AL DIABLO LAS INSTITUCIONES

Jamás he creído que Andrés Manuel López Obrador sea la persona indicada para manejar los intereses del país. Tampoco creo que sea capaz de convertir a México en una nación de primer mundo o en una “República Amorosa” como tanto proclama. Ni siquiera apto para resolver los problemas más comunes. Aunque sería un despropósito de mi parte no aceptar que no sólo es el rival a vencer en las próximas elecciones, sino que a partir del primero de julio sea quien probablemente gobierne a los mexicanos.

¿Cómo impedir que López Obrador gane la presidencia? Es, quizá, la pregunta que nadie ha logrado responder con efectividad en Los Pinos y en el PRI. En 2006, Vicente Fox preparó toda una estrategia para derribar la campaña de AMLO, y comprendía desde la calumnia pública hasta el desafuero, que logró gracias a la complicidad del Congreso el 7 de abril de 2005. No obstante, terminó derrotándolo no con eso, sino en las urnas a través de un claro fraude electoral. “Lopitos se burló de mí, pero al fin terminé vengándome de él al hacer que Felipe Calderón ganara la Presidencia”, dijo. 

En uno de los momentos más tensos, el equipo presidencial y los que promocionan la candidatura de José Antonio Meade han intentado muchas maniobras para entrampar al tabasqueño, pero con nulos resultados. Han echado mano de la PGR, del Cisen (agencia de inteligencia civil de México) y de equipos privados de investigación para comprobar los delitos de Andrés Manuel y los posibles nexos de éste con el crimen organizado. También, es evidente que la fiera campaña de desprestigio que se dispersa en su contra desde los medios de comunicación es parte de ese plan. ¿Algún resultado? Ninguno.

La operación más desastrosa que han utilizado es confrontar a Meade Kuribreña con Ricardo Anaya, con el objetivo de posicionar al priista en el segundo lugar de las encuestas en un intento desesperado de acercársele al candidato puntero. La misma estrategia de emplear a las dependencias de procuración de justicia contra AMLO la hicieron con el panista. Sin embargo, se les volteó el chirrión por el palito, pues debido a esos absurdos enfrentamientos por cada punto porcentual que pierde Meade o Anaya, López Obrador lo suma para su causa. Por eso el despunte del dueño de Morena en las últimas semanas.

Si todo esto no ha funcionado conforme a lo planeado, ¿qué debe hacer el PRI y la presidencia de Enrique Peña Nieto para derrotar a AMLO?

El último recurso del que se han servido es manipular las leyes y las instituciones. En concreto, las candidaturas independientes y las instancias electorales.

PARADOJAS

“El tiempo de las armas no es el de las leyes”, escribió Plutarco. La frase invita a revisar la ley electoral diseñada por los partidos, especialmente por el PRI. Para ser candidato independiente a la Presidencia de la República sólo hay dos caminos: perder con limpieza o ganar con trampas.

En primer lugar, quedó especificado que quien deseaba dicha candidatura debía reunir 867 mil firmas en al menos 17 estados, teniendo en cada uno de ellos el 1% del padrón electoral. Cosa nada sencilla para aquellos que no tenían de antemano un cuerpo de colaboradores expertos y operadores políticos, como la indígena María de Jesús Patricio, “Marichuy”.

Y, de modo lógico, los que declararon haber cubierto la cuota de firmas fueron los que no encontraron nominación en el PRI, PRD y PAN, tales son Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco”, que en el caso de la primera siendo esposa del ex presidente Felipe Calderón y militante de Acción Nacional, tenía respaldo de las bases panistas, bastos recursos económicos y miles de simpatizantes. Por otro lado, El Bronco venía de ser gobernador del estado de Nuevo León.

En segundo lugar, el INE creó una aplicación para recabar las firmas que sólo funcionaba en teléfonos celulares de gama media, por mucho un recurso discriminatorio en un país con más de 50 millones de pobres. Sin duda, las condiciones no fueron justas para los participantes. Fueron trampas en toda la extensión de la palabra.

Marichuy recorrió buena parte del país con sólo 600 mil pesos y una suma solidaria de préstamos. A unos días de terminar la contienda, su comitiva se accidentó en el desierto del Vizcaíno, donde murió una persona y varias resultaron gravemente heridas. Al final, recabó cerca de 300 mil apoyos (una tercera parte de lo requerido), y lo loable es que de esos el 93 por ciento de las firmas fueron válidas.

En cambio, Ríos Piter presentó poco más de dos millones de firmas, pero obtuvo menos registros lícitos que Marichuy. Margarita Zavala tuvo inconsistencias en 327 mil firmas, y aun así obtuvo la aprobación para convertirse en la cuarta candidata presidencial. Con esos criterios, ¿se puede confiar en alguien que permitió tal cantidad de abusos? El caso de Zavala es equivalente al del ex alcalde de San Blas que se excusó diciendo que “robó poquito”. Jugar limpio no sirve nada.

EL BRONCO

Entre las anomalías de Jaime Rodríguez Calderón está que el 58% de las firmas que entregó son apócrifas, 810 mil 995 no se encontraron en la lista nominal, 158 mil 532 son simulaciones de firmas, 205 mil 721 fueron tomadas de fotocopias y 23 mil 644 no tienen documentos válidos. Además, se le descubrieron 17.3 millones de pesos de financiamiento sospechoso, al menos 680 mil pesos provienen de triangulaciones de empresas de legalidad dudosa, no reportó el gasto de un millón 600 mil pesos e hizo un pago a Facebook por 1.1 millones de pesos que no comprobó.

Aparte, se le acusó del uso de dos empresas no registradas en el padrón de proveedores, de la captura de miles de firmas en un mismo domicilio y en horas de la madrugada y de que utilizó a funcionarios del gobierno de Nuevo León que están siendo investigados por juntar firmas en días y horas hábiles.

Con todo eso, el INE negó darle el registro. Por lo que El Bronco hizo berrinche e impugnó el dictamen. ¿Tiene sentido hacer trampa para protestar contra la injusticia?

Irónicamente, sí. Porque hace unos días el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE que le otorgara el registro como candidato independiente a la Presidencia, basado en que el INE no le otorgó al inculpado la garantía de audiencia para revisar la totalidad de los apoyos inválidos. Esto a muchos dejó perplejos. Y no hay otra manera de explicar el fallo del máximo órgano electoral, que diciendo que en la democracia mexicana siempre hay lugar para los tramposos.

Que se pongan candados legales para evitar las candidaturas independientes y que después se haya utilizado al Tribunal para romperlos, no es casualidad.

AL DIABLO

Desde hace tiempo, el Tribunal Electoral viene arrastrando una serie de eventos electorales desafortunados. Nada más el año pasado desechó las denuncias de que el gobierno federal intervino en el triunfo del priista Alfredo del Mazo en las elecciones del Estado de México, y de los desproporcionados gastos de campaña que documentó el INE en los comicios de Coahuila. En fin, es un órgano ciego y sordo, y posiblemente hasta cómplice.

Por casos como esos, que pueden tomarse como permisos para cometer chanchullos, se ha vuelto normal que el PRI regale tinacos, que el PVEM reparta tarjetas con dinero, que Morena no respete los gastos de campaña, que el PAN nos atiborre de spots en veda electoral, y no pasa nada. Pero que el Tribunal Electoral haga malabares jurídicos para meter a un candidato con muchos y evidentes ilícitos, no es normal.

Porque, a la verdad, ¿a quién conviene o a quién perjudica que El Bronco aparezca en el boleta? Saque usted mismo sus conclusiones.

Pero más allá de eso, ¿dónde queda la credibilidad de las instituciones?

El 1 de septiembre de 2006, rechazando el fallo del Tribunal Electoral, Andrés Manuel convocó a la resistencia y gritó: “Qué se vayan al diablo con sus instituciones”. Han sido los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto los que han prostituido las instituciones al ponerlas al servicio de sus propios intereses. Si la crítica de AMLO tiene fundamentos es precisamente por ellos, que se empeñaron en revivir el corporativismo, en pervertir los órganos regulatorios, en negociar la ley y en debilitar la credibilidad de los árbitros.

Una victoria de Andrés Manuel significaría un retroceso; pero que el PRI y el gobierno utilicen las instituciones para combatir a sus enemigos profundiza nuestra crisis como país democrático. ¡Chao!

@_MarioCaballero