CON LA FRENTE EN ALTO

1.      El 26 de septiembre de 2014, un convoy de policías atajó varios camiones donde viajaba un grupo de estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, y les disparó a quemarropa. Se dijo que los jóvenes se dirigían a violentar un acto público de María de los Ángeles Pineda, presidenta del DIF municipal de Iguala, Guerrero, y que por eso fueron atacados.

En el enfrentamiento murieron seis personas por heridas de armas de fuego, entre éstas tres estudiantes, y 25 más resultaron heridas. Los testigos dijeron que los oficiales obligaron a los normalistas a subir a las patrullas. 43 en total. Después de eso nada se volvió a saber de ellos.

Sin importarle lo sucedido, el presidente Enrique Peña Nieto decidió viajar a China y no fue sino hasta el 11 de octubre que habló por primera vez del asunto. He aquí un claro acto de indolencia gubernamental aunado a que la PGR atrajo el caso diez días después del incidente.

Jesús Murillo Karam se encargó de las investigaciones y en varias ocasiones trató de dar el carpetazo. Aseguró que los policías habían entregado a los 43 estudiantes al grupo criminal Guerreros Unidos, y que fueron éstos quienes los asesinaron y quemaron sus cuerpos en el basurero de Cocula. Las cenizas fueron esparcidas en el río para que nunca fueran localizados. Pero esta versión fue ampliamente desmentida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Esta investigación sigue abierta a pesar de los “ya me cansé” de Murillo Karam y el “superemos esta etapa” de Peña Nieto, aunque sin ningún resultado.

2.      En medio de la crisis provocada por la desaparición de los normalistas, el 9 de noviembre de 2014, un reportaje de Carmen Aristegui y su equipo reveló la existencia de lo que se conoció como “La casa blanca”, un inmueble valuado en 7.5 millones de dólares y construida por el Grupo Higa, un consorcio con el que el presidente Peña Nieto tiene relación desde el tiempo en que fue gobernador del Estado de México. Quien aparecía como propietaria era Angélica Rivera.

A través de un vídeo, Rivera aseguró que la casa le había costado realmente 53 millones de pesos, dinero que era el fruto de su trabajo en Televisa. Nadie le creyó. Sin embargo, la compra de la propiedad terminó por cancelarse y dos años después el presidente pidió disculpas por el error.

Pero el asunto no quedó ahí. Antes de esa fútil disculpa, el 15 de marzo de 2015, la empresa MVS anunció que la relación laboral con Carmen Aristegui había concluido. Días más tarde, la periodista informó a la revista Proceso que Joaquín Vargas, dueño de MVS, le exigió no difundir el reportaje de La casa blanca, pero ella se negó.

3.      Tlatlaya es un municipio del Estado de México, y una de sus comunidades rurales se llama San Pedro Limón, y es en este último lugar donde supuestamente hubo un enfrentamiento entre narcotraficantes y soldados del Ejército Mexicano del que resultaron asesinados 21 hombres y una menor de edad.

“Julia”, una testigo protegido, contó que lo ocurrido aquel 30 de junio de 2014 no se trató de un enfrentamiento, sino de una ejecución en la que cada persona fue liquidada una por una por los militares. Esto contrasta con lo que informó la PGR en septiembre del mismo año, de que 14 personas murieron en el tiroteo y que las ocho restantes fueron rematadas por los soldados. Peo en octubre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio otra versión: “fueron siete los que murieron en la refriega y 15 los ejecutados”.

¿Qué pasó realmente ese día? Realmente no se sabe. Sin embargo, la Sedena informó que por el caso Tlatlaya habían sido puestos a disposición del Juzgado Sexto Militar ocho elementos del Ejército e internados en el Campo Militar Número Uno de la Primera Región Militar, en la Ciudad de México. No obstante, sólo uno de ellos fue condenado y por una pena mínima de un año de prisión. No hubo justicia.

4.      De no suceder otra cosa, Enrique Peña Nieto culminará su mandato con ocho gobernadores detenidos, dos prófugos y un quebranto al erario de los mexicanos que hasta ahora ha sido imposible cuantificar.

No olvidaremos que el presidente se refirió al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, como “la nueva cara del Partido Revolucionario Institucional”. Pero esa nueva cara está presa ahora mismo acusada de cometer uno de los desfalcos al estado más grandes en la historia de nuestro país a través de un sofisticado esquema de empresas fantasma.

Otro de los gobernadores favoritos de Peña Nieto fue Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo. Fue detenido el 4 de junio de 2017 en Panamá, y el 4 de enero de 2018 fue extraditado a México donde permanece detenido por los cargos de daño patrimonial y blanqueo de dinero.

Sin duda la confianza en los gobernadores era fundamental para mantener la gobernabilidad que se perdió en este país desde la desaparición de los 43 normalistas: la loza que hundió el barco de Peña Nieto.

5.      En una entrevista que el hacker colombiano Andrés Sepúlveda concedió a la revista Bloomberg Businesweek, confesó que dirigió un equipo de hackers que robó estrategias de campaña y manipuló las redes sociales para crear falsas oleadas de entusiasmo y burla contra los opositores de Peña Nieto durante la campaña presidencial de 2012.

Aseguró, además, haber hackeado teléfonos, clonar páginas de internet y enviar correos electrónicos masivos, y realizar intercepción digital, ataque descifrado y defensa. Reveló que instaló software malicioso en los routers de Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a la presidencia por el PRD, lo que le permitió al equipo de Peña espiar los celulares y las computadoras de cualquier persona que usura la red, incluyendo a AMLO. Fue de este modo con que el todavía presidente de la República aseguró su victoria.

6.      A mediados del año pasado, se descubrió que el gobierno federal pagó 80 millones de dólares a la empresa israelí NSO Group, que sólo negocia con Jefes de Estado, para obtener el programa de espionaje electrónico “Pegasus”. El pretexto de la compra era el combate al crimen organizado, pero –después de ser documentado ampliamente- también se usó para intervenir llamadas y mensajes de activistas, periodistas y miembros de organismos no gubernamentales. De este modo, Peña Nieto espió desde el gobierno a sus posibles opositores.

7.      Una investigación realizada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el portal de periodistas Animal Político, reveló que entre 2013 y 2014 al menos 11 dependencias desviaron dinero público a través de 186 compañías a las que se les otorgaron contratos irregulares. De esas empresas, 128 eran fantasma y el fraude llegó a más de 192 millones de dólares.

Algunos de los involucrados son el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo; el secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza; el de Economía y responsable de las negociaciones del TLC, Idelfonso Guajardo, y los exdirectores de Pemex Juan José Suárez Coppel y Emilio Lozoya, éste investigado por el caso Odebrecht.

En el desvío participaron dependencias como Pemex, Sedesol, Secretaría de Agricultura, de Educación, entre otras. También ocho universidades públicas que sirvieron de intermediarias, lo que les dejó una buena comisión.

EL QUID

Después del triunfo de López Obrador se ha venido hablando de que Enrique Peña Nieto saldrá de la Presidencia con la frente en alto, y todo porque se comportó como todo buen demócrata, “sin intervenir en las elecciones”, ni hacer trampas para que volviera a perder el tabasqueño.

Pero ¿cómo puede salir con la frente en alto si todo lo antes mencionado fue provocado por su torpeza, indiferencia y corrupción?

El futuro presidente ha dicho muchas veces que lo suyo no es la venganza, pero debe entender que si la gente votó por él no sólo lo hizo pensando en el cambio, también por justicia.

Si en verdad dice AMLO que su gobierno acabará con la corrupción y la impunidad, tiene que empezar por investigar las matanzas, las desapariciones y los fraudes que aún siguen sin esclarecerse y llegar hasta las últimas consecuencias. Porque no es justo que alguien muera o le roben sin que nadie sea castigado.

Tampoco es justo que un nuevo mandatario llegue prometiendo gobernar con honestidad y con la ley en la mano, y una vez en el poder deje que los políticos corruptos se vayan sin pagar sus culpas. Eso es doble moral. ¡Chao!

@_MarioCaballero