EL IEPC Y EL FRAUDE ELECTORAL

Se percibe un fraude electoral el próximo 1 de julio. No como el que tantas veces ha insistido Andrés Manuel López Obrador, operado por “la mafia del poder” y ordenado desde la Presidencia de la República. No. Éste es más cercano, más nuestro, que compete a una sola sociedad: la de Chiapas.

Digo esto porque el pasado domingo 29 de abril, en el marco del arranque de las campañas electorales hacia el Gobierno del Estado, ocurrieron situaciones que según la FEPADE y la Ley Electoral vigente están tipificadas como delitos electorales. Hubo un descarado acarreo de personas, malversación de recursos públicos, supuestos condicionamientos de programas gubernamentales, servidores públicos coaccionando a la gente para que asistieran a tal o cual acto de campaña, regalo de dádivas y hasta bloqueo de caminos para que simpatizantes de candidatos opositores no pudieran llegar al lugar del evento. 

En las elecciones más grandes de Chiapas, la tarea del IEPC, INE y FEPADE está mucho más complicada de lo que aparenta. Y con tantas lagunas legales y tantos intereses políticos de por medio, ¿podrán estas instituciones frenar un posible fraude? Después de lo ocurrido en las elecciones de 2015, las dudas son más que razonables.

LO QUE EL PRI INVENTÓ

La historia no la escriben los ganadores, ha dicho el historiador Javier Garciadiego. La historia política y democrática de México muchas veces ha sido escrita por quienes de alguna forma terminaron siendo víctimas del PRI y de los fraudes electorales. Tal es el caso de las elecciones de 1929, por mencionar una de las más polémicas.

No recordamos aquel proceso electoral por las hazañas de Pascual Ortiz Rubio, ganador oficial de aquella contienda. Lo recordamos por el fraude monumental del partido callista: el crimen contra un sabio, el más grotesco atropello del anhelo democrático, del triunfo ilegal del Partido Nacional Revolucionario, hoy PRI, ante José Vasconcelos.

No podemos hablar de estafas, corrupción e impunidad sin mencionar al PRI. Pues una semana antes de los comicios de 1929, en varias ciudades del país se llevaron a cabo manifestaciones a favor de Vasconcelos; sin embargo, el PNR ordenó eliminar la oposición y en la Ciudad de México los policías acribillaron y mataron a decenas de personas.

El 17 de diciembre de ese año, el Ejército tomó los sitios donde habían sido instaladas las casillas de votación. A la gente se le impidió ejercer su voto, hubo centenares de encarcelados, muchos muertos, en su mayoría estudiantes, y un fraude que se consumó a punta de pistola. Vasconcelos nunca se pudo reponer de su derrota y su mecenas, Antonieta Rivas Mercado, tampoco. Fue el inicio de un partido que se perpetuaría en el poder por setenta años a base de trampas.

Así fue desde entonces. Así ha sido siempre. El PRI ha robado elecciones municipales, estatales y hasta nacionales. “La aplanadora”, como se le conoció desde el segundo tercio del siglo pasado, es el partido que más prácticas fraudulentas ha creado, como el “ratón loco”, “operación carrusel”, “operación tamal”, “el acarreo”, “los muertos vivientes”, “la compra de credenciales” y la más conocida de todas, “la caída del sistema”.

En 1988, Carlos Salinas de Gortari ganó la Presidencia apoyado por el gobierno federal y operativamente por el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz. En esa elección se implementó por primera vez un sistema de resultados electorales preliminares que consistía en informar directamente a la Comisión Federal Electoral los resultados de los distritos electorales vía telefónica.

La famosa caída del sistema se dio cuando el candidato Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano llevaba una ventaja sobre el priista. En ese momento, Bartlett anunció que los resultados no podían revelarse de inmediato porque supuestamente las líneas telefónicas se habían saturado. Pero a medianoche, el presidente del PRI Jorge de la Vega Domínguez, salió ante los mexicanos para anunciar la victoria de Salinas, “con las actas en la mano” según dijo.

Diego Fernández de Cevallos, entonces representante de la bancada del PAN, expresó después de la visita de los candidatos a la Comisión que el sistema “se cayó”, dando a entender que se habían dejado de recibir los datos de los distritos. Y, extrañamente, el triunfo de Salinas se dio a conocer de manera oficial una semana después.

Ahora, con los avances tecnológicos la situación pareciera que en lugar de mejorar, empeora. El 31 de marzo de 2016, la revista Bloomberg Bussinessweek reveló que Andrés Sepúlveda, un pirata informático de origen colombiano, había intervenido la elección de 2012 para asegurar el triunfo de Enrique Peña Nieto.

Con un presupuesto de 600 mil dólares, Sepúlveda encabezó un equipo de seis hackers que robaron estrategias de campaña, manipularon redes sociales para crear falsos sentimientos de entusiasmo y escarnio, e instalaron spyware en casas de campaña de los candidatos opositores. Con este hecho queda comprobado que las técnicas para activar el fraude electoral están ligadas al desarrollo informático y tecnológico más sofisticado.

Irónicamente, los partidos políticos que tanto denunciaron los fraudes del PRI son ahora quienes los utilizan.

CUANDO EL IEPC FALLÓ

Pero ¿qué sucede cuando las autoridades electorales son quienes propician los fraudes?

Con la creación del Instituto Federal Electoral el 11 de octubre de 1990, como órgano auxiliar a la Comisión Federal Electoral, los comicios obtuvieron cierto grado de legitimidad. Las elecciones de 1994 y 2000 son prueba de ello. Sin embargo, paulatinamente fue corrompida por el Poder Ejecutivo.

En Chiapas, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) ha tenido muchas más penas que glorias. En 2006, por ejemplo, se prestó al fraude electoral con el que Juan Sabines Guerrero llegó a ser gobernador del estado.

Fue evidente la utilización de recursos públicos para financiar la campaña sabinista, el empleo de personal del gobierno en tareas proselitistas, la transportación del equipo de campaña en vehículos oficiales, el robo de urnas, el inserción de votos apócrifos a favor de Sabines Guerrero en el mismo edificio del IEPC, etcétera. Y las autoridades electorales no dijeron nada.

Un caso más reciente fue lo ocurrido en las elecciones estatales de 2015, en las que los consejeros electorales no sólo no fueron capaces de instalar el total de las casillas y vigilar el precepto de paridad de género, pues además se pusieron de acuerdo para cometer fraude en la elección del diputado migrante.

Una investigación de la FEPADE encontró que al menos cinco exconsejeros del instituto electoral local alteraron el listado nominal e hicieron que miles de chiapanecos residentes en la entidad pasaran como residentes en el extranjero. Con ello, el 55% de los votos fueron para el PVEM y el 47.17% para el partido Podemos Mover a Chiapas. Fue tal el robo que por primera vez en la historia, el PRI, PAN y PRD no obtuvieron un solo voto.

No fue todo. Se dice que la expresidenta consejera del IEPC, María de Lourdes Morales Urbina, en complicidad con sus homólogos, permitió la estafa en muchos de los municipios donde ganaron los candidatos del PVEM y el PRI. Asimismo en diputaciones federales y locales. A esto hay que sumarle la corrupción, el desvío de recursos financieros del organismo, los aumentos salariales injustificados, el elevado presupuesto solicitado para la organización de esa elección, entre otras arbitrariedades.

¿GARANTÍAS?

Estamos obligados a preguntar ¿qué garantías nos da el IEPC para detener otro fraude electoral similar a los de 2006 y 2015?

Siendo Chiapas un estado donde según datos del CONEVAL ocho de cada diez personas viven en condición de pobreza, ¿cómo le harán las autoridades electorales para evitar la compra del voto? ¿Existe acaso un plan de coordinación entre las dependencias de gobierno, especialmente con las encargadas de programas sociales y de combate a la pobreza, que contemple el cruce de información para saber si el dinero públicos no está siendo utilizado para pagar campañas políticas?

Espero una respuesta. Porque de antemano hay fuertes sospechas de que tres de los cuatro candidatos al Gobierno del Estado usaron dinero de organismos públicos como SEDESOL y PROSPERA para pagar el acarreo de gente a los actos de campaña y que la entrega de muchos de los programas de asistencia social fueron condicionados a los beneficiarios. ¡Chao!

@_MarioCaballero