Estudios recientes indican que la
violencia contra las mujeres se ha recrudecido brutalmente en los últimos años,
manifestándose en cuantiosas formas de violencia como el odio racial o la
intolerancia ante las diferentes culturas y estilos de vida. Y tiene que ver
muy centralmente con la situación de sexismo y la condición de las mujeres. “Te
pego para que no te olvides que eres mujer”.
Pero, ¿qué es la violencia de
género? Se define, básicamente, como cualquier acto de violencia basado en el
género que tenga como resultado el daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico, incluyendo amenazas, coerción o privación arbitraria de la
libertad, ya sea en la vida pública o privada.
Y hasta hace no muchos años el tema
fue incluido en la agenda política de cada país. Sin embargo, en México este
fenómeno social no ha sido tratado con la atención debida a pesar de tener como
gran y ominoso precedente las muertas de Ciudad Juárez. Y estas muertes han
significado la síntesis del terror sexista, misógino, clasista, etario,
ideológico, político y religioso. Además, es uno de los grandes problemas
sociales que más se ha agravado en las últimas tres décadas.
CIFRAS QUE INDIGNAN
Dentro de las formas de violencia de género el feminicidio
es la que más ha sensibilizado a la sociedad mexicana. Según cifras del
Instituto Nacional de las Mujeres, diariamente 7 mujeres son asesinadas, y en
el periodo de 2006 a 2013 la tasa de feminicidios en el país aumentó un 43 por
ciento. Estas cifras has sido la estimulación abyecta para elevar la
indignación moral de la población, de organismos defensores de los derechos
humanos, asociaciones feministas y de la Organización de Naciones Unidas que
condena enérgicamente al gobierno mexicano por la desbordante indiferencia ante
esta monstruosidad.
Entidades como Chiapas, el Estado de México, Guerrero,
Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Morelos, Durango, Tamaulipas y Colima presentan
las tasas más altas de feminicidio en el país. Un informe de la ONU indica que
el 95 por ciento de estos asesinatos queda impune y que la mayoría de los casos
de feminicidio no se investigan como tales pese a que la mitad de los estados
cuenta con un protocolo de investigación y actuación para este delito. De tal
modo, el problema alcanza niveles críticos tanto social como judicial.
El feminicidio en México también significa atraso cultural,
porque detrás de este crimen de lesa humanidad está el dominio del patriarcado
y el derecho de pernada que desde los tiempos feudales monopoliza la violación
sexual, el ultraje y la humillación hacia las mujeres. Y en último término está
la misoginia violenta, que produce los atentados contra las mujeres a las que
golpea, tortura, acuchilla, mutila, destaza en cuartos de hotel, callejones y
lotes baldíos.
Así, el machismo
rampante también encauza a las autoridades ministeriales, judiciales,
policiacas y religiosas a responsabilizar con indolencia a las mujeres de los
crímenes en su contra: “En el fondo, lo que esta vieja quería es ser violada”.
En el año 2000, verbigracia, el entonces cardenal de
Guadalajara Juan Sandoval Íñiguez, dijo: “En mi opinión, la culpa de que violen
a las mujeres es de ellas mismas, porque salen a la calle con ropa provocadora
y movimientos sensuales”. ¿Qué quiso decir el cardenal? ¿Que si las mujeres no
quieren ser violadas es mejor que salgan sin cuerpo?
En Chiapas, a principios de 2013, el Observatorio Ciudadano
Nacional del Feminicidio (OCNF) solicitó a las autoridades estatales se
activara la Alerta de Violencia de Género (AVG) para frenar la ola de crímenes
contra el sector femenino de la entidad, ya que según datos de la Secretaría
Técnica de Seguridad Pública en el año 2012 se cometieron mil 564 violaciones
sexuales en contra de las mujeres. No se hizo. Y como consecuencia de la
omisión las estadísticas sobre el caso siguieron su continuo crecimiento.
Ante la negativa del gobierno de Chiapas de activar la AVG,
el OCNF levantó la voz en protesta: “Esa entidad (Chiapas) es una de las pocas
a escala nacional que cuenta con un protocolo especializado en feminicidio,
pero no establece elementos mínimos para garantizar la debida diligencia con
perspectiva de género en la investigación, pues no relaciona ni coordina las
actuaciones ministeriales con los de la policía especializada y los peritos”.
¡Qué paradoja! El hambriento tiene en el refrigerador los ingredientes para
prepararse un buen estofado, pero no saber cómo hacerlo.
Activistas Defensoras de la Campaña Popular contra la
Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, señalaron con
argumentos probatorios que el 65 por ciento de las 221 muertes violentas de
mujeres ocurridas durante el periodo de 2012-2014, fueron feminicidios. Y el
gobierno de Chiapas no desmintió y tampoco aclaró lo afirmado.
El 25 de noviembre de 2013, Martha Figueroa Mier y Robina
Soria de la organización SYJAK presentaron ante instancias estatales y
federales la solicitud para activar en Chiapas la AVG, pero en respuesta los
funcionarios que conforman el Sistema Nacional para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres responde la petición con
la negativa de que “el reporte de las casi 200 muertes violentas de mujeres en
Chiapas (de las cuales el 65% son feminicidios) no alteran la paz social en el
Estado”.
Figueroa Mier aclara que haciendo uso de las facultades
legales interpusieron un amparo por agravios a los derechos humanos de las
mujeres de Chiapas, recurso que ganaron por sentencia federal que ordenó se
repusiera la sesión y se volviera a votar la solicitud de activar la AVG. En
esta ocasión el voto fue favorable, pero el gobierno de Chiapas escondió
mediáticamente que la alerta de violencia de género fue activada con el
objetivo de no socavar los propósitos políticos futuros de Manuel Velasco
Coello.
No entiendo: ¿Cómo un gobierno, como el de Chiapas, que dice
estar preocupado por el desarrollo pleno de las mujeres y que presume tanto
haber ya logrado los medios para garantizar a este sector el acceso a la
justicia y el respeto a los derechos humanos, no considera una crisis social tan
alto porcentaje de feminicidios ocurridos en el lapso de un solo año? A la
sazón, ¿cuántos feminicidios son necesarios para activar la alerta de violencia
de género?
Y en un profundo contrasentido los números oficiales de Chiapas
presentan una disminución del 56% en casos de feminicidio entre los años 2013 y
2014, y afirman además que a nivel nacional destaca por resolver el 86% de
estos eventos, deteniendo a los culpables y en algunos casos logrando la
sentencia condenatoria. ¡Pffff! A otro perro con ese hueso.
Marcela Lagarde, académica e
investigadora mexicana, considera al feminicidio y los delitos por la violencia
intrafamiliar como crímenes de Estado, porque -infiere- estos sucesos
corresponden directamente a una fractura del Estado de Derecho que favorece la
impunidad. Entonces, siguiendo esta línea de interpretación, podemos concluir que
en Chiapas no existe tal combate a la violencia de género como lo asegura el
gobernador Manuel Velasco Coello, porque no sólo no ha logrado dar seguridad a
las mujeres con el uso efectivo de las herramientas legales y políticas, sino
también ha permitido que haya desconfianza en el sistema judicial del estado que
reparte impunidad y obvia deliberadamente las recomendaciones de los organismos
públicos y asociaciones especializadas en el tema.
***
Lo que pertenece al momento del Chiapas
es que el gobierno comience hacer a un lado la absurda demagogia y los sueños
de llegar a la presidencia de la República para concentrar la fuerza judicial y
política en el ataque a este fenómeno que es un asunto de justicia y
reconstrucción social.
yomariocaballero@gmail.com
@_mariocaballero
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