El desconcierto que hay en el presente
proceso electoral es sólo una manifestación de las fuerzas que tienen a la
sociedad chiapaneca dividida, indignada y confundida. Tal vez algún día Chiapas
será un estado moderno y hospitalario para sus propios hijos, pero no antes de
resolver los grandes problemas conocidos: desigualdad, violencia, pobreza,
marginación, corrupción, impunidad y la dificultad para lograr acuerdos
políticos.
Todos, sin excepción, afectan la
vida diaria de los chiapanecos. Sin embargo, la corrupción, la impunidad, la
violencia y la pobreza son los males que alcanzan de manera cruel, tangible y
frecuente a la mayoría. Son cuatro tragedias que después de dos décadas no
tienen ni siquiera un pequeño atisbo de solución.
CUATRO
TRAGEDIAS
La corrupción no es mal congénito
como lo diagnosticó el presidente Peña Nieto. Es algo que apesta, que ataca a
la nariz. Una advertencia de que estamos ante lo podrido. La corrupción es una
transgresión que se revuelve entre lo público y lo privado, que al podrir la
línea divisoria mezcla la ambición con el deber. Por eso suele vincularse a una
forma natural de evadir los requisitos de la ley. Frente a la vaguedad de la
norma está la presencia ubicua de la mordida. “No sea malito, mi jefe, no me
quite la placa. Ayúdeme y le dejo para el refresco”. Y para que exista es necesaria
la complicidad.
A nadie, supongo, habrá
sorprendido el reporte de Transparencia Internacional que nos confirma que
México sigue empeorando. El estudio reciente nos dio una cachetada con datos.
De 180 países estudiados, estamos en el 135. De 100 puntos posibles, alcanzamos
29. No llegamos si quiera a 3 de 10. En este índice estamos en la cola de los
miembros de la OCDE, en los últimos lugares del G20, al final de los
integrantes de la Alianza del Pacífico. Pero hay más. Estamos por debajo de
países similares al nuestro. En una región que no sobresale por un estricto
respeto al Estado de Derecho, apenas estamos por arriba de Guatemala,
Nicaragua, Haití y Venezuela.
De acuerdo con las últimas estadísticas
del INEGI, Chiapas está en los primeros lugares de los estados más corruptos de
la República. Quienes encabezan los actos de corrupción –dice el reporte- son
los servidores públicos.
Según la Encuesta Nacional de
Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016, las
entidades con mayor porcentaje de corrupción son Tabasco con un 92.7%; Veracruz
con 92.1%; Ciudad de México, 91.5%; Nuevo León, 88.7%; Jalisco, 88.6 por ciento
y Chiapas con 88.5%. Además, dicha encuesta detalló que la principal causa se
produce en la agilización de trámites en las empresas. La segunda es la
disposición para evitar multas e infracciones y, tercera, el modo fraudulento
para obtener licencias y permisos.
La herramienta Data-Coparmex
reveló que Chiapas es uno de los tres estados con mayores niveles de corrupción
en trámites públicos con 58 por ciento, sólo por debajo de Quintana Roo que
alcanza 61% y Tabasco con 68%.
Otro indicador demuestra que los
principales promotores de estos actos son los policías, diputados, presidentes
municipales, senadores, jueces, ministerios públicos y los altos funcionarios
del gobierno. Por la irrefrenable corrupción, Chiapas quedó endeudado por más
de 40 mil millones de pesos al finalizar el gobierno de Juan Sabines Guerrero,
deuda que pagaremos durante más de 30 años.
Otra realidad nociva para los
chiapanecos es el grado de impunidad.
En 2013, la PGR admitió una
demanda contra el ex gobernador Juan Sabines y cincuenta de sus funcionarios.
De eso nadie ha sido enviado a la cárcel. Por la impunidad, 5 mil tzotziles
vivieron desplazados en las montañas durante casi un mes por el conflicto
territorial entre Chalchihuitán y Chenalhó. De eso más de diez personas
murieron de hambre y frío y nadie fue responsabilizado.
Desde 2013, la CNTE ha venido
realizando una serie de atropellos a los derechos humanos, al Estado de
Derecho, a la sociedad y ha puesto en evidencia la incapacidad del gobierno
para encontrar una solución a la problemática, y todo bajo el pretexto de echar
atrás la Reforma Educativa. Los líderes magisteriales como Pedro Gómez Bámaca,
Alberto Mirón, Adelfo Alejandro Gómez y Armando Falconi no sólo se han
enriquecido a través de las marchas, sino que lo han hecho con soberbia
impunidad.
Por la impunidad, desde el
sexenio pasado hay 25 concesiones mineras que operan sin reglamento ni norma
alguna en la reserva de la biosfera El Triunfo, y los efectos de la explotación
ha causado graves problemas de salud entre los habitantes de la región.
Por la impunidad, muchos
políticos saltan de un cargo público a otro sin ser investigados y menos siendo
enjuiciados por los crímenes que han cometido. Ahí tenemos, verbigracia, a Diego
Valera Fuentes que obtuvo un espacio en el Congreso de la Unión después de ser
acusado de cometer un fraude de más de cinco millones de pesos a la Secretaría
de Pesca y Acuacultura. O Rafael Guirao Aguilar, del PVEM, que también logró
una diputación federal como premio a la corrupción, abusos de autoridad y
despotismo que encabezó al ser alcalde de Chilón en el periodo 2012-2015.
Un fenómeno más que está matando
a los chiapanecos es la violencia.
Chiapas es considerado uno de los
estados más seguros del país, bueno para la inversión y para cohabitar en
sociedad, pero nada más el año pasado ocurrieron más de cien asesinatos, cantidad
en realidad inigualable con lo reportado por estados como Michoacán, Guerrero o
Veracruz que lidian diariamente con los grupos criminales.
Siendo la puerta de entrada a
Centroamérica, la frontera sur de la entidad es el paso inevitable de indocumentados
y tráfico de drogas y armas. Es ahí donde las autoridades federales se coluden
con las bandas delincuenciales que trafican, secuestran, violan, extorsionan a
los comerciantes de la zona, asesinan y explotan sexualmente a las mujeres. Eso
es un cáncer que permanece intocable desde hace décadas.
Especialistas de Fomento
Económico de Chiapas dijeron que durante el 2017 se cometieron casi 70 delitos
diarios en el estado. Hasta diciembre de ese año la cifra fue de 25 mil 364.
Cabe mencionar que esa información proviene de los registros de las
averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas en la Fiscalía
General del Estado.
Con base a los datos publicados,
entre los crímenes que más destacaron están 475 homicidios dolosos, 878
homicidios culposos, 21 secuestros, 159 extorsiones, 2 mil 976 robos de
vehículos, mil 318 robos a casas, mil 619 robos a negocios, mil 529 robos a
transeúntes, diez robos a bancos, 223 asaltos en carreteras, mil 144 lesiones
dolosas y 667 violaciones. Entre 2016 y 2017 hubo un incremento en la tasa
delictiva de 14.3 por ciento.
Por otro lado, los históricos conflictos
por la tenencia de la tierra han dejado una larga y ancha estela de sangre por
casi todo el territorio chiapaneco. No podemos soslayar que en los últimos años
los conflictos políticos cobraron sus propias víctimas, como Sergio Antonio
Zenteno, alcalde de Bochil; Domingo López, presidente municipal de San Juan
Chamula y Luis Hernández Cruz, líder de la CIOAC en Chiapas.
Finalmente, Chiapas es el estado
más pobre de México con el 76.2 por ciento de la población viviendo en pobreza,
que equivale a 3 millones 961 mil personas, de las cuales un millón 629 mil 200
viven en pobreza extrema. Los habitantes de comunidades indígenas carecen de
servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y para tener asistencia
médica tienen que caminar hasta dos horas.
UNA
SOLUCIÓN
¿Qué tienen en común estas cuatro
tragedias? La ambición por el poder y el dinero. O, mejor dicho, a los
gobernantes y la clase política que se las han arreglado para secuestrar las
instituciones del Estado encargadas de regularlos y limitar sus prácticas
abusivas. Ese secuestro perdura cuando la democracia falla.
Lamentablemente, algunos (no
todos) de los que pretenden gobernar el estado están más preocupados por apoyar
los intereses personales y de ciertos grupos políticos y empresariales que los de
los chiapanecos. Votar por uno de ellos no traería ninguna solución, sino otros
seis años de tragedia.
Irónicamente, la solución es tan
obvia como difícil de realizar: esta vez reparar la democracia significa votar
por la experiencia y la capacidad que Chiapas necesita en el próximo
gobernador. No hay prioridad más importante. ¡Chao!
@_MarioCaballero
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