EL INFIERNO QUE VIENE

José Antonio Meade ha llegado a un punto donde no tiene nada qué ganar ni qué perder. Estando hoy a 56 días de las elecciones del 1 de julio y a 53 de terminar la campaña, se ve muy difícil que logre alcanzar al puntero en las encuestas. Está estancado en el tercer lugar y con 24 puntos porcentuales por debajo de López Obrador, según el sondeo más actual del Grupo Reforma. Aun así vale preguntar si todavía tiene alguna probabilidad de ganar la Presidencia. Y tal vez sí, sólo una, la peor de todas. 

Hace unos días surgió una polémica a partir de lo dicho por Ricardo Anaya de estar dispuesto a sentarse con el presidente Peña Nieto para negociar una alianza anti-AMLO. “Yo estoy absolutamente abierto a construir con quienes haya que construir para ganar esta elección y darle viabilidad al futuro del país”, fue lo que dijo ante la pregunta de Leonardo Curzio sobre el tema, en la reunión de sostuvo con un grupo de directivos de Citibanamex.

Eso, sin embargo, ya venía hablándose con insistencia desde hace mucho tiempo de que un acuerdo entre el PRI y el PAN sería la respuesta a la pregunta “¿cómo ganarle a López Obrador?”. Por supuesto, Meade Kuribreña declinaría a favor del panista. Empero, tal declinación no tiene viabilidad legal. ¿Por qué?

UNA DECLINACIÓN IMPOSIBLE

En primera instancia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) no contempla tal posibilidad, ya que nada más regula la sustitución de candidatos. Es así que la propuesta de declinación da lugar a varios posibles escenarios.

Escenario número uno: Si José Antonio Meade declina a favor de Anaya, pero sin renunciar formalmente a su propia candidatura priista, los votos que obtengan los partidos que lo postularon contarían para él y no para el panista. Esos votos se perderían. Y si no renuncia y termina quedando en el tercer lugar en la elección, de todos modos sus sufragios no servirían de nada.

Es por eso que Ricardo Anaya está llamando al voto útil, que es una estrategia que se emplea cuando la carrera presidencial queda entre dos candidatos, como por lo regular han sucedido las elecciones en México, donde el que va en segundo lugar pide a la gente que apoya al tercero, cuarto o quinto lugar en las encuestas, le dé su voto para que tenga más fuerza contra el puntero. En este caso, los que vayan a votar por Meade, que no tiene posibilidades de triunfo, voten por él que sí las tiene.

Escenario número dos: En el supuesto de que Meade renunciara a su candidatura a más tardar el 31 de mayo, la coalición ‘Todos por México’ (PRI-PVEM-PANAL) se vería obligada a sustituirlo y los votos serían para el sustituto legalmente registrado ante el INE. Y Anaya no puede ser ese sustituto a menos que se viole la ley, porque la alianza que lo postuló no puede ser modificada para incluir a los partidos que respaldan a Meade, y éstos ni en lo individual ni en grupo pueden apadrinar a Anaya porque él ya fue registrado por una coalición de la que no forman parte, según lo afirma el cuarto párrafo del artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos.

Escenario tres: Si José Antonio Meade renuncia y el PRI, PVEM y Nueva Alianza no lo sustituyen pudiendo hacerlo legalmente, todos los votos que reciban serán anulados por no tener ningún candidato registrado.

Escenario cuatro: Si Meade dimite a su candidatura dentro de los treinta días antes de realizarse la elección, los partidos de la coalición ya no podrán nombrar otro candidato porque la ley se los prohíbe. De tal manera, los sufragios que cosechen también se anularán, esto de acuerdo al artículo 267 de la LGIPE.

Escenario número cinco: Se sabe que las boletas electorales se comenzaran a imprimir el próximo lunes 6 de mayo. Una vez impresas, ya no se podrán modificar aunque hubiera algún cambio. Si Meade es relevado en la candidatura, los sufragios serán para el sustituto. Y como ya vimos antes, éste no puede ser Anaya.

ELECCIÓN DE ESTADO

Sin embargo, no esa la ilegal y fraudulenta declinación a favor de Anaya la peor de las probabilidades de la que hablé en el párrafo inicial de esta columna.

No. Ante la propuesta de Anaya de estar dispuesto a crear un pacto estratégico para impedir que el dueño del partido Morena llegue a la Presidencia, Enrique Peña Nieto respondió: “Nadie negocia conmigo, yo soy Presidente. Los candidatos y sus campañas corren en otro camino. Yo soy presidente de la República y estoy dedicado a trabajar y a cerrar bien mi administración”.

Estoy seguro que hasta el mexicano más positivista dudaría mucho en llamar “administración” lo que Peña ha tenido durante casi seis años, y la única manera en que puede “cerrar bien” su sexenio sería robando la Presidencia a través de una clara Elección de Estado. Y ya dio el primer paso al echar a patadas a Enrique Ochoa Reza y nombrando al priista de la vieja guardia René Juárez Cisneros como nuevo líder nacional del PRI.

Aunque diga el presidente que nadie negocia con él, en un intento de que nadie ligue lo que dice con lo que hace, no puede hacernos creer que en sus planes no está utilizar los vicios y las antiguas prácticas del PRI para no perder el poder. Lo hemos visto hacerlo recientemente en los comicios del Estado de México y Coahuila, donde en el primer caso fue evidentísimo el robo en el que se hizo uso de dinero público para la campaña priista, la compra de votos, la manipulación de los programas sociales, los pactos entre partidos e incluso se habla de que Alfredo del Mazo ganó la gubernatura porque Peña Nieto lo negoció directamente con López Obrador.

A la sazón, ¿por qué Peña Nieto eligió a René Juárez y no a su mano derecha Aurelio Nuño, o a su amigo el senador Emilio Gamboa, o al ex rector de la UNAM y actual secretario de Salud José Narro Robles, que fueron los más sonados para relevar a Ochoa Reza? Simple, porque ninguno de ellos sabe revolcarse tan bien en la podredumbre como Juárez Cisneros, que se ha mantenido en el poder a pesar de tener decenas de denuncias por malversación de recursos públicos, peculado, enriquecimiento ilícito y, especialmente, fraude electoral, como lo acusó el perredista Félix Salgado Macedonio durante los comicios a la gubernatura de Guerrero en 1999.

René Juárez es priista desde hace más de 40 años. Por las siglas del PRI ha sido presidente municipal de Acapulco (1990-1993), diputado federal (1994-97), gobernador (1999-2005) y senador (2012-16), además de haber desempeñado varios cargos en la administración pública, el último de éstos fue como Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación en la administración de Peña Nieto.

Tiene una demanda pendiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por no repartir los recursos a los municipios cuando fue gobernador de Guerrero. Aparte, fue culpado de encabezar grupos de secuestradores y de proteger a narcotraficantes a través de Jaime Figueroa, que fue su jefe de policía.

Hay que sumar la creación del Sistema Estatal de Coordinación Fiscal con la complicidad de los diputados priistas con el que Juárez desvió 115 millones de pesos propiedad de los municipios guerrerenses, la defraudación al erario por la adjudicación de contratos de obra pública a presuntas empresas de su propiedad, la imposición de alcaldes y legisladores en el Congreso local, la reducción del presupuesto al sector salud y educación, y los miles de conflictos magisteriales, estudiantiles, campesinos y obreros que surgieron por su corrupta y autoritaria administración. Supongo que de ahí viene la confianza que le tiene el presidente para “fortalecer” la campaña de José Antonio Meade.

Así que preparémonos para el infierno que viene. Porque con la arrebatada designación de René Juárez Cisneros, un político que no conoce la lealtad, honestidad y legalidad, Peña Nieto y el PRI nos están diciendo que están dispuestos a todo con tal de no dejar la Presidencia en manos extrañas.

Si en Chiapas hemos visto cómo se impuso desde la Presidencia al candidato del PRI al Gobierno del Estado, y cómo supuestamente ahora se está utilizando la estructura del gobierno federal para promocionar su proyecto, obstruir las campañas de los candidatos opositores, el monstruoso despilfarro de dinero público para el acarreo de gente, entre otros delitos electorales, que no quepa duda que enfrentaremos una vasta e ilegal operación de Estado que ya está en marcha en el país para favorecer a Meade. ¿O tal vez a Anaya? ¡Chao!

@_MarioCaballero