La
regulación de los sindicatos sigue siendo un tema pendiente en México. Por eso
pasa lo que pasa en cada uno de ellos. Aunque surgieron como una herramienta de
defensa, protección y lucha por los derechos laborales de los trabajadores, hoy
son auténticas armas de coerción política y enriquecimiento ilícito. ¿Acaso
conoce usted un líder sindical pobre y sin capacidad para enfrentarse al
gobierno? Creo que no.
Al
respecto existen dos ejemplos claros: el Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación y el sindicato de PEMEX, en los cuales se puede ver que son dos grandes
gremios abiertamente intervenidos por el poder político y que no defienden a
los trabajadores. Es decir, aprovechan la protección que les brinda el gobierno
para delinquir y vivir en la impunidad.
El
SNTE ha tenido sólo tres dirigentes a lo largo de su historia. El primero de
ellos, Carlos Jonguitud Barrios, quien fue despedido por el expresidente Carlos
Salinas de Gortari tras las amenazas de utilizar al magisterio para desestabilizar
al gobierno y por los graves escándalos de corrupción y tráfico de influencias.
Elba Esther Gordillo Morales, designada en sustitución de Jonguitud por el
mismo Salinas, modificó los estatutos del gremio para perpetuarse en el cargo
hasta el final de los tiempos. El presidente Peña Nieto la envió tras las rejas
después de acusarla de un presunto enriquecimiento ilícito. El líder actual,
Juan Díaz de la Torre, recibió el nombramiento bajo las órdenes de Peña Nieto,
quien –dicen- lo forró de dinero con tal de que Díaz mantuviera al magisterio
en quietud y apoyara la Reforma Educativa.
A
la sazón, ¿qué fue de los miles de maestros que pertenecen al SNTE? ¿Qué
beneficios obtuvieron a lo largo de esos liderazgos? Y, especialmente, ¿hubo
alguna mejora en la calidad educativa? Las respuestas las sabemos todos.
Ahora
bien, el caso del sindicato de trabajadores petroleros es para batir los
records Guinness. El dirigente, Carlos Romero Deschamps, de profesión Contador
Privado y priista de toda la vida, permanece en el cargo desde los tiempos del
presidente Carlos Salinas. Ha sido tres veces diputado federal y dos veces
senador, todas por la vía plurinominal. Su vida está rodeada de señalamientos
de enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, fraude, extorsión, tráfico
de influencias, entre otros. Incluso su familia fue señalada de tener una vida
de lujos y despilfarro a costa de la paraestatal Pemex.
En
2000, estuvo involucrado en un escándalo electoral conocido como Pemexgate,
donde se dio a conocer un desvío de mil 500 millones de pesos de los fondos
sindicales en apoyo a la campaña presidencial del candidato priista Francisco
Labastida. El anterior IFE documentó el fraude, y aunque la PGR inició el
proceso judicial, en 2006 fue desechado por falta de pruebas y en 2011 fue dado
por finalizado de manera inapelable.
¿Algún
día pisará la cárcel por los múltiples delitos en contra del sindicato de
petroleros? Parece algo imposible porque Deschamps hizo de ese gremio un
patrimonio familiar con el que año con año aumenta su fortuna, obtiene cargos
públicos y se burla de la justicia.
CASO
SEAUNICACH
Claro
que esos son dos ejemplos grotescos de la corrupción que pervive en muchos de
los sindicatos. Sin embargo, en Chiapas tenemos otros que aunque menores en
cuanto a nivel de latrocinio y tráfico de influencias son igual de indignantes.
Lusteín
Gómez Utrilla fungió durante diez años como secretario general del Sindicato de
Empleados Administrativos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Seaunicach),
en los cuales fue acusado de nepotismo, desvío de recursos, acoso laboral y
violación a la normatividad.
Las
plazas con mejores salarios fueron para sus familiares, como Carlos William
Gómez Díaz, su hijo, a quien le otorgó un cargo administrativo con un salario
de 10 mil 402 pesos, más una compensación de 8 mil pesos mensuales. Aparte, sin
cumplir con el requisito de antigüedad, le dio un año de permiso con goce de
sueldo. Lo mismo hizo con sus cuñados, sobrinos, sobrinos políticos, compadres
y amigos, que gozaron de privilegios por encima de los derechos de los
trabajadores.
Asimismo
se hizo mención al mal manejo que hizo del fondo de 45 mil pesos anuales que la
Unicach otorga en beneficio de los empleados administrativos. En los diez años
de su liderazgo nunca entregó cuentas de ese fondo ni de los recursos que cada quincena
se les descuenta a los agremiados de la Seaunicach.
Aliado
con el ex rector de esa Universidad, Roberto Castellanos Domínguez, logró que
le asignaran un sueldo correspondiente al de seis maestros de tiempo completo y,
además de contar con la protección de Castellanos para llenarse los bolsillos y
maltratar al personal, pasó de ser un empleado mediocre de clase baja a un
empresario millonario, dueño de muchas propiedades en Tuxtla Gutiérrez y Chiapa
de Corzo, entre casas y salones de fiesta. Desde ese tiempo presume ser inversionista
de bienes raíces.
CARLOS
FARFÁN
Hoy,
Carlos Farfán Martínez es quien está al frente del Seaunicach. Está
desempeñando un segundo periodo, pero con el repudio de toda la comunidad
universitaria sobre sus hombros.
Empezó
en junio de 2014 en sustitución de Marco Antonio Sumoza García, quien asumió un
liderazgo interino después de que Lusteín Gómez Utrilla fuera desconocido por los
trabajadores administrativos.
Antes
de que Farfán Martínez se apropiara del cargo era un empleado del montón, sin oportunidades
ni recursos económicos para darse la vida de lujos que actualmente tiene. Dice
un dicho que “el que nunca tuvo y llega a tener loco se quiere volver”. Eso le
pasó a Farfán que se volvió un tipo arrogante, déspota, fanfarrón, que trata a punta
de gritos al personal a su cargo y no duda en ningunear a los agremiados a los
que supuestamente representa.
Otro
dicho dice: “Salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor”. Ciertamente, Farfán
fue elegido en un marco de legítima democracia, pero su desempeño es incluso peor
que el de Lusteín Gómez. Se dice que ha sido capaz de vender ilegalmente fichas
de ingreso a las distintas carreras que ofrece la Universidad. Por cada una
cobra 5 mil pesos con la promesa de que los aspirantes quedarán seleccionados
aunque no pasen el examen de admisión.
Hace
unos días, circuló un documento en la red social Whatsapp en el que los
trabajadores administrativos sindicalizados acusaron a Carlos Farfán de
proteger a su sobrino José Carlos Roque Farfán, que obtuvo un cambio laboral más
redituable pero a través de violaciones legales. Lo que exigen es que Roque
Farfán sea devuelto a su lugar de trabajo original.
De
tal asunto, Farfán Martínez no ha dicho una sola palabra. Tampoco ha actuado en
consecuencia. Está empeñado en defender a su sobrino en un acto parcial e
injusto. Esto cuando casos (como el de la maestra Lizbeth Patrón que desde hace
mucho tiempo viene pidiendo su cambio de adscripción) que tienen que ver con
acoso laboral son ignorados y perdidos en los archivos del sindicato.
Por
otro lado, los estudiantes de ese instituto educativo se quejan de que pasan
horas enteras sin ser atendidos por el personal administrativo que alega siempre
estar en junta. Esos trabajadores en mención son algunos de los protegidos y
allegados de Carlos Farfán a quienes nadie puede llamarles la atención ni
pedirles que cumplan con su trabajo. No entienden que no se deben al líder sindical,
sino a los alumnos.
Igual
que Gómez Utrilla, Carlos Farfán tampoco rinde cuenta de las cuotas sindicales,
según aseguran los agremiados. El ex rector Adolfo Antonio Guerra Pérez fue el
promotor de su reelección, quien queriendo un gremio agachado y sin voz
permitió que Farfán violara el reglamento adelantándose a hacer proselitismo. Hasta
dicen que le dio dinero en efectivo para comprar votos. Por esa complicidad, el
dirigente de la Seaunicach sigue disfrutando de los privilegios económicos que
lo sacaron de la miseria, pero a costa del desprestigio del gremio.
Lo
preocupante es que hay fuertes barruntos de que Carlos Farfán Martínez está
preparando una revuelta con grupos de choque. Quiere secuestrar a la Unicach
para saciar sus apetitos de riqueza.
Estos
son algunos de los señalamientos que pesan sobre el líder sindical, quien sin
duda alguna debe ser investigado. Sólo falta ver si las autoridades
universitarias y estatales tienen la suficiente autoridad moral para actuar en
consecuencia y evitar que este personaje siga incrementando su fortuna en
perjuicio de los trabajadores. ¡Chao!
@_MarioCaballero
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