La violencia de las
manifestaciones del pasado 20 de noviembre en varias ciudades del país, donde
estudiantes, sindicalistas, profesores, padres de familia y personas sin
filiación salieron a las calles a exigir justicia por los 43 normalistas desaparecidos
de Ayotzinapa, es la más clara demostración de impunidad.
En la ciudad de
México, un grupo de encapuchados se enfrentó con cócteles molotov y petardos
contra agentes antimotines, que en cumplimiento de su deber les impidió el paso
hacia el aeropuerto para guardar la seguridad de las personas. En la Plaza del
Zócalo, otro grupo de manifestantes causó graves destrozos, robos e
inconvenientes con el tráfico. Más al norte, en la calle República de Argentina
número 28, otra banda de estudiantes, pero ahora del Instituto Politécnico
Nacional, hizo pintas y colgó mantas en el edificio de la Secretaría de
Educación Pública.
En
Guerrero, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
de Guerrero, sacaron a golpes a los empleados de capufe y se pusieron ellos a
cobrar las cuotas en la caseta de peaje de Palo Blanco de la Autopista del Sol.
En
el municipio de Hecelchakán, Campeche, estudiantes normalistas quemaron las
puertas del Palacio del Ayuntamiento. Y en San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
un pequeño grupo de jóvenes embozados quemaron una tienda de conveniencia y
causaron estragos en una plaza comercial, y todo en nombre de la solidaridad y
la justicia.
CEGUERA COLECTIVA
Luego de casi dos
meses de la matanza de Ayotzinapa, ya no se sabe qué es lo más lamentable, si el
infortunio de los normalistas o la creciente ola de crímenes en varios estados
de la República.
Es entendible que las
manifestaciones forman parte de la vida pública y democrática de nuestro país, pero
eso de que se pretenda justificar la violencia que provocan argumentando que se
trata de solidaridad con las víctimas y con las familias, y que el vandalismo
tan sólo es un método para presionar a las autoridades y se haga justicia, es
engañar al pueblo. Y también lo es calificar el atentado contra los normalistas
como crimen de Estado.
Y si incendiar inmuebles,
tiendas, autobuses de pasajeros; secuestrar camiones, autos, casetas de cobro;
tomar edificios públicos, plazas y centros comerciales; bloquear calles, tramos
carreteros, accesos a la ciudad; causar destrozos, violar los derechos civiles
e individuales de las personas y si provocar la ira en contra del gobierno,
incluso pasando por encima del Estado de Derecho, no es desestabilización social,
¿entonces qué es lo que se está viviendo en México? Visiblemente, no es solidaridad.
El
pueblo, sin darse cuenta, es arrastrado por el calor del momento, la
desinformación y el juego de intereses de los que están detrás de la propaganda
Crimen
de Estado. Cayendo en una terrible ceguera colectiva. Y, además, los
familiares de las víctimas despreciaron las evidencias encontradas en las
investigaciones sobre el caso para volcar su atención en lo que quería oír, sin
importarle que los datos fueran falsos o los hechos estuvieran tergiversados.
Al final, la mayoría de la sociedad creyó la mentira y se hizo cómplice de la
calumnia, produciendo con sus “actos de reclamo por justicia” un amplio
espectro de situaciones delincuenciales, ejercicios de supremacía, ignorancia,
desdén por los derechos humanos y anarquía salvaje.
AJUSTE DE CUENTAS
No hay crimen de
Estado en el caso Ayotzinapa. Después de conocerse la declaración de un
criminal identificado como El Gil, se despejaron muchas
dudas sobre el ataque a los normalistas.
El Gil dijo que se
comunicó por mensaje vía celular con la cabeza de la banda, Sidronio
Casarrubias, en el que le dice: “Nos atacaron Los Rojos, nos estamos
defendiendo”. Sidronio, a salvo en una cabaña en Valle de Bravo, Estado de
México, le respondió que procediera, y la orden se acató. El Gil los trasladó
en dos camionetas hasta un tiradero de basura de Cocula, donde junto con otros sicarios
los fue matando uno por uno, arrojándolos al fondo de la barranca, donde
hicieron una hoguera y los quemaron durante doce horas.
A las cinco de la
tarde, después de esperar varias horas para que se enfriaran un poco las brasas,
bajaron a recoger las cenizas de los cuerpos y las metieron en costales que
agujerearon para diseminarlas a lo largo del río Atoyac.
El
sábado 27 de septiembre, El Gil volvió a comunicarse con Sidronio, y le
informó: “Jefe, los hicimos polvo y los echamos al agua, nunca los van a
encontrar”.
Agrego
otros datos:
-
No fue una persecución y una balacera. Las declaraciones
de los detenidos sugiere que fueron más de dos los enfrentamientos con los
normalistas.
-
Los estudiantes estaban armados. Cuando los policías
disparan contra los camiones, varios “estudiantes” bajan de ellos y responden a
la agresión con armas de fuego. Y una vez abajo amenazan a los automovilistas y
les roban sus autos para huir del tiroteo.
-
A uno de los estudiantes herido durante la primera
balacera, que después fue ultimado de un tiro en la frente y desollado, le
arrancaron los ojos.
-
Policías de Iguala y de Cocula, que confesaron estar
ligados al crimen organizado, entregaron a los Guerreros Unidos a los 43
normalistas.
-
Los estudiantes capturados son identificados como
integrantes de la banda de Los Rojos.
-
Algunos de los 28 cuerpos descubiertos en las fosas
clandestinas se encontraron desmembrados, desollados y sin ojos.
Si el asunto se
hubiera tratado de un escarmiento a los estudiantes, por el asunto de los
camiones que secuestraron para regresar de Iguala a Chilpancingo, todo hubiera
quedado en el puro susto y en una reprimenda ejemplar, pero no fue así. Cuando la
persecución empezó el objetivo de la policía no era detenerlos y consignarlos
por el robo de los camiones, sino matarlos. Y es por eso que dispararon contra
los autobuses, matando a las primeras seis personas.
Ahora, suponiendo que
fue planeado por el Estado para hacer valer su superioridad y soberanía, no
habría sido necesario matar a casi medio centenar de estudiantes y torturarlos
de esa manera. Y si la intención fue dar un mensaje político, como que se les
pasó la mano. Y sin ir más lejos, una causa política, cualquiera que esta sea,
no requiere de un mensaje de terror y mucho menos del uso de esos métodos.
No hay crimen de
Estado. Si nos atenemos a la información, no podemos suponer otra cosa que todo
se trató de un ajuste de cuentas entre bandas criminales, porque la saña con que
mataron a esas personas, desmembrándolas, quitándoles los ojos y quemándolas
hasta las cenizas, es propio de los especialistas en causar dolor y terror. O,
¿de qué otra forma se puede entender el odio y la ira con que estas personas fueron
perseguidas, torturadas, castigadas y finalmente ejecutadas?
No hay crimen de
Estado. La ferocidad en el caso Ayotzinapa no es un procedimiento que use el
gobierno, pero sí las bandas criminales.
MANIPULACIÓN POLÍTICA
Los encapuchados que contendieron contra las
guardias policiacas el pasado 20 de noviembre, hacen suponer que hasta pueden
ser los mismos que se aparecieron el día primero de diciembre de 2012, en El
Palacio Nacional, para impedirle el paso al Presidente Enrique Peña Nieto. Y de
ser cierto, se confirma la tesis que detrás de todos los movimientos y
manifestaciones abanderadas bajo la consigna de Vivos se los llevaron, vivos los queremos,
hay políticos y grupos subversivos que buscan desquitarse de sus fracasos
electorales.
Ejemplo
de ello es Andrés Manuel López Obrador, que primero permanece en un silencio
entendible para luego salir de su mutismo afirmando obstinadamente que nunca
conoció al ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, cuando hay demasiadas pruebas
que confirman que sí tuvieron relación, política pero la tuvieron. Sin embargo,
con el cinismo acostumbrado aprovecha la oportunidad, y hace dos semanas, en el
Zócalo de la capital del país, se sube al templete y frente a un público ávido
de palabras esperanzadoras, nutrido por los compañeros y padres de los
normalistas desaparecidos, pide la renuncia del Presidente de la República y lo
califica de asesino.
Impunidad
y no justicia, es lo que hay detrás de las manifestaciones. Anarquistas y no
defensores de los derechos humanos, son los que convocan, organizan, subsidian
los gastos y dicen cómo actuar para supuestamente presionar al gobierno para
que haga aparecer a los estudiantes. Revanchismo y no lucha social, es lo que
impera y mueve ciegamente a la gente.
Vándalos
y no mártires, es lo que eran los estudiantes aniquilados, porque a sus
comprobados nexos con el crimen organizado se suman los agresiones y asesinatos
que cometieron, como el del 12 de diciembre de 2011, donde normalistas de
Ayotzinapa al prenderle fuego a una gasolinera en Chilpancingo, Guerrero, matan
de quemaduras graves al despachador Gonzalo Miguel Rivas Cámara. Y también
están los delitos por secuestro de camiones del servicio público y los
constantes bloqueos a la autopista del sol.
Para
entender el drama actual hay que observar tres cosas: la primera, el
empecinamiento por culpar al gobierno de los homicidios; segunda, el material
político que significa hacer creer a las multitudes que los estudiantes aún siguen
vivos, y por eso es la insistencia de marchar, reclamar y destruir sin
escrúpulos. Y tercera, que no eran simples y comunes estudiantes, sino
criminales.
Twitter: @_mariocaballero
Blog: mario-caballero.blogspot.mx
Email: yomariocaballero@gmail.com
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