No
hay excusa que disculpe, ni argumento que defienda. La designación de Juan
Oscar Trinidad Palacios como presidente de la CEDH no tiene, por más mínima que
ésta sea, una sola razón que la justifique. Al contrario, es un insulto a la
inteligencia y una violación fragrante a las leyes porque la memoria ilumina a
fondo la mala fama y la falta de autoridad moral que lo identifican. Y los que
lo defienden, un puñado de guardaespaldas verbales, ven virtudes e inocencia
donde sólo hay despotismo y perfidia. Y en el caso de que posea una virtud esa es
la habilidad para construir su propia deshonra y desmoronar las instituciones.
Para
que alguien obtenga la valiosa distinción de ombudsman, requiere -entre los más
selectos valores éticos y morales- que cumpla a cabalidad con los requisitos del artículo 25 de la Ley de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos. Obviamente,
Trinidad Palacios infringe los establecidos en las fracciones tres y seis.
Veámoslos:
- Fracción III: Ésta exige contar con experiencia en
materia de derechos humanos o en su caso haber llevado a cabo actividades
afines reconocidas por las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos
internacionales.
Juan Oscar Trinidad no
ostenta trayectoria alguna como defensor de los derechos humanos. De lo que sí
dispone, y con todo rigor, es de impunidad. Al tiempo de ser encubierto por el PRI
(partido del cual ha sido dirigente estatal, diputado federal y local) de los mayúsculos
escándalos de golpeador y de los serios rumores de acoso sexual que lo siguen desde
que presidió el PRI.
No hay en el recuerdo
una sola obra que exhiba preocupación por resolver los problemas añejos de la
sociedad chiapaneca en materia de derechos humanos que contenga sus apellidos.
Lo que sí existe es una fortuna millonaria con orígenes inciertos, una
actividad política con graves señalamientos de saqueo desconsiderado, clientelismo
y abuso de autoridad.
-
Fracción VI: Gozar de buena reputación y no haber sido
condenado por delito intencional; pero si se tratare de robo, fraude,
falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en el
concepto público, lo inhabilitará para el cargo.
La reputación de
Trinidad Palacios no requiere de adjetivos sino de imágenes: En próximos días
podría ser demandado por el médico veterinario Ricardo Cano que afirma haber
sido defraudado por el ombudsman por una fuerte suma de dinero que hasta el día
de hoy le niega pagar. La deuda nació en el año 2011 por gestiones que Cano
realizó ante programas sociales del gobierno del estado con los cuales Trinidad
se vio beneficiado con 300 cabezas de ganado con constancias originales para los
cuatro ranchos de su propiedad.
En una entrevista,
Ricardo Cano confesó haber sido blanco de los golpes, insultos y amenazas de
Oscar Trinidad. Relata el atropello a su persona cuando acudió a la Notaría
Pública No. 21 con residencia en Tonalá: “Constantemente llegaba
a su notaria ubicada en la calle independencia entre avenida hidalgo y rayón
con la finalidad de que me liquidara el trabajo concluido en tiempo y forma. Sin
embargo, mi persona recibió una tremenda gritada donde me decía que mi trabajo
estaba muy caro y que no me iba a pagar la cantidad acordada. Ante esa
situación le hice una rebaja de 5 mil pesos que no debía hacer, pero con tal de
que me pagara lo hice. En repetidas ocasiones me he acercado a su notaría y no
me da la cara. Ya me habían comentado algunos amigos que Juan Oscar Trinidad
Palacios es un hombre que busca los servicios de las personas y que por lo
regular siempre queda con deudas. En la última ocasión, me sacó a golpes de su
oficina y me amenazó con hacerle daño a mi familia si seguía cobrándole”.
Abundar
en ejemplos de esta índole sería un desgaste visual y de tiempo, dados en
suficiencia los pormenores del desprestigio político y moral de Oscar Trinidad.
NULA AUTORIDAD
MORAL
En
la realidad actual de la CEDH se intensifica la exigencia de una persona con
autoridad moral que elimine con capacidad, talento y trabajo sin descanso el
conjunto de abusos, ignominias y revelaciones de ilegalidad dentro del
organismo, donde además el polvo de los siglos se acumula sobre los expedientes
y donde los fallos se producen siempre en contra de los denunciantes, y no sólo
por la corrupción de Trinidad Palacios (Dios me libre de excluir la sospecha),
sino porque en la actualidad esa es la función de la comisión: acrecentar el
infortunio de los débiles.
Sin
necesidad de precisarlo con más pruebas, Juan Oscar Trinidad Palacios carece de
autoridad moral para sustentar el cargo de defensor de los derechos humanos. Y
en el colmo de lo absurdo trasgrede el artículo 26 que faculta al presidente de
la comisión a desempeñar sus deberes con plena autonomía al rendir comparsas,
himnos y alabanzas a un gobierno reconocido y respaldado por la confianza de la
gente, el de Manuel Velasco Coello. Y lo hace con tal empeño como queriendo convertir
en monumentos su mediocridad, impunidad y estulticia.
Que
nadie acepte su envestidura y que nadie reconozca en él un trabajo efectivo en la
promoción, defensa, respeto, estudio y divulgación de los derechos humanos, es
sin duda alguna el mayor de los fracasos de Juan Oscar Trinidad y su más grande
descrédito como funcionario público.
La pregunta
inevitable es, ¿cómo logró una persona inmoral, corrupta y desprestigiada hasta
al hartazgo como él ser presidente de la CEDH? El Congreso del Estado de Chiapas debe, portentosamente, hacer valer las
leyes, recuperar la confianza en el organismo defensor y remover a Oscar
Trinidad Palacios porque sus execrables precedentes importan sobremanera.
@_mariocaballero
Comentarios
Publicar un comentario