La crisis actual por
la que atraviesa el IEPC no es -como se ha venido tratando- un tema
postelectoral, es con todo rigor algo que se venía previendo desde hace mucho
tiempo. Y lo del 19 de julio pasado no es sino solamente la gota que derramó el
vaso.
Desde la llegada de
María de Lourdes Morales Urbina a la presidencia del IEPC, el organismo está
moldeado por los escándalos de corrupción, tráfico de influencias y
clientelismo. Y en nada le han servido los comunicados de prensa oficiales para
deslindarse del evidente fraude electoral que hubo en los comicios recientes, ni
los artículos de los periodistas de alquiler que declaran con dramatismo: “¿Qué
intereses mueven al pueblo que en su lucha dividen al estado y crean las pautas
para socavar la paz y la desestabilización social?".
En esto nunca podrá
haber acuerdo: unos aspiran por paralizar el avance de la crítica (los de moral
rentada); los otros (la sociedad), tan solo exigen lo que les corresponde por
derecho: la justicia.
LA
PETICIÓN
El 18 de junio, el
Partido Acción Nacional, a través de su secretario del comité estatal, envió
una carta al INE en la que sostiene: “Se deben dar mayores garantías a la
ciudadanía y a los institutos políticos de un proceso electoral imparcial,
mismas que ahora los consejeros electorales no pueden dar ya que nada han hecho
para regular las violaciones que el partido en el poder hace al código
electoral”.
El 14 de julio, el
PRD estatal solicitó al INE la remoción de los consejeros electorales bajo el
argumento de que “con ellos el IEPC no es una instancia confiable”. Y el 23 del
mismo mes, se pronuncia por la desaparición del organismo electoral.
Mucho se habla hoy de
la solicitud para la destitución de los consejeros del Instituto de Elecciones
y Participación Ciudadana e, incluso, de la eliminación del propio organismo. Y
aunque dicha petición aún no ha tenido eco en las autoridades correspondientes,
si ha encontrado el beneplácito de grandes sectores de la sociedad chiapaneca,
y no sólo de la izquierda habitual, por verla factible es estos tiempos de
incertidumbre política.
El
cúmulo de afectaciones a los intereses político-electorales de los chiapanecos
contempla una larga serie de aberraciones motivadas por María Morales Urbina,
la líder que asume a fondo su prepotencia y que entrega el poder a cambio de la
lealtad política y económica incondicionales.
Enuncio los
siguientes casos como muestra del descalabro de la institución:
-
María de Lourdes Morales Urbina y el
resto de los integrantes del Consejo General toman protesta el primero de
octubre de 2014. Pero el 24 de noviembre siguiente, se aprobaron un incremento
salarial del cien por ciento, es decir, de 64 mil 800 pesos pasarían a ganar la
cantidad de 120 mil pesos de sueldo base mensual. Esto sin contar las
prestaciones, bonos y demás incentivos.
-
En su voracidad insaciable, María
Morales Urbina solicita un presupuesto de 933 millones 537 mil 584 pesos para
cubrir los gastos de las elecciones del 2015. Sin embargo, nada dijo acerca de los
conceptos que integraban dicho presupuesto y, además, nunca declaró de dónde
sacó la cifra y para qué es que requería tanto dinero si para las elecciones
del 2012, donde también se eligió gobernador, el recurso fue de 321
millones 591 mil 45 pesos, o sea, una tercera parte de lo solicitado por ella.
-
En diciembre de 2014 estalla una bomba
en las manos de Morales Urbina: el desfalco de más de 108 millones de pesos al
pago del Infonavit que Adrián Sánchez Cervantes, predecesor de ella, sustrajo
para la creación de puestos de alto nivel que no fueron aprobados por la Secretaría
de Hacienda. Ahora, lo inevitable es preguntar ¿por qué protege María de
Lourdes a Adrián Sánchez? ¿Qué ha hecho para esclarecer el fraude y reparar el
daño? ¿Por qué esa partida sigue sin ser pagada y dónde es que están dichos
recursos si ya no está Sánchez Cervantes al frente del IEPC? A la sazón, ¿en
qué utiliza Lourdes Morales los 507 mil pesos mensuales para el pago del
Infonavit? ¿Para sostener en la nómina a sus familiares y amigos que cobran sin
trabajar?
En marzo de este año Morales
se deslindó del fraude, pero concordaremos que con eso no termina su
responsabilidad legal.
-
Una semana antes de los comicios, en los
periódicos de circulación estatal se publicaron los sustanciosos bonos de
productividad que los mismos consejeros se autorizaron. Días después, María de
Lourdes Morales explica que los bonos eran para el personal de base y que se
había planeado para compensar las largas jornadas de trabajo que tienen en este
año electoral. Las dudas quedarán en el aire.
LA
MORAL VENDIDA
¿Cómo
negar el fraude electoral? ¿Cómo ignorar los golpes al Estado del IEPC de
Morales Urbina? ¿Cómo creer en la veracidad de los resultados y en los
dictámenes emitidos cuando vemos la forma arbitraria en que se fue
desarrollando el proceso democrático de hace un par de semanas? ¿Habrá todavía
alguien quien crea que el IEPC es un organismo autónomo? ¿Quién nos asegura que
las constancias de mayoría son la prueba fiel del respeto a la decisión de la
sociedad?
Seguramente,
nadie en el IEPC responderá a las preguntas.
Lo
que sí es claro es que María Morales y el resto de los consejeros hicieron el
negocio de su vida en estas votaciones. El sentido común no pude aceptar que sea
cierto de que el IEPC cumplió con las elecciones más transparente y equitativas
en Chiapas. Tampoco aquello de que “lo importante es que en Chiapas se dio una
elección pacífica y que la ciudadanía ganó”.
Ciertamente
hubo ganadores este 19 de julio, pero no la sociedad que vivió las elecciones
más sucias de la historia de Chiapas, con 228 incidentes reportados, con un
IEPC que soslayó intencionalmente la paridad de género y que actuó de una
manera facciosa y conspirativa, con una persona muerta en el enfrentamiento en
el municipio de Copainalá, con el robo, cierre y quema de casillas, con la
suspensión de las votaciones en Chenalhó, con inmigrantes votando, con la
compra descarada de votos a favor del PVEM, con personas retenidas por grupos
armados, con inseguridad, con boletas impresas por ambos lados y con urnas que
fueron sustituidas por otras repletas de boletas llenas a favor de tal o cual
partido.
Lo
sucedido en el municipio Belisario Domínguez es un tema que, aunque pertenece a
los errores de María Morales Urbina, requiere de un tratamiento político
distinto.
Por
último, la conciencia de lo sucedido lleva a votar a favor de la desaparición
del IEPC y del encarcelamiento de María Morales Urbina, Lilly de María Chang
Muñoa, Jorge Manuel Morales Sánchez, Carlos Enrique Domínguez Cordero, Ricardo
Moisés Aguilar Estrada, Margarita Esther López Morales y María del Carmen Girón
López, para que la impunidad no continúe, como
siempre, intocada.
PARA
MAGDALENA
Prima de alma y mi
corazón, retomo este espacio después de pasar algunas jornadas en las hermosas
Playas de Mónaco con mis abuelos huyendo de la Chikungunya que está asolando a
mi querido Chiapas. Y me he encontrado con la noticia que el PRI de Roberto Albores Glesaon está
recuperando su posición de poder y acercándose cada día a la confianza de la
gente que en las elecciones pasadas votó por el PRI, no el viejo, sino el que
construye el joven político con esmero, dedicación y compromiso social. Loable
dicho trabajo. Au Revoir.
@_MarioCaballero
yomariocaballero@gmail.com
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