El mensaje tras la captura de Javier
Duarte el pasado Sábado de Gloria, es claro: Dice a todos los ex gobernadores
del país que la tolerancia pública para sus prácticas deshonestas va en caída
libre, y ellos con ella.
Lo que hoy estamos viviendo es un
fenómeno nacional de combate a la impunidad e impartición de justicia, donde
Javier Duarte es tan sólo la punta del iceberg de una institucionalidad torcida
en la que los gobernadores dañan la imagen del país con sus corruptelas y
abusos de poder para luego convertirse en prófugos en busca de refugio.
Dice un dicho popular que “si ves
la barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”. Y si Duarte ya fue
detenido podemos pensar que el siguiente será Juan Sabines Guerrero, que para
el caso ha sido más astuto y corrupto que Javier Duarte y Tomás Yarrington.
Los dos ex mandatarios cometieron
errores inauditos que terminaron en su aprehensión: mientras uno permanecía
ligado a la administración del priista Egidio Torre Cantú, en Tamaulipas, el
otro había dejado muchos cabos sueltos tras su salida del gobierno, entre estos
sus socios, familiares y sus propios hijos.
Cuando entra en funciones el
gobierno del panista Francisco García Cabeza de Vaca, su procurador Irving
Barrios ordenó que todo el personal del servicio de escolta se concentrara en
las instalaciones de la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas. Fue así que se
descubrió que cuatro agentes estaban comisionados para proteger a Tomás
Yarrington. El descubrimiento fue informado a la Procuraduría General de la
República (PGR) que inició nuevas investigaciones con la información recabada
de los cuatro agentes, que finalmente fue vital para la captura del ex
gobernador prófugo.
Javier Duarte abandonó el cargo
el 12 de octubre de 2016, supuestamente para enfrentar las acusaciones por el quebranto
de 35 mil millones de pesos al erario de Veracruz. Ese mismo día Flavino Ríos
es designado como gobernador interino, y Duarte lo felicita “sabedor de su alta
capacidad”. Luego, en un helicóptero facilitado por Flavino, Duarte huyó del
estado.
Después de eso nada se supo de él
hasta que su concuño, José Armando Rodríguez Ayache, fuera sorprendido el
viernes 14 de abril en el aeropuerto de Toluca -tanto con los hijos de Duarte
como con sobres con miles de euros dentro del equipaje-, quien condujo a las
autoridades de México y Guatemala al lugar donde se refugiaba el ex gobernador:
el hotel Riviera de Atitlán, en la Bahía de San Buenaventura.
Cayeron por su torpeza.
ASTUCIA
Y CORRUPCIÓN
Juan Sabines Guerrero es hijo del
ex gobernador Juan Sabines Gutiérrez y del poeta Jaime Sabines.
Inició en la política en 1994,
como asesor en Representación del Gobierno del Estado en el Distrito Federal,
hoy Ciudad de México. En 1995, ocupó la Dirección de Servicios Médicos,
Desarrollo Social y Asistencial en la Delegación Cuauhtémoc. En 1998, fue secretario
general adjunto del PRI Chiapas. Después se desempeñó como Secretario General
y, luego, como Presidente del Comité Directivo Municipal de Tuxtla Gutiérrez.
En 2001, es electo como diputado
local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en 2004, como presidente
municipal de Tuxtla Gutiérrez. Dos años más tarde se retira del puesto y busca
la candidatura al gobierno del estado, pero el PRI se la niega. Entonces
renuncia a la militancia y se vuelve candidato por la coalición “Por el Bien de
Todos” (PRD, PT, Convergencia) y gana la gubernatura por un estrecho margen
frente al priista José Antonio Aguilar Bodegas. Hay quienes dicen que no ganó
por él, sino por su famoso apellido.
Sabines Guerrero prometió en
campaña el cambio y el progreso, pero a su salida dejó un Chiapas sumergido en
la pobreza y la marginación. Incluso superó la cifra del famoso “Moreirazo” (el
endeudamiento por más de 30 mil millones de pesos durante el gobierno de
Humberto Moreira en Coahuila), al heredar al estado una deuda de más de 40 mil
millones de pesos.
Al contrario de Javier Duarte que
tuvo que huir del país por temor a ser arrestado, Juan Sabines salió del
gobierno por la puerta grande, blindado,
pues contó con el respaldo del Congreso local, de diputados federales y
senadores, así como también de empresarios poderosos que se vieron beneficiados
durante todo el sexenio. Tal es el caso de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV
Azteca y del Grupo Salinas, que como último “regalo” recibió de Sabines la
concesión minera del municipio de Acocoyagua con duración de 20 años, para la
extracción de titanio, hierro y magnetita.
Juan Sabines creó una mafia. Un
monstruo de mil cabezas. Por un lado, colocaba en puestos clave a secretarios
de gobierno y funcionarios a modo, asimismo, alcaldes y diputados. Por el otro,
jugaba con el poder y la influencia de los organismos sociales, de los sindicatos
magisteriales y pactaba con los partidos políticos el truque de candidaturas
por dinero, las dirigencias estatales como la del PRI que le obsequió a Arely
Madrid Tovilla en 2007 y los cargos plurinominales.
Es decir, utilizó su poder para
someter a voluntad a los otros Poderes del Estado y todas las dependencias de
gobierno, para beneficiar y beneficiarse, y planear su salida “con la frente en
alto”. Con impunidad.
Bajo esa práctica Sabines
Guerrero impulsó la candidatura de Zoé Robledo al Congreso del Estado en 2010. Y,
en junio de 2011, hizo que éste fuera elegido presidente de la Mesa Directiva
del Congreso. Desde esa posición Robledo Aburto amenazó y coaccionó a actores
políticos, líderes sociales, alcaldes e incluso a otros congresistas que se
atrevieron a criticar u oponerse a las órdenes del gobernador Sabines.
En el ocaso del sabinato, Juan
Sabines envió al Congreso local 23 iniciativas de reformas a la Constitución de
Chiapas, a leyes secundarias y diversos decretos para garantizar el cierre de su gestión. Y solicitó un
crédito por 5 mil 500 millones de pesos para la transición de gobierno. Empero,
dichas solicitudes causaron indignación entre la sociedad chiapaneca y clase política.
Sin embargo, a pesar del gran
encono social el pleno del Congreso del Estado le autorizó al gobernador
Sabines un préstamo de 3 mil 870 millones de pesos, el 3 de octubre de 2012.
Zoé Robledo fue el orquestador del fraude. Fue quien inspiró el proyecto y
obligó a los congresistas para que aprobaran, además, el grupo de reformas
legales para que Juan Sabines no fuera enjuiciado por el monstruoso latrocinio
cometido al erario público.
Así fue, por la parte legal, como
se blindó y blindaron a Sabines.
En 2007, Sabines Guerrero ordenó
que Humberto Blanco Pedrero, quien en 2006 fue acusado del desvío de más de mil
millones de pesos de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, según
la Averiguación Previa 91/UEIDCSPSAJ/06-III,
fuera nombrado Auditor Superior del Estado. Y desde ahí Blanco Pedrero limpió la corrupción del régimen sabinista,
blanqueó y comprobó la cuenta pública del Estado y de los presidentes
municipales ligados al sabinato, de las secretarías de gobierno y, finalmente, ocultara
el fraude de más de 40 mil millones de pesos entre deuda pública y deuda a proveedores.
Por eso no es extraño que en
plena Semana Santa, Blanco Pedrero fuera designado en lo oscurito como
Contralor General de Chiapas promovido otra vez por Juan Sabines. Como quién
dice, Blanco regresó al poder para terminar el trabajo que dejó pendiente en
diciembre de 2013, cuando renunció al Órgano de Fiscalización Superior del
Estado.
LA
OBLIGACIÓN DE PEÑA
Corre el rumor de que Juan
Sabines Guerrero financió con 7 mil millones de pesos la campaña de Enrique Peña
Nieto, y que con esa aportación compró impunidad y el nombramiento de Cónsul en
Orlando, Florida. Y hay quienes aseguran que durante gran parte del sexenio recibió
5 millones de dólares mensuales del Cártel de Sinaloa para que lo dejaran
operar en la frontera sur.
Juan Sabines fue a la vez corrupto
y astuto. Duarte no. Mientras se enriquecía con el dinero de los chiapanecos y protegía
los escándalos de corrupción de sus allegados; por otro lado, controlaba el Congreso
a través de Zoé Robledo para modificar las leyes y protegerse, y tenía al contador Humberto Blanco para ocultar
las pruebas del monstruoso desfalco.
Juan Sabines Guerrero es un caso
extremo de excesos e hipomanías, que ostenta un Consulado que no merece. Y el presidente
Peña Nieto tiene la obligación de hacerlo renunciar. Con ello estaría demostrando
que los encarcelamientos de los ex mandatarios no son una cacería de brujas con
fines electorales, y que tampoco Duarte es un “chivo expiatorio”, sino que son auténticos
actos de justicia, de moral del gobierno y de reconstrucción social. ¡Chao!
@_MarioCaballero
yomariocaballero@gmail.com
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