgamiento,
operación y vigilancia del sistema de guarderías del IMSS, particularmente en
el ámbito de la protección civil. Se descubrió que dicho lugar operaba en
condiciones de inseguridad, donde una pequeña chispa, en el lapso de pocos minutos,
fue suficiente para convertir el lugar en un infierno.
De
los 19 funcionarios que en algún momento fueron mencionados como posibles
responsables, ni uno solo fue procesado judicialmente. Todos fueron exonerados
en un carnaval de impunidad y vergüenza nacional.
El
ministro Arturo Saldívar, hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, investigó los hechos y en su proyecto de sentencia responsabilizó a
Daniel karam, entonces director del Imss; a Juan Molinar, ex secretario de
Comunicaciones y Transportes; a Eduardo Bours, exgobernador de Sonora; a
Ernesto Gándara, ex alcalde de Hermosillo; al ex director de Prestaciones
Económicas y Sociales del Imss, Sergio Antonio Salazar; a la en su momento coordinadora
de Guarderías, Carla Rochín, entre muchos otros funcionarios municipales,
estatales y federales.
Fue
un caso histórico en el que un ministro del máximo tribunal del país propusiera
castigar por violaciones graves a los derechos humanos a autoridades de primer
nivel, pero el proyecto de Saldívar fue rechazado por el Pleno de la Suprema
Corte debido a la presión política del entonces presidente Felipe Calderón, de
la comunidad médica del sector público, de decenas de abogados y, por supuesto,
del propio Poder Judicial, a quienes no les gustó que altos funcionarios
públicos fueran puestos en la mira de la justicia.
A
todo México le quedó claro que la impunidad en ese caso vino ordenada desde la
misma Presidencia de la República.
OTROS
CASOS
Entre
diciembre de 2002 y enero de 2003, treinta y cinco recién nacidos murieron en
un hospital público de Comitán, Chiapas, y también por negligencia
gubernamental.
Se
dijo que todos los recién nacidos habían muerto por problemas respiratorios,
pero no fue así. De acuerdo al acta de defunción 006623, expedida por el
oficial del Registro Civil número uno, Ernesto Carboney Fernández, señalaba que
las causas de muerte de José Guadalupe, uno de los fallecidos, fueron
hipertensión endocraniana, neuroinfección y septicemia, ésta última suele ser
provocada por determinadas infecciones que por lo regular son adquiridas dentro
del mismo hospital.
Al
saber los resultados de la autopsia, otros padres pidieron hacer el
procedimiento a sus hijos. Hubo incluso quienes tuvieron que exhumar a sus
bebés para tomar la muestra. En todos los casos se comprobó que las muertes no
habían ocurrido por problemas respiratorios al nacer, sino por envenenamiento.
Así
se supo que el área de pediatría y cuneros había sido fumigada en diciembre de
2002, pero sin las debidas medidas preventivas.
Ante
los primeros 24 fallecimientos, los padres de los bebés exigieron al entonces
secretario de Salud estatal, Ángel René Estrada Arévalo, la investigación de
las muertes, pero no hizo nada. Por el contrario, el exgobernador Pablo Salazar
Mendiguchía lo premió imponiéndolo en la rectoría de la Universidad Autónoma de
Chiapas en diciembre de 2006.
El
entonces director del Hospital K, Raúl Belmonte, denunció la falta de
medicamentos, equipo y personal médico para la atención de los pacientes. Y Estrada
Arévalo le dijo que ese hospital seguiría así por instrucciones del gobernador
Pablo Salazar, quien no estaba dispuesto a invertir en un hospital ubicado en
tierra de su enemigo político Roberto Albores Guillén.
En
un diagnóstico esperanzador, Belmonte solicitó el helicóptero del gobierno para
trasladar a los niños a la Ciudad de México. Había tiempo para salvarles la
vida, pero Salazar lo negó. En cambio dio prestada la aeronave para traer al
futbolista Guillermo “El Pando” Ramírez del país de Guatemala, quien se
integraría como refuerzo al equipo Jaguares.
Nadie
pisó la cárcel. Hasta el presidente Vicente Fox ignoró las demandas de los
padres que pidieron su intervención.
El
19 de febrero de 2006, una explosión hizo que colapsaran varios túneles en la
mina de carbón Pasta de Conchos, en Coahuila, donde 65 mineros perdieron la
vida.
Ese
siniestro dejó 160 huérfanos de padre, 65 familias destrozadas y 63 viudas,
pero ningún detenido.
El
ex presidente Fox y Humberto Moreira, entonces gobernador de Coahuila, se
deslindaron de la tragedia. Nadie de Industrial Minera México, propiedad de
Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico del país con una fortuna
de 17 mil 300 millones de dólares, se hizo responsable a pesar de que las
investigaciones señalaban las negligencias de esa empresa que como dueña de la
mina tenía en malas condiciones de seguridad a los trabajadores, asimismo con sueldos
bajos y algunos de los mineros que fallecieron ni siquiera contaban con Seguro
Social.
Aparte,
el ex secretario del Trabajo Francisco Javier Salazar Sáenz estaba enterado de
la situación y toleró que la mina funcionara arriesgando la integridad de los
trabajadores, y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos,
dirigido por Napoleón Gómez Urrutia, dejó pasar las omisiones y nada hizo por
salvaguardar a sus representados.
Hasta
hoy sesenta y tres cuerpos permanecen enterrados en Pasta de Conchos. No
volvieron a ver la luz. Y los nombres de los actores involucrados en la
desgracia también siguen presentes después de casi trece años de injusticia.
NO
PUEDE OCURRIR LO MISMO
En
Tlahuelilpan no puede ocurrir lo mismo que en la Guardería ABC, que en el
Hospital K de Comitán ni como en Pasta de Conchos. Se debe investigar, procesar
y encarcelar a los responsables de la muerte de 115 personas.
Si
hubo quienes provocaron la explosión en un intento de desestabilizar el
gobierno de López Obrador; si los funcionarios de Pemex, como las fuerzas del
Ejército, la Policía Federal y Estatal no cumplieron con su trabajo, pues que
también se indague si violaron los derechos humanos de las víctimas y se
aporten las pruebas que permitan poner en prisión a los presuntos responsables.
La
tragedia de Tlahuelilpan no debe quedar sin castigo, sino debe ser convertida en
el parteaguas del rescate al Estado de Derecho. De lo contrario, quedará manifiesto
que el gobierno de AMLO nada más significó cambiarlo todo para que todo siga igual.
¡Chao!
@_MarioCaballero
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