UN DIGNO MAGISTRADO

“El hombre vale por lo que sirve, no por lo que sabe y menos por lo que tiene”, dijo una vez Manuel Velasco Suárez. La frase va de acuerdo con Juan Óscar Trinidad Palacios que fue elegido por unanimidad del Congreso del Estado como nuevo presidente del Poder Judicial de Chiapas. Llegó con la encomienda de poner todos los recursos al servicio de los chiapanecos y atender las demandas en materia de justicia que a partir del martes 16 de enero de 2018 son su única y gran responsabilidad.

Ciertamente, no es fácil hablar de la administración y procuración de justicia en Chiapas, y menos si se dedica a los dos periodos gubernamentales pasados. Sin autonomía, voz e iniciativa propia, el Tribunal Superior de Justicia del Estado fue convertido en una institución al servicio de cada gobernador en turno. Es decir, estaba encargado de proteger los intereses del gobierno y no de la sociedad, que quedaba en la incertidumbre por la falta de equilibrio en los poderes. 

Fundado el 29 de abril de 1825, el Tribunal Superior de Justicia ha pasado por un largo proceso de degeneración y enviciamiento. Si no era utilizado para acomodar en la nómina a familiares y amigos de los mandatarios, daba impunidad a la corrupta y arbitraria clase gobernante, o bien, operaba para amedrentar o callar las voces de la oposición. Muchos líderes políticos y sociales fueron testigos de la mano represora y hostil del Poder Judicial.

¡QUÉ TIEMPOS AQUELLOS!

Victoriano Huerta fue un dictador sanguinario que cierto día mandó a disolver el Congreso de la Unión por medio de la fuerza pública. Los diputados que no estaban a favor del régimen o no aprobaban los métodos con que Huerta gobernaba el país, fueron enviados a prisión sin ninguna justificante. Del mismo modo, gobernadores como Pablo Salazar Mendiguchía y Juan Sabines Guerrero hicieron con el Parlamento local y el Tribunal Superior de Justicia.

El 24 de marzo de 2001, el ex gobernador Pablo Salazar envió un grueso grupo de policías para impedir que los magistrados nombraran como titular del Poder Judicial del Estado a Jorge Clemente Pérez. Fue esa la primera demostración de despotismo y antidemocracia de una administración gubernamental que tuvo una autoridad absoluta que nunca respetó las leyes ni fue limitada por ningún control constitucional.

Clemente Pérez, junto con un grupo de abogados, combatió a Salazar con todas las herramientas legales a su disposición para hacer valer su nombramiento, pero todo el esfuerzo fue infructuoso. Como una medida del todo respetable, demostrando su compromiso con la institución y la sociedad, el jurisconsulto instaló una carpa en el Parque Morelos, hoy Bicentenario, donde por varios meses despachó los asuntos del Tribunal.

Ante el abuso de Pablo Salazar, la Procuraduría General de Justicia de Chiapas nombró a Enrique Robles Domínguez como presidente del Poder Judicial, pero duró pocos días en el cargo. El gobernador lo destituyó y puso en su lugar a Juan Roque Flores, que meses después fue sustituido por Milton Escobar Castillejos. Este último, casi al finalizar el periodo salazarista fue acusado de participar en el asesinato de un detenido. Pero como todos los casos legales que llegaron a dicha dependencia, éste terminó en la gaveta de algún archivero.

Durante el sexenio de Juan Sabines Guerrero la situación no siguió igual, sino empeoró. La titularidad del Tribunal Superior de Justicia recayó en primer lugar en Sonia Simán Morales que por conflictos de intereses con el ex gobernador fue relevada por el abogado Juan Gabriel Coutiño Gómez, que fue una de tantas imposiciones salidas de Palacio de Gobierno y no un nombramiento apegado a los estatutos que mandata la ley.

Coutiño Morales ostentó la presidencia del Poder Judicial del 30 de septiembre de 2008 al 15 de agosto de 2012. En ese lapso de tiempo reinaron la intolerancia y los abusos de poder, con un Tribunal a modo, doblegado, al servicio del poder y dedicado a encubrir los delitos de los funcionarios sabinistas.

En mismo sexenio, quien reemplazó al orondo abogado Juan Gabriel Coutiño fue Rolando Ramos Rovelo que fue acusado de la falsificación de firmas para la liberación de pagos irregulares bajo el concepto de “compensaciones” a funcionarios. Fue una estafa de varios millones de pesos. En el derroche de cinismo, el delito fue reconocido por todos los implicados en el delito, pero el asunto quedó impune.

El cómplice de Ramos Rovelo fue el hermano de Mauricio Perkins Cardoso, Carlos Fernando, que como oficial mayor controlaba las finanzas del Poder Judicial del Estado. Hoy, los hermanos Perkins Cardoso están sindicados en una demanda en poder de la Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de funciones, organización delictuosa, entre otros.

OTROS TIEMPOS

Al mando de Rutilio Escandón Cadenas, el Poder Judicial del Estado dio un paso importante hacia el progreso del sistema jurídico mexicano. Recientemente fue reconocido por instancias judiciales de renombre por ser promotor de un Estado democrático de Derecho que defendió las garantías y los derechos humanos.

Hasta el mes de agosto de 2017, la administración de Escandón Cadenas logró resolver 26 mil 830 casos, consolidar el Nuevo Sistema de Justicia Penal, establecer 66 Juzgados de Primera Instancia y beneficiado a mil 933 personas con sentencias suspendidas y desistimientos de demandas. Por otro lado, su desempeño ha sido respetado por la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos.

Algo en verdad encomiable en la labor del ex magistrado presidente fue el combate y prevención de la trata de blancas. Asimismo, la protección, asistencia y atención a las víctimas de ese delito.

El nombramiento de Escandón Cadenas como presidente del Tribunal Superior de Justicia vino a acabar con esa larga serie de imposiciones. Fue elegido en enero de 2013 por la Comisión Permanente del Congreso del Estado, y hasta el día 15 de enero pasado la dependencia de justicia obtuvo credibilidad, confianza y se reivindicó después de tantos años de vivir entre abusos de autoridad y corrupción.

TRINIDAD PALACIOS

En su último libro, La alternativa, el filósofo Luis Villoro se concentró en la idea de que el dibujo de otro mundo es posible. La consideración de Manuel Velasco que lo postuló y la aprobación de todos los legisladores en el Congreso local, es señal contundente de la confianza que hay en Juan Óscar Trinidad Palacios para asumir la presidencia del Poder Judicial del Estado y que desde ahí vele por los intereses de los chiapanecos.

Trinidad Palacios es un abogado orgulloso de sus raíces. Nació en el caluroso municipio de Tonalá, Chiapas. Desde muy pequeño aprendió los valores de la honestidad, el servicio a los demás y el trabajo, mismos que lo llevaron a conducirse con profesionalismo e integridad en cada uno de los cargos públicos que ha desempeñado a lo largo de la vida.

No es ningún improvisado. Es un profesional con experiencia en la abogacía, en la academia, en la política, en la labor legislativa, en el sector notarial, en el liderazgo de organismos colegiados, en la procuración de justicia y en la defensoría de los derechos humanos, esta última faceta como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Para esa encomienda, la LXV legislatura del Congreso local lo eligió en enero de 2014 después de analizar las propuestas que presentaron 18 organismos públicos y privados, entre universidades de prestigio y colegios de profesionales. En ese profundo examen, Trinidad Palacios resultó con el mejor perfil para ocupar el puesto de ombudsman.

En la CEDH puso todo su esfuerzo en la divulgación de los derechos humanos, en la realización de recomendaciones, en la exigencia de justicia y reparación de daños, castigo a las injurias y violaciones a los derechos de la sociedad que por mucho tiempo esperó que sus reclamos tuvieran eco en dicho organismo que, al igual que el Tribunal Superior de Justicia estatal, se desvió de sus responsabilidades para rendirle pleitesía al poder.

Otro mundo es posible, dijo Luis Villoro. Por todo lo anterior hay confianza y seguridad de que Juan Óscar Trinidad gobierne con honestidad, profesionalismo y equidad al Tribunal Superior de Justicia y éste sea un verdadero instrumento de uso jurídico y burocrático contra la impunidad. Alea jacta est. ¡Chao!

@_MarioCaballero