Poco
se ha hablado del papel de los delegados federales en los estados. Es hora de
hacerlo, porque definitivamente se han convertido en personajes políticos
fundamentales, quizá son los que más poder han acumulado después de los
gobernadores a raíz de la democratización del país. De hecho se han comenzado a
personificar como una especie de nuevos virreyes del sistema político mexicano.
Urge
hablar, además, porque son servidores públicos que gozan de una gran autonomía
y capacidad de operación, aunado a un creciente manejo de recursos que se han
descentralizado hacia los estados.
En
el ámbito electoral, los delegados federales juegan en dos importantes pistas.
Primero, siendo líderes naturales de sus partidos, intervienen para echar a
andar la pesada maquinaria electoral en sus estados. Junto con el gobernador (siempre
y cuando sean del mismo color partidista), se meten hasta la médula en los
aspectos internos del partido: apoyan a sus cuadros para que se conviertan en
candidatos, mueven a los funcionarios a su cargo para operar a favor de los suyos,
reparten dinero público a las clientelas del partido y se encargan de movilizar
a los votantes duros el día de la elección.
Segundo,
dado el capital económico y político que se les asigna, forman un bloque para
enfrentar y mermar a los candidatos de oposición. Esto último no es poca cosa.
De hecho, este tipo de acciones fue fundamental en los pasados comicios donde,
debido al alto nivel de competencia entre los aspirantes a gobernador,
derrocharon cientos de millones de pesos para desprestigiar a los contrincantes
mientras también financiaban las campañas políticas de sus propios aspirantes.
¿Se
acuerda que en el arranque de campaña asistió un mayor número de personas al
evento de Roberto Albores Gleason que al de José Antonio Aguilar Bodegas, que
incluso se llevaron a cabo casi a la misma hora y en la misma ciudad? Pues con
dinero de las distintas delegaciones que hay en Chiapas se pagó el acarreo de
gente y hasta para que los simpatizantes de Aguilar Bodegas fueran al acto del
priista.
Se
rumora que nada más ese día el equipo de Albores Gleason pagó mil 500 pesos por
cada acarreado. Eso multiplíquelo por los 20 mil que acudieron al inicio de
campaña, nos da un monto de 30 millones de pesos.
¿QUIÉNES
SON?
En
primer lugar tenemos al delgado de SEDATU José Alfredo Araujo Esquinca, el
priista que se cree todo un experto en temas de política pero que nunca ha ganado
una elección. Es un político mediocre surgido de la vieja escuela del PRI, quien
a pesar de su ineptitud política, arrogancia y falta de simpatía, ha sabido
acumular una inmensa fortuna.
Alfredo
Araujo es un tipo prepotente que trata de “pendejos” e “inútiles” a sus
empleados. El único mérito político que tiene es haber sido presidente del
Comité Directivo Municipal del PRI en Tuxtla Gutiérrez. De ahí en adelante se
distingue por ser un funcionario corrupto que ligado al sector de la
construcción en el estado ha condicionado y repartido obras entre sus allegados,
incluso se dice que las ha cobrado a través de la asociación Empresarios
Chiapanecos de la Industria de la Construcción, A.C.
Antes
de asumir la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, se desempeñó como director del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Tuxtla Gutiérrez, dependencia que llenó de aviadores, con obras asignadas
por favoritismos y desfalcos. Cuando el Ayuntamiento había acumulado una deuda
de 900 millones de pesos, debiendo de forma directa más de 707 millones, se
supo que sólo la deuda de Smapa era de 177 millones 500 mil pesos. Eso durante
la gestión de Araujo Esquinca que ocupó dicho cargo gracias a la recomendación de
Juan Sabines Guerrero.
A
raíz del terremoto de septiembre de 2017, los gobiernos federal y estatal
pactaron aportar dinero para la reconstrucción de las miles de viviendas que
fueron afectadas en Chiapas. La aportación respectiva sería de mil 800 millones
y 620 millones de pesos. Hoy, el delegado Araujo Esquinca asegura que Sadatu ya
cumplió con su parte, pero la realidad es que después de un año de la
catástrofe hay cientos de familias viviendo a la intemperie.
Los
damnificados acusan a los funcionarios de esa dependencia de haber modificado
los registros del censo y de entregar tarjetas sin dinero. Una señora de 70
años de edad, viuda, originaria del ejido Lázaro Cárdenas, en Cintalapa, dijo
que después del sismo varias veces pasaron algunos licenciados a su domicilio,
y que la primera vez le dijeron que como su casa presentaba daño total
recibiría un apoyo de 120 mil pesos. Luego, volvieron a visitarla y le
comentaron que por daño parcial (su hogar no tiene techo, se le cayó una pared
y el resto está cuarteado) le darían 15 mil pesos nada más, que sólo le alcanzó
para comprar algo de material. Hasta el día de hoy, Doña Eufrocina Palacios sigue
durmiendo en el patio.
¿Dónde
está realmente ese dinero?
Otro
de los delegados es Pedro Reynol Ozuna Fernández, quien extrañamente fue
designado titular de la Delegación de Sagarpa en marzo de 2018, misma fecha en
que Alfredo Araujo fue elegido para administrar la Sedatu. Mucha coincidencia
no le parece.
Desde
hace tiempo se conoce que el excandidato al gobierno del estado Roberto Albores
Gleason y Julián Nazar Morales, presidente del PRI en Chiapas, han controlado
la Sagarpa. Ambos han obtenido jugosos beneficios para sus negocios. Pero con
la llegada de Reynol Ozuna a dicho organismo federal, la corrupción ha
empeorado.
Por
ejemplo, a finales de julio de 2018 la Unión Campesina Democrática acusó a
Ozuna Fernández de desviar 60 millones de pesos. Dijeron que esos recursos
fueron destinados para la compra de votos a favor de Albores Gleason. Por otro
lado, se rumora que el delegado exige el 25% de los proyectos o apoyos a los
productores, que cobra a través de Alejandro Soto de la Torre, director
administrativo de Sagarpa.
Al
respecto, 380 organizaciones se han quejado de los moches al programa PIMAF que
reúne más de 500 millones de pesos. Si las acusaciones son ciertas, Reynol
Ozuna se habría embolsado alrededor de 125 millones de pesos que les pertenecen
a los campesinos chiapanecos.
También
en marzo del presente año, Horacio Francisco Ruiz Ruiz fue designado delegado de
SEDESOL.
Ruiz
Ruiz es abogado y tiene una Notaría Pública en el municipio de Jiquipilas. Bajo
las siglas del PRI ha sido presidente municipal de La Concordia y diputado
local. Después de que se dieran a conocer los actos de corrupción por parte de
funcionarios del Registro Público de la Propiedad, organismo del que fue director,
firmó un manifiesto que estipulaba cero tolerancia a la corrupción. Y lo hizo porque
fue señalado de estar detrás de una banda de coyotes que aparte de agilizar los
trámites también fueron acusados de vender inmuebles de manera ilegal.
Finalmente,
estos tres personajes ligados a Roberto Albores Gleason están denunciados por haber
utilizado los programas y recursos de las delegaciones federales a su cargo en fines
electorales. Otros son Jorge Constantino Kanter, quien despacha en la
Delegación del Programa Prospera y Víctor Hugo Ruiz Guillén, delegado en la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y, desde luego,
no hay que dejar de ver la fortuna que cada uno de ellos obtuvo en tan corto
tiempo y que exhiben con gran ostentación.
¿QUÉ
HACER CON LOS VIRREYES?
No
hay vuelta de hoja. Por donde se vea, estos delegados presentaron pésimos
resultados tanto en sus respectivas encomiendas como en las urnas. El dinero
que supuestamente desviaron para comprar votos y pagar acarreados no fue
suficiente para ganar la gubernatura para su jefe, pero sí basta para que la
Auditoría Superior de la Federación inicie las investigaciones correspondientes.
El
abuso y atropello de estos nuevos virreyes no debe quedar impune. Deben ir a la
cárcel ya que hay gente que vive sin un techo porque los recursos para la
reconstrucción se ocuparon en fines políticos, mientras ellos, los delegados,
llevan una vida en la molicie.
Ojalá
que la propuesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de colocar
un súper delegado en cada una de las entidades federativas acabe por fin con
estas malas prácticas, y que el castigo a quienes se enriquecieron a costa del
dolor de la gente no falte, por más duro o suave que éste sea. ¡Chao!
@_MarioCaballero
Comentarios
Publicar un comentario