Se
ha dicho muchas veces, pero no debemos olvidarlo: el 1º de julio fuimos
testigos de la victoria más clara desde que las elecciones en México cuentan en
verdad. Ganó, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador, y con él muchos
hombres y mujeres que no sólo se alzaron con un triunfo contundente, sino
además adquirieron una responsabilidad tan grande como el tamaño de las
expectativas que hay en ellos.
Entre
esos triunfadores está Carlos Morales Vázquez, el morenista quien hace unos pocos
días rindió protesta como alcalde de Tuxtla Gutiérrez. Político de experiencia,
conocedor de la realidad que lo rodea y de gran capacidad para el cabildeo,
confesó que obtuvo el mando de una ciudad en pleno desastre. Porque más allá
del desprestigio, los escándalos de corrupción y abusos de poder que heredó del
gobierno saliente, está el gravísimo problema de las vialidades, la falta de
iluminación, el conflicto con la empresa Proactiva, la deuda pública y la carencia
de recursos para salvar las necesidades más básicas.
Nadie
puede negar que temas como la basura, la reparación de calles y la inseguridad
son prioritarios e insoslayables, pero existe otro monstruo quizá igual de dificultoso
que esos: la corrupción imperante de SMAPA, que requerirá de todo el porte del
nuevo presidente municipal para que por fin los tuxtlecos dejen de ser
estafados por quienes hoy son los nuevos ricos de Chiapas.
SMAPA:
CUEVA DE LADRONES
El
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado es una institución que tiene
en el nombre su importancia. “El agua es vida”, dice un dicho y Smapa es el
encargado de distribuirla en todos los hogares de la capital del estado,
asimismo cuidar de la salud de toda la comunidad ya que también es su
obligación el correcto funcionamiento de los desagües. Sin embargo, actualmente
hay colonias enteras sin agua y por doquier se pueden ver drenajes colapsados y
corrientes de aguas negras contaminando la ciudad.
No
hay duda de que el mal desempeño de ese organismo depende directamente de la
corrupción que hay en su interior. Muchos saben que cada gobernante en turno lo
convirtió en una caja chica, donde familiares, amigos, amantes y allegados de
los demás funcionarios cobraban un sueldo sin trabajar. Aunque el daño viene de
hace mucho tiempo atrás, esa situación se agravó desde la gestión de Juan
Sabines Guerrero. No obstante, lo ocurrido durante el gobierno de Fernando
Castellanos Cal y Mayor es un asunto que no debe ni puede quedar impune.
En
los primeros días de abril de 2016, alrededor de doscientos trabajadores de
Smapa fueron despedidos, en su mayoría mujeres y madres solteras que no aceptaron
las propuestas de los libidinosos directivos. A todas estas personas las
separaron de sus cargos sin ninguna justificación y tampoco las liquidaron conforme
lo marca lo ley.
Por
ese despido masivo hubo una demanda que nunca prosperó. Se habló de que las
influencias del presidente Castellanos Cal y Mayor con el poder estatal detuvo
el curso del proceso legal. Además, los ex empleados acusaron de que los
motivos de las destituciones eran falsos, ya que las autoridades alegaron que
eran por falta de recursos pero la verdad es que sus puestos fueron ocupados
por amigos y gente allegada al alcalde y a altos funcionarios municipales,
especialmente al director administrativo de esa dependencia, Jonathan Díaz
Gallegos.
Díaz
Gallegos comandó las arbitrariedades en Smapa. Fue señalado, entre otras cosas,
de desviar recursos del organismo a sus cuentas personales y juntar dinero para
la campaña de Fernando Castellanos a la gubernatura de Chiapas. Para cumplir
sus objetivos tejió una red de corrupción en la que participaron Alejandro Ríos
Pfeiffer (quien pasó de chofer del ex alcalde Samuel Toledo (2012-2015) a dueño
de residencias y carros de lujo), Luis Pavía, Fabián Tovilla Reyes (ex subdirector
de Rezagos y antes de eso operador político de Castellanos Cal y Mayor en el
IEPC durante la campaña de 2015), Cervando González y Armando Oltra Paniagua,
éste último reconocido como la mano derecha de Jonathan.
Se
estima que el fraude a Smapa, de octubre de 2015 a diciembre de 2017, es de al
menos 650 millones de pesos. Hay rumores que nada más entre Fabían Tovilla y
Luis Pavía desviaban 3 millones de pesos mensuales que entregaban a Díaz
Gallegos, dinero que guardaban en una casa de seguridad cerca de San Cristóbal
de las Casas, supuesta propiedad de Tovilla Reyes.
El
26 de julio de 2017, Tuxtla amaneció con decenas de lonas colocadas en puentes
peatonales, cruceros y bulevares, en las que se reclamaban los actos de
corrupción de Jonathan Díaz y la inoperancia de Smapa. En una decía: “Por tus
aventuras amorosas, el SMAPA está quebrado”. Esa leyenda estaba acompañada por dos
fotografías, una de Jonathan y la otra de una mujer llamada Gloria, su amante, quien
aparecía en la nómina con un jugoso sueldo que cada quincena cobraba
religiosamente pero sin trabajar.
Trabajadores
de esa dependencia filtraron la nómina institucional y por ello se descubrió
que habían al menos 60 aviadores, entre recomendados de Fernando Castellanos,
el ex secretario del Trabajo Manuel Sobrino Durán, el ex subsecretario de
Gobierno Jhovany Salazar et al.
La
cantidad que se tenía que pagar cada mes por los sueldos de esos sesenta
zánganos era de 873 mil 542 pesos con 34 centavos. Un desfalco descomunal para
una ciudad henchida de necesidades que al finalizar este trienio arroja un
saldo de 41 mil 616 personas que viven en pobreza extrema.
MÁS
CORRUPCIÓN
En
mayo de 2018, un grupo de empleados de esa organización exigieron al Cabildo
municipal el despido de Jonathan Díaz al que acusaron de no pagar los salarios
provenientes de la caja de ahorro, de cancelar los vales de despensa y deber los
importes del servicio de salud. Un afectado, dijo: “Hace unos días un compañero
llegó de urgencia al Sanatorio y le dijeron que el servicio no sería cubierto
por Smapa porque no se habían realizado los pagos”.
Una
trabajadora más, agremiada del sindicato de Smapa, confesó: “No tenemos
servicio médico, tampoco medicamentos e incluso nos deben las facturas de los
medicamentos que nosotros hemos tenido que pagar. Al menos a mí me cancelaron
una cirugía porque el Smapa –me dijeron- no ha pagado nuestros servicios
médicos”.
En
esa misma reunión protestó en un grupo de jubilados: “Nosotros no venimos a
agredir a nadie, lo único que queremos es que nos den nuestro dinero por el que
ya trabajamos”. En otras palabras, Díaz Gallegos tenía como deporte acosar a los
trabajadores y reprimir sus derechos laborales, cosa que hacía bajo el amparo
del poder.
En
esa serie de abusos, Jonathan Díaz se negó muchas veces a distribuir el agua en
cientos de colonias por no querer pagar la factura de energía eléctrica. Por
ese mismo motivo no hubo suministro en otras ocasiones, ya que Comisión Federal
de Electricidad (CFE) había cortado la energía con la que se encienden las
bombas.
Ahora,
¿dónde están los dos pesos que cada usuario paga por saneamiento y los 38 pesos
por alcantarillado si ninguno de los dos servicios funciona correctamente? Es
decir, ¿en los bolsillos de quién están los más de 4 millones 800 mil pesos que
se recaudaron mensualmente por esos conceptos?
A
esta corruptela hay que sumarle el importe de la renta mensual de los cien
teléfonos celulares con los que se dice operaba Jonathan Díaz y su runfla de
saqueadores.
UN
DEBER QUE CUMPLIR
Todo
gobierno que empieza siempre es una incógnita. Pero lo que sabemos es que Carlos
Morales se hizo presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez dentro de un
portentoso movimiento político, en una intensa emoción pública, en una campaña
política que prometió acabar con la corrupción y la impunidad de los pasados
gobernantes. Así que su compromiso con la sociedad es demasiado alto.
Es
claro que no es ningún policía para perseguir a los delincuentes que se robaron
nuestro dinero, pero tiene la facultad de exigir que sean investigados todos
los antes mencionados porque detrás de él hay miles de votantes que esperan que
cumpla su palabra.
De
tal manera, si lograr el desarrollo de la capital de Chiapas es un reto que
necesita mucho más tiempo que sólo tres años siquiera para ver un ligero avance,
estoy seguro que si el presidente Carlos Morales pone empeño en hacer justicia
por los actos de corrupción y latrocinio, los tuxtlecos estaremos más que satisfechos.
¡Chao!
@_MarioCaballero
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