Al momento de
escribir estas líneas, luego de soportar tantos meses de atropellos al Estado
de Derecho a cargo de los maestros disidentes de la Sección 7 del SNTE,
supuestos paladines de la educación en Chiapas, nada se sabe de si las
autoridades aplicarán las leyes para restablecer el orden público y terminar de
tajo con el gamberrismo magisterial que ahora cínicamente camina abanderado
bajo la consigna de “Vivos se los
llevaron, vivos los queremos”. Sin embargo, se dispone de certidumbres:
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Adelfo Alejandro Gómez,
secretario general de la S7, seguirá negándose a tomar acuerdos con el gobierno
del estado y a cada propuesta contestará con un no contundente. Y una vez
llegado aquí no se entiende qué es lo que realmente ha movido al conglomerado
magisterial todo este tiempo, si la lucha por la educación, o la defensa de sus
derechos laborales (esos que nunca han sido trastocados por la reforma
educativa), o la ambición y los caprichos del dirigente.
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Hasta que no logre Adelfo Gómez
imponerle al gobierno sus condicionamientos para frenar la lucha magisterial (prerrogativas,
bonos extras, plazas del magisterio a disposición, posicionamiento dentro la
estructura política para familiares y amigos, etcétera), el Bloque Democrático
seguirá violando las leyes y apropiándose de tramos carreteros, casetas de
peaje, calles y edificios públicos cada vez que se le venga en gana.
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Tanto Adelfo Gómez como el BD no
confunde, sino ignora que el derecho a la libertad de expresión no significa
facultad para delinquir o permisividad para el pillaje. Manifestarse, en ningún
sentido, implica impunidad.
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La indignación y el coraje más
efectivo de la gente (hasta el momento mantenido bajo quietud), no son hacia el
gobierno que ha tolerado las aberraciones del magisterio hasta rebasar los
límites de lo permitido, sino en contra de los maestros conflictivos.
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Secuestrar las casetas de peaje para
robar las cuotas con las que
mantienen vivo el levantamiento y emborracharse, nunca podrá ser considerado como
derecho de manifestación; por el contrario, será como lo calificó la Comisión
Nacional de Derechos Humanos desde el 9 de septiembre de 2013: “Esas acciones
son violaciones a los derechos humanos y a los códigos civiles elementales”.
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Adelfo Gómez y los maestros del
BD continuarán empeñados en la decisión de no entender la nueva ley de
educación y hacer caso omiso a la exigencia social de parar con la violencia y
el saqueo, que no sólo agravan el proceso educativo sino también ocasionan
serios problemas financieros en la entidad. Un dato: Las pérdidas económicas ocasionadas
por el paro magisterial en el año 2013, en Tuxtla Gutiérrez, alcanzó una cifra
superior a los 12 millones de pesos.
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La tolerancia tiene sus límites:
si el gobierno no actúa pronto bajo la facultad que le proporcionan las leyes
de aplicar la fuerza policial en caso necesario de salvaguardar el orden
público, permitirá con la omisión un posible enfrentamiento entre la sociedad y
los maestros. Cito otro dato: El viernes 6 de marzo del presente año, un grupo
identificado como maestros adheridos al BD, tomaron como de costumbre la caseta
de peaje de San Cristóbal de las Casas, cobrando una cuota de 200 pesos por
vehículo. Un usuario al verse ofendido por la cantidad de dinero que le
cobraban por usar el servicio, comenzó a reclamarle a los maestros el abuso que
estaban cometiendo en agravio de la economía del Estado y de los
automovilistas. Estos le respondieron con insultos y lanzando piedras sobre el
coche. Uno de los profesores alcanzó a golpear en la cara al conductor antes de
que éste cerrara la ventanilla.
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Adelfo Gómez le apuesta al
chantaje para someter al gobierno y lograr beneficios personales. En gobiernos
pasados varios líderes facciosos se enriquecieron con esto, como Amadeo
Espinosa Ramos, actual dueño del Partido del Trabajo. Aludo a la historia
contemporánea: En la oficina de Nemesio Ponce Sánchez, en calidad de
subsecretario de gobierno en el sexenio anterior, líderes magisteriales como
Francisco Torres Hernández, Juan Manuel Armendáriz Rangel, Adelfo Gómez, Pedro
Gómez Bámaca, entre otros, cobraron mensualmente 50 mil pesos para mantener
tranquilos a los maestros y no alterar la paz social. Y la supuesta lucha del
actual secretario general no logra mostrar otros objetivos más que éste.
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Parecerá exagerado: Por la
intransigencia, el movimiento magisterial, sin fundamento para considerarla una
lucha justa, está transformado en una nueva modalidad del crimen organizado.
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Adelfo Alejandro Gómez, principal
promotor de los disturbios provocados por el Bloque Democrático de la sección
7, no pretende lograr acuerdos a favor de la educación, ni por los derechos
gremiales, porque eso no le es rentable. Lo único que busca es agrandar su patrimonio,
dudarlo es ofenderlo, el poder y la impunidad.
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A todo esto,
¿qué es, pues, el Estado de Derecho: un sistema de leyes e instituciones que reglamenta
tanto la actuación de las autoridades como de la sociedad en su conjunto, que
puede menospreciarse e ignorarse cada vez que a alguien se le venga en gana? ¿O
un marco legal que fija, además, los límites de los propios derechos? De
acuerdo al acontecer actual del conglomerado magisterial, es lo primero.
Para el
efecto, ¿dónde quedan los razonamientos morales y a quién le importa a la hora
de la vida en sociedad? La historia nos remite a la falta de consciencias jurídicas
que han tenido desde siempre los líderes del magisterio, que obviando la
legislación y amagando con desatar una revolución, en los seis años pasados
obtuvieron más de 150 millones de pesos que fueron repartidos entre los
cabecillas, el presente secretario fue uno de ellos.
Hoy, Adelfo Alejandro
Gómez confunde a los maestros, los usa como carne de cañón, y de lograr algo los
únicos beneficios serán para él y no los maestros de la S7.
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Como síntesis
suprema de este movimiento, que por necesidad crea sus propias leyes, entrega
sin necesidad de palabras un apotegma: “La Revolución es la revolución. La
Impunidad es la impunidad”, apotegma que santifica la ilegalidad, el castigo de
los inocentes (más de un millón de niños que se quedan sin clases por las
marchas) y la burla a los amagos de la opinión pública.
La autoridad
no puede permanecer en el quietismo, seguir tolerando los delitos, dejar que a sus
gobernados los ultrajen un puñado de maestros. Los descuentos salariales a 30
mil 322 docentes y las 1055 constancias de interinato entregadas a maestros en
el año 2013, en el punto más álgido de la supuesta lucha, tan solo fue una
medida pero al parecer no suficiente como para terminar con la sucesión de
abusos.
Lo que ahora amerita
-y que es lo que la gente pide- es que se aplique la ley para recobrar el orden
público y la tranquilidad.
@_MarioCaballero
9611019627
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