Hace
ocho años, en Ciudad Juárez, el entonces presidente Felipe Calderón asistió a
un acto público acompañado de su esposa, del secretario de Gobernación Gómez
Mont y de elementos del Ejército. Leyó un texto ante cientos de personas y en
algún momento emergió la señora Luz María Dávila, madre de Marcos y José Luis,
jóvenes asesinados el 31 de enero de 2010 en un monstruoso ataque de sicarios.
“Discúlpeme,
presidente, yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es”, le dijo
al mandatario. Porque aquí –prosigue- hay asesinatos desde hace dos años y nada
ni nadie han querido hacer justicia. Juárez está luto… Les dijeron pandilleros
a mis hijos. Es mentira. Uno estaba en la prepa y el otro en la universidad, y
no tenían tiempo para andar en la calle. Ellos estudiaban y trabajaban. Y lo
que quiero es justicia. Le apuesto que si hubiera sido uno de sus hijos, usted
se hubiera metido hasta por debajo de las piedras y hubiera buscado al asesino,
pero yo no tengo los recursos, no lo puedo hacer… Quiero justicia. Póngase en
mi lugar, a ver qué siente…
Decirle
al expresidente que no era bienvenido era también culparlo de la muerte de sus
muchachos. Felipe Calderón inició la guerra y en ese caso dos inocentes habían muerto por una mal planeada
y peor ejecutada estrategia contra el narcotráfico. Sí, era culpable. No jaló
el gatillo, pero creó las condiciones para que se desatara en casi todo el país
una ola violencia en la que ya van más de doscientos mil muertos y una cifra
incalculable de desaparecidos.
“Póngase
en mi lugar, a ver qué siente”, es la frase que todos debemos reflexionar
después de que el presidente electo ha propuesto amnistía (perdón por ley) a
los asesinos, violadores, ladrones y políticos corruptos. ¿Podrá alguien
perdonar a quien se metió a su casa y lo dejó sin el sustento de sus hijos, o
al hombre que violó a su hija, al asesino de su hijo? No lo creo. ¡Qué lo
perdone Dios!, dirán muchos. Poner la otra mejilla es de masoquistas.
¿POR
QUÉ PUES?
¿Por
qué tendríamos que perdonar a quien nos robó la paz y la alegría de nuestras
vidas, o al gobernante o ex gobernante que por haber hurtado los recursos del pueblo
nos privó de nuestro derecho a recibir un buen servicio de salud, educación o vivienda?
¿Sólo porque el futuro mandatario dice que lo suyo no es la venganza?
López
Obrador está confundiendo las cosas. Porque lo que queremos los mexicanos,
igual que doña Luz, no es venganza, sino justicia.
Muchas
de las protestas sociales en México y especialmente en Chiapas, se debe a la
falta de justicia. No tendría razón de ser que un grupo de pobladores bloqueara
las carreteras exigiendo un mejor servicio de salud si en su municipio el
hospital o la clínica pública cuenta con abasto de medicamentos y personal
médico.
Por
medio de una investigación al gobierno de Javier Duarte, se descubrió que la
Secretaría de Salud administraba a niños con cáncer un medicamento que no era
medicamento, sino prácticamente agua destilada. No sé si alguno de esos niños
que recibió quimioterapias falsas haya fallecido a causa de ello o por la falta
de un tratamiento real. ¿Los padres de esos pequeños estarán dispuestos a
perdonar al exgobernador por cometer un brutal atentado contra la salud de sus
hijos? Pienso que no.
El
27 de febrero de 2015, una niña murió de causas extrañas en una guardería de
Tuxtla Gutiérrez perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social. Se llamaba
Kimberly y tenía un año y ocho meses de edad cuando presumiblemente fue
asesinada por su maestra. Ergo, Citlali Díaz, sospechosa del infanticidio, y
Yuridia Sarmiento Sánchez, responsable de la estancia infantil, fueron
consignadas en el reclusorio conocido como El amate. Días después, el 8 de
marzo, fueron puestas en libertad por orden de un juez, según por tráfico de
influencias.
¿Perdonará
la madre de Kimberly a la mujer que mató a su hija y al juez Ernesto Hernández
que la liberó junto a su cómplice? Me parece que un abrazo, como propone AMLO,
no soluciona nada y menos hace justicia.
Un
mesero de la cantina El Tubazo, en la colonia Las Palmas, contaba que Yassir
Vázquez Hernández era un cliente habitual del lugar. Hasta le daban fiado. Tomaba
cerveza y pedía que le pusieran “La mesa del rincón” de Los Tigres del Norte. En
ese tiempo, Yassir vivía en una casa de interés social y lo que ganaba apenas
le alcanzaba para el día a día. Sin embargo, después de que se vio obligado a
abandonar el cargo de presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez tenía casas en
Chiapas, la Ciudad de México, Cuernavaca, hoteles en Cancún y varios millones de
pesos en cuentas bancarias. Obvio, hizo esa fortuna a través de actos ilícitos.
Dejó a la comuna tuxtleca con una deuda de más de 900 millones de pesos.
¿Por
qué tendrían los tuxtlecos que olvidar el latrocinio cuando las calles están
hechas pedazos, no funciona el alcantarillado y el servicio de agua potable es
deficiente? Lo que exigen es que sea enviado a prisión.
Por
otro lado, los padres de los 35 recién nacidos que murieron en el Hospital K de
Comitán, ¿perdonarán a Pablo Salazar por abandonar dicho hospital por el hecho
de estar ubicado en la tierra de su enemigo político Roberto Albores Guillén?
¿Se olvidarán de que estando a tiempo para salvarles la vida el exgobernador les
negó el helicóptero del gobierno para trasladar a sus hijos a México?
¿Por
qué tendrían que perdonar a Salazar las decenas de familias que quedaron sin
hogar tras el paso del huracán Stan, sobre todo cuando se presume que el ex
mandatario desvió los 11 mil millones de pesos que fueron destinados para la
reconstrucción?
¿OLVIDAR?
Históricamente,
la amnistía ha sido recetada por varios mandatarios en el mundo que buscaron “olvidar”
los delitos con tal de restaurar el tejido social. Pero ¿qué tan favorable
sería para México que ha sido duramente golpeado por el narcotráfico y la
corrupción?
Nada
más en Chiapas sería absurdo aplicarla. Durante el sexenio de Juan Sabines
Guerrero se dieron casos de que políticos pobres terminaron millonarios. Y qué
decir de la represión, de las desapariciones forzadas, de los encarcelamientos
injustificados, de los crímenes de lesa humanidad que fueron ordenados desde el
despacho de Nemesio Ponce Sánchez o del propio exgobernador.
¿Por
qué tendríamos los chiapanecos que “olvidar” esas infracciones? En 2013, la PGR
dio entrada a una denuncia penal en la que Sabines Guerrero y 50 de sus ex
funcionarios están acusados de por lo menos 20 delitos, entre los que destacan
fraude, enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa, delincuencia organizada,
abuso de funciones, entre otras. ¿Deberíamos acaso darle un abrazo al hoy
cónsul y decirle al resto de su pandilla que no hay purrún, que a otra cosa
mariposa porque a partir del 1 de diciembre todos seremos amor y paz? No estoy
de acuerdo.
Juan
Sabines dejó endeudado el estado por más de 40 mil millones de pesos y tiene que
rendir cuentas a la justicia. Mauricio Perkins, Alejandro Gamboa López, Samuel
Toledo, Carlos Bolaños Cacho, Nemesio Ponce, James Montes, Ricardo Serrano
Pino, Juan Carlos López Fernández, Javier Álvarez Ramos, por mencionar algunos,
se enriquecieron al amparo del poder y nos robaron el futuro de nuestros hijos.
Pues según estimaciones la deuda que ocasionaron la pagaremos nosotros,
nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Por qué tenemos que perdonarlos?
Además,
casi siempre quienes fueron beneficiados de la amnistía tuvieron que cumplir
con ciertas medidas de reparación, es decir, fueron condicionados. Por ejemplo,
en casos de violaciones graves a los derechos humanos se redujeron condenas a
cambio de información sobre otras personas involucradas en los hechos. En tal
caso, no creo que ninguno de los sabinistas esté dispuesto a entregar lo que
hurtó con tal de no ser enjuiciado.
No
es lo mismo que lloren en la casa del vecino a que lloren en tu propia casa, dice
un dicho. A Andrés M. López le falta ponerse en los zapatos del otro. Porque de
entrada su planteamiento de amnistía a los capos se entiende como aceptar un
narcoestado y olvidarse pero de las víctimas. Y aplicar una ley de perdón a los
políticos corruptos, suena más bien a complicidad.
Oponerse
a la amnistía para corruptos y criminales no se trata de hacerle pasar un mal
rato a AMLO. Tampoco exigir la aplicación de la ley a Peña, Sabines, Salazar y
otros, es por ganas de ver sangre. Se trata, llanamente, de justicia. ¡Chao!
@_MarioCaballero
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