La captura del ex gobernador de
Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, es un logro importante para el sistema
judicial mexicano, aunque fue detenido en Italia y aún sigue en la cárcel más
grande de Florencia, fueron vitales las investigaciones de la Procuraduría
General de la República y la colaboración de ésta con las autoridades italianas.
Tomás Yarrington fue gobernador
del estado de Tamaulipas de 1999 a 2004. Comenzó a ser investigado luego de que
uno de sus socios, Antonio Peña Argüelles, empresario de Nuevo Laredo, pidiera
protección a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas
en inglés) por temor a ser asesinado por el cártel de Los Zetas, quienes lo
acusaban de haberse robado cinco millones de dólares.
Peña Argüelles pactó con la DEA y
se convirtió en testigo protegido y colaborador de la PGR. Fue a partir de sus
declaraciones que se supo que Yarrington Ruvalcaba se había ligado al crimen
organizado. Que con Osiel Cárdenas, líder del Cártel del Golfo, cimentó un
imperio de terror de donde surgieron Los Zetas, y que su inmensa riqueza
provenía de los sobornos recibidos del narcotráfico.
Se destaparon los negocios que
trabó con Miguel Treviño Morales, el Z-40, y con su hermano Omar, el Z-42.
Además, de que había palomeado las
candidaturas impuestas por los capos para que contendieran y ganarán las
alcaldías y, como la cereza en el pastel, encubrió sus empresas, residencias,
haciendas y ranchos detrás de una compleja red de prestanombres.
En 2012, la PGR manifestó que buscaba
a Tomás Yarrington por los delitos de lavado de dinero, delitos fiscales,
enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada. El Juzgado Segundo de
Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, giró la
orden de aprehensión en su contra, pero para ese momento Yarrington ya era
prófugo de la justicia.
“Curiosamente”, Yarrington fue
localizado después de que en Tamaulipas hubo cambio de gobierno y de partido,
salió el priista Egidio Torre Cantú y entró el panista Francisco García Cabeza
de Vaca. El relevo en la gubernatura fue en octubre de 2016.
Cabeza de Vaca descubrió que el
gobierno de Torre Cantú pagaba 4 escoltas que estaban al servicio de Tomás
Yarrington, y lo informó a la PGR que inmediatamente envió funcionarios al
estado tamaulipeco para entrevistar a los agentes. Después de esto, la Agencia
de Investigación Criminal del Estado mexicano proporcionó información útil a
las autoridades italianas para la localización de Tomás Yarrington, que sucedió
el pasado domingo 9 de abril.
Sin duda esta historia da para
sacar muchas conclusiones, pero el quid
del asunto es que sí puede haber justicia en este país tan lastimado por los
abusos de ex gobernadores rapaces, criminales, corruptos, autoritarios y
ligados al narco.
¿Y
LOS OTROS CUÁNDO?
El caso de Tomás Yarrington es un
paradigma y una advertencia. También es motivo de esperanza.
1. Roberto
Borge Angulo gobernó el estado de Quintana Roo durante el periodo 2011-2016, y
está demandado por posibles actos de corrupción.
El 25 de septiembre de 2016, el
Ministerio Público de Solidaridad, Playa del Carmen, acusó a Borge Angulo de
peculado y enriquecimiento ilícito a través de la querella
FGE/QR/SOL/09/3943/2016. De acuerdo con las indagatorias Borge remató el 60% de
la reserva de Puerto Morelos, 52% de Solidaridad, 36% de Benito Juárez, 23% de
Cozumel, 20% de Tulum y 10% de Carrillo Puerto. El desfalco nada más en la
venta de 44 predios es de mil 100 millones de pesos. Pero a mediados de 2015 se
supo que se habían vendido 308 terrenos. Como ejemplo, Borge vendió un terreno
de mil metros cuadrados en 5 mil pesos a Jaqueline González Canto, hermana del
senador priista Félix González Canto.
2. César
Duarte Jáquez gobernó el estado de Chihuahua de 2010 a 2016. Es acusado de
peculado y hasta el momento tres de sus ex colaboradores ya fueron detenidos
por el mismo delito.
Se le acusa, igualmente, de la
venta de inmuebles propiedad del Estado, de hacer descuentos en los salarios de
los empleados del gobierno para financiar a la dirigencia del PRI estatal y de
realizar compras directas a “empresas fantasma”. El 28 de marzo pasado, se le
emitió una orden de aprehensión por peculado, y César Duarte huyó a El Paso,
Texas, para evitar enfrentar los cargos en su contra.
3. Javier
Duarte de Ochoa fue gobernador de Veracruz de diciembre de 2010 a octubre de
2016. Es denunciado por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del
deber. Hay quienes aseguran que lavó dinero del narcotráfico.
Hay dos denuncias ante la
Fiscalía del estado en las que acusan a Duarte de haber adquirido propiedades
por más de 3 mil millones de pesos con dinero público y de haber robado 675
millones destinados a la ayuda social.
El Servicio de Administración
Tributaria (SAT) investiga en estos momentos 35 empresas fantasma y a 34
funcionarios involucrados en el fraude de 3 mil 300 millones de pesos en
contratos con el gobierno de Duarte. Como resultado de las pesquisas la SEIDF
ha cateado varios domicilios en la Ciudad de México, ha asegurado 112 cuentas
bancarias y dos inmuebles que aparentemente Javier Duarte adquirió con dinero
ilícito.
En febrero del presente año fue
asegurada una bodega propiedad de Duarte, donde había pinturas, fotografías
familiares, colecciones de balones de fútbol y tazas con imágenes religiosas.
Lo más importante del hallazgo fueron 30 libretas donde la esposa del ex
gobernador, Karime Macías, escribió con su puño y letra la planeación,
preparación y ejecución de las acciones para desviar recursos públicos en
beneficio personal y de sus cómplices.
En las libretas están anotadas
detalladamente cuentas bancarias, propiedades en México y en el extranjero, y una
extensa lista de familiares, amigos, funcionarios públicos, socios y otras
personas con quienes hacían negocios ilícitos al amparo del poder.
Hoy, Javier Duarte es el hombre
más buscado del país por la PGR y la Interpol. Y el quebranto financiero al
estado de Veracruz asciende a 35 mil millones de pesos.
CASO
SABINES
4. Juan
Sabines Guerrero fue gobernador de Chiapas por el periodo 2006-2012. Dicen que
por haber financiado con 7 mil millones de pesos la campaña del presidente Peña
Nieto adquirió impunidad y el nombramiento de Cónsul de México en Orlando,
Florida.
Al final del sexenio dejó al
estado una deuda de más de 40 mil millones de pesos. En junio de 2013, es
acusado ante la Procuraduría por el fraude de mil 800 millones de pesos al
haber contratado a cuatro empresas constructoras para realizar obra pública que
no concluyeron. Se documenta que dichas empresas estaban vinculadas al ex
gobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltrán.
En la querella 039/2013 presentada
ante la PGR es denunciado por enriquecimiento ilícito, fraude, peculado y otros
delitos. Se presume que vendió La Torre Chiapas al empresario Ricardo Salinas
Pliego. A todo esto se le acusa de tortura, de encarcelamientos injustificados,
de fraude electoral, de decenas de muertos, de desviar recursos públicos para
financiar a partidos políticos y, últimamente, de recibir dinero del
narcotráfico, en específico de Gilberto Rivera, El Tío Gil, capo del Cártel de
Sinaloa. Esto, dicen, ya fue denunciado a la PGR y la DEA.
Si cayó Yarrington, debe caer Borge,
los Duarte y Sabines Guerrero. El sistema judicial mexicano también debe hacer
justicia en estos casos. Las pruebas están visibles, y tienen que ir a la
cárcel. Pero si no lo hace, el gobierno del PRI tendrá mucha culpa y se
entenderá su complicidad. Ya basta de que lo políticamente correcto siga siendo
lo políticamente corrupto. ¡Chao!
@_MarioCaballero
yomariocaballero@gmail.com
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