¿CON QUÉ AUTORIDAD MORAL, DON PATRO?

Dice Patrocinio González Blanco que el panorama político y social es sumamente preocupante y grave, con deficiencias y desviaciones que acentúan el gran rezago que padecemos, y que por la corrupción, la impunidad y la incapacidad el gobierno perdió autoridad política y moral que son necesarias para dar legitimidad a sus actos.

¿Con qué autoridad moral puede venir ahora el exgobernador a opinar sobre la situación política de Chiapas? Simplemente, no puede. Está desacreditado. Aunque eso no es lo peor, pues está buscando intervenir el proceso electoral e influir en el proyecto del candidato Rutilio Escandón Cadenas, del que quiere ser su asesor. 

ORÍGENES Y TRAICIÓN

José Patrocinio González Blanco Garrido pertenece a un linaje político con orígenes en el estado de Tabasco. Su tío Tomás Garrido Canabal fue gobernador de ese estado que bajo el pensamiento de Carrillo Puerto encaminó hacia el poder a toda una casta de políticos, entre ellos su cuñado Salomón González Blanco, padre de Patrocinio, que después de disfrutar las mieles del poder traicionó a su benefactor.

Se cuenta que González Blanco Garrido nació en una pequeña isla en el municipio de Playas de Catazajá, que está rodeada por las aguas del río Grijalva. Pero en realidad nació en una finca que hoy se conoce como Estación Número 12 de la SARH, que pertenece a Tabasco. Por la geografía de esa región que es más tabasqueña que chiapaneca, el padre de Patrocinio fue una vez senador por Tabasco y otra por Chiapas.

Sin la ayuda de Tomás Garrido, Salomón González Blanco no hubiera sido nadie y hubiera quedado para la historia nada más como un oscuro miembro de su generación. Sin embargo, traicionó a su cuñado incluso cuando éste en cierta ocasión le pidió al general Cárdenas que lo hiciera Ministro de la Corte.

González Blanco fue funcionario de la Secretaría del Trabajo durante 24 años, empezó como oficial mayor y terminó siendo titular de dicha secretaría en el gobierno de Adolfo López Mateos. Fue ahí cuando se olvidó de los favores que le hiciera Garrido Canabal, la familia y los aliados de éste. Trabando nexos con los Ortiz Mena, hizo a un lado a Tomás Garrido y lo despreció políticamente.

Esa vena traicionera la heredó Patrocinio González, que al rendir protesta como candidato del PRI al Gobierno del Estado rechazó el linaje de los Garrido: “Como político yo soy yo, soy Patrocinio, soy mi formación, mi carrera, mi ideología, mi militancia, mi trayectoria, mi emoción, mi realidad, mis circunstancias y, por encima de todo, hoy soy sólo mi compromiso con ustedes, con mi partido y con el destino y la grandeza de Chiapas”.

Empero, antes ya había estado comprometido con el destino y la grandeza de Chiapas (sic). Eso sucedió cuando Jorge de la Vega dejó el gobierno del estado al ser nombrado secretario de Comercio por el presidente José López Portillo, y quien ocupó la gubernatura fue Salomón González en plena vejez física y política. A la sazón, Patrocinio dirigió los destinos de Chiapas durante casi año y medio, creando un vacío de poder donde imperaron las huelgas, los asesinatos de campesinos y la represión política.

EL IMPERIO DE LA LEY

Cuando asume la candidatura del PRI al Gobierno del Estado, Patrocinio González Blanco hizo alianza con el exdirigente de la CNC Germán Jiménez Gómez, quien fuera opositor de su padre y a quien se le atribuye la matanza de decenas de campesinos en la frailesca, hecho que aceleró la caída de González Blanco. Y desde una prisión en Cerro Hueco, Jiménez le ayudó a Patrocinio a concentrar apoyos en contra de Absalón Castellanos Domínguez. Así, mientras por un lado daba un discurso llamando a la reconciliación de los pueblos, por el otro ganaba la elección bajo amenazas y represión.

González Blanco Garrido gobernó el estado de Chiapas desde el 8 de diciembre de 1988 hasta el 4 de enero de 1993. Durante ese tiempo dirigió una administración que se conoció como El imperio de la ley, que más allá de lo que significan esas cinco palabras dejó como resultado un estado sumido en la pobreza y la violencia, con encarcelamientos políticos, asesinatos y desapariciones forzadas.

Diciendo acabar con la corrupción y la impunidad, metió a la cárcel a funcionarios, colaboradores suyos, exfuncionarios de Castellanos Domínguez y hasta al cura Joel Padrón. Los primeros encarcelamientos se dieron el 12 de enero de 1989, con la detención de Silvino Reyes Calderón, exsecretario de Desarrollo y Obras Públicas, y de Hugo Calderón Vidal, exjefe administrativo, acusados de no concursar las obras. A ellos se unieron los arrestos de más de 20 alcaldes, también del periodo de Absalón Castellanos.

Para evitar que ese supuesto acto de justicia se confundiera con una cacería de brujas de las pasadas administraciones, dijo lo siguiente el 12 de julio de 1989: “Más de un centenar de funcionarios federales, estatales y municipales se encuentran actualmente en proceso de investigación por ilícitos cometidos en el desempeño de su función, que van desde corruptelas hasta abuso de poder”. A pesar de ello, se filtró que muchas de esas detenciones se hicieron de manera arbitraria, sin el debido proceso y sin respeto a los derechos de los supuestos delincuentes.

Además, en ese imperio de la ley, de diciembre de 1988 a marzo de 1989, se cometieron 14 asesinatos, entre ellos el del entonces líder de la CIOAC y Partido Mexicano Socialista (PMS), Sebastián Pérez Núñez, y el de Arturo Albores Velasco, líder de la OCEZ. 

En el primer año de gobierno de Patrocinio González, el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” informó de 362 violaciones a los derechos humanos, resumidos en catorce asesinatos, diez detenciones ilegales y quince desaparecidos. Hubo, también, conflictos agrarios en 48 municipios, siendo Pijijiapan donde se dio el peor resultado: nueve campesinos asesinados por arma de fuego.

En noviembre de 1989, el Observador de la Frontera Sur fue sujeto de una investigación fiscal que duró más de un año. Esa fue la primera intimidación del gobernador Patrocinio González a la prensa. Le siguió el periódico El Día, que dirigía el gran Jorge Toledo (q.e.p.d.). El diario fue incautado en junio de 1990, el director fue enviado a prisión acusado de narcotráfico y, el 7 de junio de ese mismo mes, Alfredo Córdova Solórzano, corresponsal de Excélsior, sufrió un atentado que le produjo la muerte tres días después.

En toda esa represión y violencia tuvo mucho que ver Ignacio Flores Montiel, a quien González Garrido nombró coordinador general de todas las policías del estado (Judicial, Seguridad Pública y hasta la de Tránsito), incluso cuando éste ya había sido enviado a prisión en 1979 siendo secretario de Seguridad Pública de Salomón González Blanco, tras un asalto al ingenio Pujiltic en el que fue inculpado de quedarse con el botín de los ladrones.

Entre junio de 1991 y febrero de 1993, fueron asesinados 15 homosexuales. Se dijo que Flores Montiel había cometido el crimen bajo las órdenes del gobernador. Sucede que meses antes se había corrido el rumor de ciertos vídeos en los que Patrocinio González había sido grabado en situaciones indecorosas, y que eso había dado pie a los homicidios. Otra habladilla, que nunca fue comprobada, dice que uno de esos vídeos estuvo en poder del periodista Roberto Mancilla Herrera, y que por eso lo mataron.

UNA SUMA QUE RESTA

Todos estos son temas que aún permanecen en la impunidad y que pesan en la memoria de los chiapanecos. Por los cuales no tiene ninguna autoridad moral José Patrocinio González ni para opinar sobre la situación de Chiapas y menos para intervenir en el proceso electoral. De ser ciertos los rumores de que quiere meterse como asesor de Rutilio Escandón, debería el candidato saber que esa adhesión en lugar de sumar, resta.

PARA MAGDALENA

El Poder Judicial del Estado de Chiapas se fortalece. A través del Instituto de Formación Judicial se giró la instrucción de impartir actividades de formación y actualización dirigidas a servidores públicos, pero en las que también puede participar la sociedad civil interesada en capacitarse de manera gratuita. En días recientes, el curso tuvo como finalidad actualizar y profesionalizar al personal judicial y coadyuvar en sus labores diarias para fortalecer la impartición de justicia en el estado. Se sabe que el desarrollo va de la mano de la instrucción y capacitación continua, por lo que esto es un logro importante… ¡Chao!

@­_MarioCaballero