Hay
una red de corrupción en el Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia
Legal de Chiapas. Tal parece que una mafia se apoderó de la dependencia.
Trafican influencias, extorsionan, lucran con los trámites y se embolsan
millones de pesos. Lo peor es que el que está detrás de todo el tejido
delincuencial ni siquiera es chiapaneco.
La
Consejería Jurídica depende directamente del Poder Ejecutivo Estatal. Tiene
como principal función proporcionar asesoría y apoyo jurídico al gobernador
Manuel Velasco Coello. Asimismo asistir a las dependencias y entidades que
integran a la Administración Pública del estado y de los municipios, y brindar
orientación, atención y seguimiento a las gestiones de la sociedad. Esto, como
menciona la página web del organismo: “contribuyendo al fortalecimiento del
Estado de Derecho y a la cultura de la legalidad”, pero no es el caso.
A
la Consejería Jurídica pertenecen la Dirección de Catastro, Archivo General y
Notarías, Patrimonio, Registro Civil, Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, Normatividad, Asuntos Fiscales y Administrativos, de lo Contencioso y
de Asuntos Constitucionales, por mencionar algunas. Y en estos órganos
institucionales es donde hierve la podredumbre y las negociaciones bajo la
mesa.
UNA
PROBADITA
En
la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, se instituyó el Sistema
Nacional Anticorrupción como instancia de coordinación entre las autoridades de
todos los órdenes de gobierno para la prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la
fiscalización y control de los recursos públicos. Por tanto, el gobierno de
Chiapas tiene la obligación de echarlo a andar en el estado. Y entre el grupo
de instituciones participantes en el proyecto está el Instituto de la
Consejería Jurídica y de Asistencia Legal.
Cuando
Jesús sanó a un hombre endemoniado los Fariseos murmuraron que lo hacía en
nombre de Belcebú. Y mientras cavilaban, Jesús se les acercó y les dijo: ¿Puede
Satanás echar fuera a Satanás? Ahora bien, ¿puede un organismo con sospechas de
corrupción y embarrada en la delincuencia, como la Consejería Jurídica, curar
la corrupción? Imposible.
En
octubre del año pasado, se firmó un manifiesto entre el subconsejero jurídico
de Regulación Patrimonial, César Arturo Esquinca Cosío, y el entonces director
del Registro Público de la Propiedad en el que se comprometían a combatir la
corrupción en dicha dependencia. Pero fue una farsa. Porque en junio de 2017
estalló un escándalo donde Haydee Ocampo Olvera, hija de la diputada local
priista María Olvera Mejía, fue denunciada por el despojo de 48 hectáreas que
son propiedad del empresario chiapaneco José Luis Orantes Aramoni.
Para
cometer la fechoría, Ocampo Olvera falsificó dos escrituras, una de compra y la
otra aparentemente expedida por el Registro Público de la Propiedad, donde
además pueden estar involucrados funcionarios y empleados de la Dirección de
Catastro. Complicidad y proteccionismo.
De
nada sirvió el manifiesto. Continuaron el tráfico de influencias, la extorsión,
el coyotaje y el pago de favores.
En
la enmarañada red de corrupción están coludidos varios organismos de la
Consejería, titulares y trabajadores de los mismos, empresas, consultorías, líderes
de colonias y hasta notarios públicos.
En
2013, la Notaría No. 13 en el estado se prestó a realizar una escritura emitida
por el Registro Público de la Propiedad, en la colonia Montes Azules, en Playas
de Catazajá, afectado a trescientos colonos. El fraude se supo luego de que el
Tribunal Superior de Justicia diera la sentencia de nulidad de la escritura
bajo el expediente civil 367/2001, pues no se pudo comprobar la legalidad de
los actos.
Se
dice que el trámite fue realizado por una persona de los llamados “coyotes”,
que elaboró los planos sin contar con registro profesional. Luego acudió a la
Dirección de Catastro para el visto bueno y el Registro Público fue la
instancia encargada de realizar la escrituración de los predios.
Posteriormente, el notario número 13, con sede en la ciudad de Palenque, dio autenticidad
a los hechos.
Estos
son sólo unos ejemplos.
ÓSCAR
MUÑOZ BARRERA
El
consejero jurídico del gobierno del estado es el Dr. Vicente Pérez Cruz,
nombrado a mediados de diciembre de 2012. Es originario del municipio de Chiapa
Corzo y de profesión abogado, egresado de la Facultad de Derecho de San
Cristóbal de las Casas. Es un hombre experimentado en la abogacía y experto en
el manejo de las leyes. Tiene dos maestrías y un doctorado, aunque éste sin
cédula. Durante la campaña a la gubernatura fue asesor jurídico de Manuel
Velasco.
No
endilgo ninguna culpa, pero ¿llegará la corrupción hasta el doctor Pérez Cruz? ¿O
es una “víctima” más de la delincuencia que opera en la Consejería? Es difícil
saberlo. Sin embargo, como titular de la dependencia es el principal responsable
de todo lo que ahí ocurre y por consecuencia un sospechoso más.
Pero
si no es él, entonces ¿dónde están los responsables?
Óscar
Francisco Muñoz Barrera ocupó por unos cuantos días el cargo titular en el
Instituto de la Consejería Jurídica, pero fue destituido por no cumplir con el
requisito de residencia chiapaneca y en su lugar fue nombrado Vicente Pérez,
pero se sospecha que él es quien en verdad manda en la Consejería Jurídica.
Óscar
Muñoz es proveniente del estado de Tamaulipas y es hijo de Manuel Muñoz Rocha,
el ex diputado que desapareció en 1994 después de que fuera acusado de ordenar
el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, cuñado de Carlos Salinas de
Gortari. Muñoz Rocha fue señalado incluso por el propio asesino material:
Daniel Aguilar Treviño.
En
las elecciones de 2015, sin una aparente potestad Muñoz Barrera fue visto
designando representantes de partido en el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC). No es una persona experimentada en el ejercicio
jurídico, pero en la actualidad ocupa el cargo de la Sub Consejería Jurídica
Normativa, donde tiene el poder para imponer y destituir funcionarios en diversos
organismos, como la Dirección de Registro Público de la Propiedad, Catastro, de
Notarios, del Archivo Público, entre otros.
En
febrero de 2017, el Colegio Estatal de Notarios del Estado de Chiapas denunció
la existencia de un grupo de notarios dedicado a estafar a la gente a través de
los diversos servicios notariales. Dijeron que éstos utilizan su poder para
robar a las personas con servicios legaloides, y a pesar de las demandas de los
particulares los actos siguen impunes. Se presumen que quien los protege es Óscar
Muñoz Barrera.
En
enero de 2015, un grupo de ocho personas tomó por asalto las oficinas administrativas
del Congreso del Estado, prácticamente secuestraron a los trabajadores. Dijeron
que habían llegado por instrucciones superiores y que pobre de aquel que
intentara detenerlos. Lo grave no fue sólo la violación de la soberanía del
Poder Legislativo, sino porque robaron valiosa información guardada en las
computadoras de los Servicios Administrativos del Congreso. ¿Con qué fin lo
hicieron? No lo sabemos.
Uno
de los empleados, ofendido, preguntó que quién los había mandado. “Venimos por
órdenes del licenciado Óscar Muñoz Barrera, de la Consejería Jurídica”,
respondieron.
LA
TRAICIÓN
La
ira de los chiapanecos tiene sus razones: la corrupción y la impunidad. Si
Óscar Muñoz fue capaz de atentar contra uno de los Poderes del Estado, podemos
presumir que es capaz de cometer cualquier crimen.
Desde
hace tiempo se rumora que detrás de los escándalos de corrupción de la
Consejería Jurídica hay una “instrucción superior”, una persona tras bambalinas,
que ordena sacar provecho de todos los servicios de la dependencia en aras de
afectar la imagen del gobernador Manuel Velasco Coello. También, se dice que es
un funcionario que no es de Chiapas y que está jugando un papel importante en
la sucesión gubernamental del próximo año.
Por
mandato de este fuereño se falsifican documentos, se cobran cuotas por agilizar
los trámites, se roban terrenos que después son legalizados por notarios a
modo, etcétera. Estos delitos deben ser investigados hasta sus últimas
consecuencias, hasta dar con el o los responsables.
Mientras
tanto, ¿es Óscar Muñoz Barrera quien está detrás de los delitos? ¿Él mueve los
hilos de esta organización criminal? De ser cierto, ¿por qué lo hace? ¿A quién
obedece? ¡Chao!
@_MarioCaballero
yomariocaballero@gmail.com
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