¿Y SI ELIMINAMOS AL IEPC?

Ante la proximidad de las elecciones 2018, es inaceptable que no existan ofertas reales y novedosas por parte de los partidos políticos que busquen reforzar nuestra democracia, tan frágil como las leyes que la sostienen. Sin embargo, son tres las cosas que deberían cambiar e instaurarse en la legislación: la segunda vuelta electoral, la obligatoriedad del voto y la eliminación de los organismos electorales de los estados.

La segunda vuelta electoral vendría a dar mayor legitimidad a los gobiernos; la obligatoriedad del voto, al determinar sanciones para los no votantes, robustecería la democracia y haría más complicada la compra de los sufragios porque con tanta gente obligada a votar no les alcanzaría el dinero a los partidos para pagarles a todos. 

Por último, podrá acusarme de ser centralista, pero me parece absurda la existencia de un sistema dual para la organización de las elecciones en México. Sobre todo después de las acusaciones de fraude en Coahuila, que se repite y multiplica en todas las entidades. Ha llegado la hora de desaparecer los organismos locales y dejar que el Instituto Nacional Electoral (INE) sea el único responsable de organizar todos los procesos en el país.

EL FRAUDE EN COAHUILA

Humberto Moreira, candidato a diputado plurinominal local por el Partido Joven y ex gobernador de Coahuila, dijo que su hermano Rubén, actual gobernador del mismo estado, le robó la elección.

Y aportó pruebas. Dijo que su amigo El Tato llevó a una casilla a 18 de sus familiares a votar por Humberto, pero al hacer el cómputo en esa casilla sólo salió uno por el Partido Joven. Otro amigo, Pancho Colonias, llevó a ochenta familiares a otra casilla a votar por Humberto, y a la hora de contarlos nada más hubo uno para el Partido Joven. Es decir, que de 98 posibles y seguros sufragios sólo obtuvo dos.

De tal manera, que a dicho partido no le alcanzó para tener diputados plurinominales en el Congreso local, situación por la que Humberto Moreira no pudo tener la diputación y el fuero que lo protegiera de ir a la cárcel por los muchos delitos en su contra. Recordemos que al término de su periodo como gobernador dejó una deuda superior a los 35 mil millones de pesos, corrupción por la que todavía no ha sido condenado.

Hay éste y otros indicios de que las votaciones en Coahuila rebasaron todos los límites en materia de manipulación y fraude. Una trampa más fue la de multiplicar los membretes de los contendientes a tal punto que la tarea de los funcionarios de casilla de contar y consignar los votos fuera imposible, pues hubo más de cien opciones de alianzas y la misma cantidad de votos cruzados que contar y registrar en las actas de resultados.

Lo peor del escándalo es que puede haber complicidad de las autoridades locales. Humberto Moreira sabe que llevó a 18 y 80 personas a votar por él, porque sabe que él los indujo o los compró, y sabe que se los desaparecieron. En resumen, los votos fueron depositados y luego sustraídos, lo que significa que Rubén Moreira y toda su estructura hizo fraude coaccionando o sobornando al instituto de Coahuila para cambiar los resultados a la hora de contar los sufragios emitidos, tal como se hacía en los tiempos del más antiguo PRI.

FRAUDE EN CHIAPAS

En Chiapas, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) no sólo ha cometido fraude electoral, además ha servido para enriquecer a los consejeros de cada periodo en turno. Expongo algunos datos de la gestión presidida por María de Lourdes Morales Urbina:

1.      María Morales y el resto de los integrantes del Consejo General del instituto tomaron protesta el primero de octubre de 2014, pero el 24 de noviembre del mismo año se aprobaron un incremento salarial del cien por ciento, pues de 64 mil 800 pesos pasaron a ganar 120 mil pesos mensuales, esto sin contar las prestaciones, bonos y demás incentivos.

2.      Para organizar las elecciones de 2015, el IEPC solicitó un presupuesto de 933 millones 537 mil 584 pesos, donde se eligieron 122 presidentes municipales y 41 diputados locales. Dicho presupuesto no sólo era el más alto en la historia del IEPC, sino el más alto de todo el país. Por otro lado, para los comicios de 2012, en los que además se eligió gobernador del estado, el monto fue de 321 millones 591 mil 45 pesos, tres veces menor al solicitado por Morales Urbina. ¿De dónde sacó la cifra?

3.      Once días antes del referéndum del 19 de julio de 2015, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordenó al IEPC la suspensión de las campañas políticas para hacer cumplir la paridad de género en las candidaturas. Esto, visiblemente, generó pérdida de tiempo y de dinero. Una vez corregido el error, el organismo no informó a la sociedad chiapaneca sobre el registro de los nuevos candidatos, por lo cual mucha gente no supo por quién votar. Otra falla que ocasionó abstencionismo, violencia en varios municipios y desconcierto el día de la elección.

4.      Una semana antes del plebiscito de 2015, los ex consejeros se autorizaron un bono de productividad por 140 mil pesos.

5.      En varios municipios de Chiapas, en especial los de la zona Altos, Centro y Sierra, las boletas fueron impresas por ambos lados. Desde luego, hubo confusión en los funcionarios de casilla al momento de contar los votos, y la mayoría de éstos fueron cancelados o anulados porque los ciudadanos marcaron su sufragio por los dos lados de la papeleta. ¿Corrupción o error?

6.      En abril de este año, un juez federal dictó auto de formal prisión para los ex consejeros María de Lourdes Morales Urbina, Carlos Enrique Domínguez Cordero, Ivonne Miroslava Abarca Vázquez y María del Carmen Girón López, por su probable responsabilidad penal en el delito de la alteración de  Listado de Electores.

Sucede que ellos modificaron dicha lista para beneficiar la figura del Diputado Migrante. Miles de chiapanecos no pudieron votar porque fueron eliminados de los registros. Así fue que gente que vive en San Cristóbal de las Casas, por ejemplo, apareció como residente en Estados Unidos, Yugoslavia, Escandinavia, Irak o en otro país del mundo. Nadie estuvo en ninguno de esas naciones, pero su voto fue a favor del candidato del PVEM, Roberto Pardo Molina. Fue un claro fraude.

ELIMINACIÓN BENÉFICA

La última reforma transformó a los institutos electorales en OPLES (Organismos Públicos Locales), sus consejeros pasaron a ser nombrados por el INE y no por los Congresos que, al mismo tiempo, eran controlados por los gobernadores. Además, las tareas de organización de las elecciones se dividieron. ¿Funcionó? Obviamente no.

El instituto electoral de Coahuila cerró a las once de la noche el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con tan sólo el 72% de las casillas contabilizadas, que le daba cierta ventaja al candidato del PAN. Después, la presidenta del organismo salió a justificarse por los supuestos errores del conteo rápido. El jueves por la tarde, pasados cuatro días de los comicios, nadie en el mundo sabía quién había ganado en una entidad con un padrón de tan sólo dos millones de electores. No funciona. Se presta para la corrupción y la intervención de los gobernadores.

¿La eliminación de los OPLES traería algún beneficio? Por supuesto.

A los mexicanos nos cuesta cientos de millones de pesos la coexistencia de autoridades locales y nacionales, y sin que eso nos brinde la seguridad de elecciones transparentes y confiables. Muchos países tienen un solo organismo, como Brasil, que cuenta con un listado de 143 millones de personas y que da a conocer los resultados la misma noche de las votaciones.

Lo que México necesita es una sola autoridad, fuerte e independiente, con capacidad y recursos suficientes para organizar una elección y con candados legales para que no pueda ser manipulada ni por el gobierno federal ni por el estatal.

Mantener la situación tal como está, es arriesgarnos a tener más casos como el de Coahuila y Chiapas. También a seguir pagando un costo sin nada de beneficio. De hacer las regulaciones para que el INE asuma toda la responsabilidad, los contribuyentes nos ahorraremos muchísimo dinero gastado en inútiles burocracias locales que han demostrado no tener autonomía ni carácter para enfrentarse a los gobernadores de sus estados. ¡Chao!

@_MarioCaballero

yomariocaballero@gmail.com