En
octubre de 2016, un grupo de profesores federales jubilados se lanzó en
protesta contra el entonces dirigente de la Sección 7 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, Adelfo Alejandro Gómez. Le exigían la aparición
de al menos 100 millones de pesos que forman parte de sus fondos de retiro.
La
Caja de Ahorro de los maestros ha sido casi siempre un botín de cada líder
magisterial en turno. Aquellos que hoy claman el regreso de Elba Esther
Gordillo Morales son los mismos que ayer gozaron de privilegios y se
enriquecieron impunemente con las cuotas de los agremiados. El enorme poder que
tenía la maestra no sólo era capaz de imponer a sus alfiles en puestos de
mando, también influía en los gobernadores para que protegieran y toleraran esa
red de complicidad.
Después
de esa manifestación se supo que un aproximado de diez mil docentes no recibía
su Fondo de Seguro de Retiro (FSOR) desde el año 2010. El profesor en retiro
José Francisco Aguilar Santiago denunció que el ex líder sindical se negaba a
dar una respuesta, una explicación sobre el destino de esos recursos.
Ese
fondo se creó en una primera etapa con 89 millones de pesos. Y el gobierno de
Juan Sabines Guerrero le otorgó otros diez millones.
Empero,
de ese dinero hay 32 millones de pesos que fueron repartidos a personas
desconocidas en la colonia Ojo de Agua de Tuxtla Gutiérrez. No es todo. Aparte,
otros diez millones están en poder de un sujeto que según nada tiene que ver
con el sindicato de maestros. Su nombre es Julio César “N”. Así que hay un
total de 42 millones de pesos que se sabe dónde están, pero hace falta el resto
de esos recursos y sus respectivos intereses.
FRAUDE
EN LA SECCIÓN 40
Lo
que ha sucedido en la Sección 40 del SNTE, que agrupa a los educadores del
estado, es algo muy similar. Ahí, hace catorce años, se perpetró un fraude de más
de 51 millones de pesos que hasta el momento permanece en la impunidad.
Eran
los años del gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía. Como gobernante fue un
tirano que arremetió contra el magisterio. Lo humilló. A muchos docentes los
envió a prisión por motivos políticos y a otros lo expulsó de Chiapas. Utilizó
la extinta Agencia Estatal de Investigación (AEI) para amedrentar, coaccionar, doblegar
y se dijo que hasta para torturar a los cabecillas de las manifestaciones
magisteriales.
No
obstante, así como reprimió a miles de maestros también tuvo a sus consentidos.
El
profesor David Aguilar Solís fue uno de ellos. Fue de los pocos que logró
entablar una relación con el torvo gobernador Pablo Salazar, quien lo admitió en
su reducido grupo de cómplices. Ambos formaron un amasiato político que desde
luego implicaba el sometimiento del gremio y un oneroso pago con cargo al
erario público.
La
cercanía de Aguilar Solís con el exmandatario era para muchos envidiable. Se
comunicaban a diario. Pero con quien en realidad se postraba y no se separaba
ni un segundo era con el finado Francisco Mariano Herrán Salvatti, ese
peligroso funcionario, adorador de la Santa Muerte, que se convirtió en un
poderoso fiscal que metió a la cárcel, persiguió y aterrorizó a líderes
políticos, sociales, campesinos, diputados, periodistas y en cierta ocasión
mandó balacear la casa del presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos.
Debido
a esa ceñida relación con Herrán Salvatti, David Aguilar Solís fue intocable
porque a pesar de ser atrapado en pillerías jamás piso una comandancia de
policía, ya no digamos una agencia del Ministerio Público.
Uno
más de los benditos de Pablo fue el docente Jorge Pérez Pérez. Una noche, en
completo estado de ebriedad, manejaba su automóvil a la altura de donde se
encontraba la fuente Mactumatzá y chocó con un taxi, lesionando al chofer y al
pasajero. El accidente a la par de grave, también fue escandaloso.
Cuando
llegaron los agentes de tránsito, policías estatales y municipales, se
identificó como secretario general de la Sección 40 del SNTE. Nunca se supo si
sobornó a los oficiales, pero puede concluirse que sí porque en lugar de ser
detenido como hubieran hecho con cualquier otra persona en un hecho similar, él
fue llevado tranquilamente a su domicilio por los propios patrulleros.
En
2004, las autoridades ministeriales de ese entonces le dieron entrada a la
averiguación previa 669/CAJ4-B/2004 por un frade de 51 millones 497 mil pesos
al patronato del seguro de vida y de retiro de la Sección 40. Sin embargo, nada
más lo hicieron por un mero trámite burocrático, ya que David Aguilar Solís,
Jorge Pérez Pérez y Julio César Chamé Martínez, amigos del gobernador Pablo
Salazar, fueron señalados como los principales implicados.
El
asunto generó airadas protestas entre los maestros, que pedían la devolución
del dinero y el encarcelamiento de los líderes. Pero Aguilar Solís calló la
estridencia mediante la amenaza. Y esa averiguación previa nunca caminó. Se
dijo que Mariano Herrán ordenó que fuera desaparecida y hasta intimidó a las
cabezas visibles de los manifestantes con “se calman y le bajan de huevos”.
Los
profesores tuvieron que apaciguar sus voces de irritación para proteger la
integridad personal y familiar, pues todos conocían de lo que era capaz Herrán,
sobre todo por sus nexos con los poderosos capos de la droga con quienes hizo
amistad cuando se desempeñó como zar antidroga del presidente Ernesto Zedillo.
NUEVA
ETAPA
Tener
amigos poderosos sin duda trae buenas recompensas. David Aguilar Solís se hizo
diputado local y después presidente municipal de Tonalá. Jorge Pérez Pérez posee
una vida envuelta en la riqueza y no hay nadie que se la recrimine, incluso
cuando antes de ser líder magisterial era un taxista miserable y mediocre. En
el caso de Julio César Chamé Martínez ocupa un cargo en la administración
pública pero de otro estado, aunque desde hace más de una década no necesita
trabajar pues se dice que es dueño de un lucrativo rancho ganadero.
En
meses pasados, el presidente de la Comisión Ejecutiva de la Sección 40, Ángel
Paulino Canul Pacab, propuso a votación la renuncia del profesor Rodolfo López
Rasgado como tesorero de la Caja de Ahorros y Préstamos, y fue aprobada por
unanimidad. En su lugar los maestros eligieron a Oralia Tapia Culebro, una
mujer capaz que surgió de la nueva generación de docentes.
Ante
el funesto panorama de impunidad y corrupción que se vivió en el pasado, la conducta
pública que ha mostrado ese sector del magisterio sugiere una nueva etapa de
legalidad, democracia y transparencia en el uso de los recursos.
No
hubo imposiciones como en los tiempos de Elba Esther Gordillo. No han suscitado
nuevos brotes de saqueo a los ahorros de los maestros. Y la rendición de
cuentas es algo que se está haciendo primordial en este liderazgo, que refiere
respeto a los profesores y la protección de sus intereses. Por otro lado, las
reyertas internas que actualmente azoran al magisterio estatal son
fundamentalmente por motivos políticos.
Sin
embargo, el hecho de que esté cambiando el rostro de la Sección 40 entre otras
cosas por el buen ejercicio del poder, no debe evitar que los ex dirigentes antes
mencionados sean sometidos a una profilaxis judicial que cumpla con la demanda
de justicia planteada por los maestros. Porque así como no existen los medios
embarazos, tampoco puede haber justicia completa si antes no se castiga a los
defraudadores.
PARA
MAGDALENA
Muy productiva fue la reunión
que en días pasados sostuvo Eduardo Ramírez Aguilar con el presidente electo
Andrés Manuel López Obrador. Dijo que uno de los temas que se abordaron fue la
austeridad en el Senado, cuyo ahorro podrá ser aprovechado en rubros
importantes y sin que eso afecte el trabajo legislativo. Ojalá que el gran ERA
también se anticipe a lanzar la iniciativa de eliminar los diputados y
senadores plurinominales, que en la mayoría de los casos sólo sirven para el
pago de facturas políticas y proteger criminales. Le deseo lo mejor al comiteco
en su nueva encomienda, y no dudo que su trabajo nos dejará un buen sabor de
boca… Excelente noticia recibió el
Poder Judicial del Estado de que en meses próximos será sede de uno de los doce
módulos del diplomado “Escuela Itinerante de Derechos Humanos de los Pueblos y
Comunidades Indígenas”. El objetivo de este proyecto que cuenta con la
colaboración de importantes instituciones como la SCJN, es la formación y
capacitación de agentes comunitarios promotores de los derechos humanos.
Interesante… ¡Chao!
@_MarioCaballero
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