Hay preocupación en los
chiapanecos por la inexistente protección a los derechos humanos. No es para
menos. Pues ya se sabe que cualquier pueblo sin la debida defensa de los
derechos humanos de sus habitantes, es vivir bajo la sombra de la impunidad.
En octubre del año pasado, en
Tila, indígenas tojolabales desplazados del poblado Primero de Agosto
denunciaron que por la omisión de las autoridades siguen las violaciones a sus derechos,
asimismo las amenazas de muerte, de secuestro, de nuevo desalojo violento y los
hostigamientos. De esto ya van más de dos décadas.
En diciembre de 2015, fue
allanado por cuatro personas el domicilio del activista Julio César Ortega, colaborador
del CIDECI-Unitierra Chiapas y miembro de la Comisión Sexta del EZLN. Lo buscaban
para matarlo, le dijeron a su hijo de 25 años al que golpearon y ataron. Después
de robar algunas cosas de poco valor, huyeron del lugar.
La Organización Regional
Formación y Capacitación (FOCA) llamó Corredor
de la Muerte a los 243 kilómetros que comprende la región fronteriza de
Chiapas con Guatemala, donde las mujeres son víctimas de extorsión por parte de
los agentes del Instituto Nacional de Inmigración y la Policía Federal. En un
estudio, FOCA documenta la xenofobia y misoginia de los pobladores que son los
que organizan los asaltos, secuestros, violaciones sexuales y el abuso laboral.
Dieciocho años después de
cometerse la masacre de Acteal, donde murieron 45 personas, entre ellos un
recién nacido, no hay justicia. En el caso la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
(CEDH) ha sido no sólo indolente, sino además irresponsable al no emitir las
recomendaciones a las autoridades del estado para que se brinde protección a
los familiares de las víctimas que por exigir justicia sufren acoso, violencia
e intimidaciones.
Lo arriba descrito no representa
nada comparado con la enorme cantidad de casos de violaciones a los derechos
humanos que día a día ocurren en Chiapas y bajo las narices de la CEDH. Lo peor
es la impunidad.
¿Por qué ocurren estos
lamentables hechos y con una reiteración espantosa? Simple, porque los
chiapanecos no tienen un ombudsman de verdad, sino un usurpador, un farsante
bien remunerado, un personaje que pasó de violador de los derechos a defensor.
TRINIDAD
PALACIOS
Juan Oscar Trinidad Palacios es
un priista de la vieja guardia. Es originario de Tonalá, Chiapas, que bajo las
siglas del PRI ya fue diputado local y federal y dirigente estatal del partido.
Como funcionario público tiene
experiencia, aunque jamás ha servido a los intereses de los chiapanecos, pues
siempre ha tenido una inclinación enfermiza de servirle al poder.
Cuando ocurre la matanza de
Acteal el gobernador en turno era Julio César Ruiz Ferro, impuesto por el ex
presidente Ernesto Zedillo después de haber renunciado a la gubernatura Eduardo
Robledo Rincón por presiones del EZLN pero, principalmente, por la campaña de
odio que le recetó el obispo Samuel Ruiz.
Familiares de las víctimas y
organizaciones defensoras de los derechos humanos incriminaron a Julio César
Ruiz de haber cometido el crimen, lo señalaron como el autor intelectual de los
asesinatos en confabulación con el mandatario Ernesto Zedillo. En ese momento,
Trinidad Palacios era diputado federal y subió a la tribuna del Congreso de la
Unión para defender como un perro la inocencia de Ruiz Ferro y para atacar
duramente a quienes lo acusaban diciendo que eran unos provocadores.
A los activistas que buscaban
esclarecer los hechos y exigir castigo para los asesinos, Juan Trinidad con
lujo de cinismo los invitó a “no reanimar fantasmas en retirada”, refiriéndose
a las víctimas. Así, de ser legislador federal y presidente del PRI estatal, pasó
a ser el principal asesor del gobernador Ruiz Ferro. Defendió y protegió a los
homicidas y eso le dio grandes ganancias.
Esta ha sido la conducta de
Trinidad Palacios. Por eso es increíble que alguien como él que se hizo enemigo
de los derechos humanos no sólo al defender a violadores y asesinos, sino al
atentar él mismo contra las personas que le estorban en su camino, hoy se
considere su mayor defensor.
EN
LA CEDH
Asume la presidencia de la CEDH
el 29 de marzo de 2014 en medio de un proceso turbio, nombrado por los
diputados de la LXV legislatura. La Ley de Derechos Humanos manda que el nuevo
titular del organismo deba salir de una terna, en una convocatoria pública lanzada
con un margen de tiempo considerable que dé oportunidad a los legisladores
locales de revisar y consultar los expedientes de los candidatos.
No fue así. La convocatoria nunca
salió o al parecer tuvo poca difusión. Además, los diputados que aseguran que
sí fue publicada cuentan que ésta fue emitida el 23 de enero de 2014, es decir,
seis días antes de ser elegido el presidente de la CEDH. Y para el colmo el
único candidato inscrito fue Juan Oscar Trinidad Palacios. Hay versiones que
dicen que el documento curricular de Trinidad estaba en poder del Congreso del
Estado desde el 9 de enero.
Al designar a Oscar Trinidad como
nuevo Ombudsman, se eternizó la historia de abusos y complicidades que desde
los tiempos de Pablo Salazar Mendiguchía ha oprimido a la CEDH.
Desde el día de su asunción a la
comisión de derechos humanos se han prodigado varios casos de corrupción en el
organismo, a tal grado de decir que la Comisión es una sucursal del PRI donde
amigos y compadres de Trinidad ocupan los mejores puestos.
Juan Oscar Trinidad gana un
sueldo neto mensual de 159 mil 513 pesos, sueldo superior al de su similar en
la Ciudad de México que recibe un salario de 119 mil 418 pesos, y al del estado
de Nuevo León, con 95 mil 397 pesos mensuales.
El Secretario Ejecutivo gana 112
mil 814 pesos, y los tres visitadores generales de Trinidad, que son los
mejores pagados en el país, perciben un sueldo neto mensual de 87 mil 242
pesos. Los salarios son de escándalo, y se dan en Chiapas que es el estado más
pobre de la República.
Por otro lado, su designación es
una franca violación a la ley:
1. El
artículo 25 de la Ley de la Comisión, en su fracción tres, exige que la persona
a ocupar el puesto titular tenga experiencia en materia de derechos humanos, y
Trinidad Palacios no cuenta con dicha experiencia, pues es un vividor de la
política cuyo mayor desempeño lo tiene en el ámbito legislativo, y en
transgresión a la ley es presidente de la CEDH y Notario Público número 21, en
Tonalá, donde tiene residencias, ranchos ganaderos y lujosos hoteles a la
orilla del mar.
2. La
facción cuarta del mismo artículo, pide que el nuevo ombudsman goce de buena
reputación. Y desde sus años en la dirigencia del PRI lo siguen los escándalos
de acoso laboral, de violencia física y de fraudes económicos. Y en los próximos
días podría ser llamado a enfrentar un juicio político por la agrupación UDAC
que lo acusa de discriminar a la comunidad LGBTI y por la violación reiterada a
los derechos de esta sociedad.
Dados los pormenores es evidente
que Juan Oscar Trinidad es un estorbo para la divulgación de los derechos
humanos en Chiapas. Es un político servil y clientelista que está más ocupado
en rendir homenajes y lisonjas al gobernador Manuel Velasco Coello que en
cumplir con su funciones.
La actual legislatura en el
Congreso del Estado está compuesta por hombres y mujeres comprometidos con el
desarrollo de Chiapas, y por eso mismo es inaplazable que compongan la grave
situación que atraviesa la CEDH que está dirigida por un personaje inmoral,
corrupto y desprestigiado.
Hoy Chiapas los necesita para que
la impunidad no siga, como hasta el momento, intacta. Au Revoir.
@_MarioCaballero
yomariocaballero@gmail.com
Es interesante tu texto, y procedo a opinar…
ResponderEliminarMéxico, ya famoso por su corrupción, casi con denominación de origen, ofrece todos los días historias como la del truhán que señalas. En este caso, tiene nombre, Juan Óscar Trinidad Palacios, con un largo hábito de utilizar sus cargos para beneficio suyo, el de sus patrones, y de sus allegados; amén de que carece de lo necesario para desempeñarse en ellos, si es que alguna vez ha considerado en hacer esto. Nada nuevo en el panorama político, lo que sí debe volverse una costumbre, es no olvidar quiénes son estas sanguijuelas del erario y denunciar sus bajezas.