El pasado fin
de semana, un tribunal federal confirmó el auto de formal prisión a Elba Esther
Gordillo Morales por encontrarse responsable de defraudación fiscal por un
monto de 2 millones 199 mil pesos, y el 12 de agosto, Víctor Juárez González,
juez primero penal de Pachuca, dictó otro auto de formal prisión pero ahora en
contra de la ex dirigente de la Sección XV del SNTE Mirna García López, acusada
del robo de 123 millones 928 mil 265 pesos de una de las 18 cuentas bancarias pertenecientes
al sindicato.
Estos asuntos
legales, ya reconocidos pero nunca antes aplaudidos tan positivamente, han
planteado, por así decirlo, un fenómeno de combate contra la impunidad. Pero, ¿a
qué se debe el éxtasis social? ¿Cuál es el motivo por el que hay que concederles
demasiada importancia? ¿Qué significado tiene esta serie de procesos
contenciosos no sólo para el SNTE sino también para el sistema político y
judicial del país?
El corolario
está a la vista: en rigor el sindicalismo magisterial después del arresto de
“La maestra” pasó por una crisis que creó inestabilidad en el gremio, luchas
internas por cuotas de poder y supuso un replanteamiento
estatutario-organizacional que por consiguiente hizo del SNTE una agrupación
que hoy permite acuerdos, logra consensos, construye proyectos y marcha aliado
voluntariamente con el gobierno del presidente Peña Nieto. También, este acto
de justicia (no existe un mejor adjetivo para nombrarlo) devolvió la rectoría
de la educación a las manos del gobierno federal, de donde nunca debió salir.
Por otro lado,
para razonar el statu quo de lo que afecta directamente a lo judicial y
político, nos lleva a recapitular sobre el curso de autodestrucción del sistema:
Presidentes de la República, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, gobernadores, jueces, comisionados de los Derechos Humanos, ministerios
públicos, secretarios de educación que se dedicaron a favorecer a un imperio que
duró 24 años en el poder, a una era protagonizada por la impunidad de la que
además se habla su materialización como arma política, a un liderazgo sindical
cuya única virtud fue el desprestigio del magisterio, a una red de corrupción
que se presume llegó a desviar más de 2 mil 600 millones de pesos en solo
cuatro años.
Y las
revelaciones que saltan a la luz a raíz de las investigaciones del largo
proceso judicial contra Elba Esther Gordillo transparentan las debilidades del
pasado en materia de ética legal y ofrecen al conocimiento la falta de consecuencias
por los daños y el inexistente compromiso por parte del poderío del Estado para
con sus gobernados, que en lugar de hacer prevalecer las leyes sobre los abusos,
fraudes y atropellos al extenso código civil y humano, les atribuían grandeza a
los beneficiarios de impunidad.
***
A
continuación, el comentario que obliga al clásico “Si ves las barbas de tu
vecino cortar pon las tuyas a remojar”. Los hechos que encierran la captura de
Mirna García López satisfacen las expectativas de esperanza en la
reconstrucción de la credibilidad en las instituciones: En mayo de este año, la
Procuraduría General de la República abrió una investigación contra García
López en base a la denuncia que interpuso el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE
por desvío de recursos, y después de meses de investigación la PGR giró el 12
de agosto de 2014 la orden de aprehensión en contra de la ex líder sindical
Mirna García por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude y
enriquecimiento ilícito.
Y
si a esas vamos, para acrecentar más el sentido de responsabilidad social, la
autoridad está obligada a revisar los expedientes penales (si los hay) en
contra de ex líderes de la sección 7 y 40 en Chiapas, así como también de
secretarios de educación, que por decir algo vienen siendo como los cabos
sueltos del monstruoso hurto en la era Gordillo Morales. Enumero algunos datos
para la memoria:
1. Rosendo Galindez:
Este periodo no pudo encontrar una inmejorable mancuerna. Del binomio Gordillo-Galíndez,
que secuestró literalmente a la S7, no sólo se puede hablar del saqueo de
recursos, sino aunado a esto hay una serie de delitos que van desde la negación
a los derechos de los profesores, hasta la reprobable permisividad para dejar
que de entre la agrupación se levantaran grupos radicales para formar un bloque
de choque contra el gobierno, y con el chantaje negociar generosas
prerrogativas y tener injerencia en las decisiones gubernamentales. Asimismo,
no se puede dejar de mencionar la lista de aviadores y las sustracciones a la
caja de ahorro.
2. Javier Álvarez Ramos:
Javier Álvarez fue para Gordillo Morales, como comúnmente se dice, un
funcionario a modo. Como secretario de educación en el estado ejecutó las
acciones más viles en contra de la educación en Chiapas, recordándose como el
hecho más deleznable la alteración de los resultados de la prueba ENLACE que
dejó a Chiapas con el primer lugar nacional en matemáticas y español a nivel
secundaria. El periodo de Álvarez Ramos en la SE es uno de los más corruptos de
nuestros tiempos: El Fondo de Apoyo a la Educación Básica y Normal tuvo grandes
violaciones, porque soslayando el procedimiento de licitaciones y concursos, y
manejando los contratos a beneficio de amigos, compadres y familiares, el
presupuesto se repartió al peso de la impunidad y las cuentas bancarias
personales engrosaron sin repercusiones legales. En este apartado, por ejemplo,
se utilizaron 83 millones de pesos para la compra de gel antibacterial, material
que nunca fue recibido en los almacenes de la secretaria pero del que sí existe
factura por la millonaria compra, cientos de millones de pesos para la compra
de mobiliario y equipo de cómputo para las escuelas, cien millones de pesos
para la adquisición de material didáctico, cien millones de pesos para la
adquisición de los seguros escolares, etcétera. Además, se creyó intocable,
pues hasta el mismo ex gobernador Sabines nunca se atrevió a pedirle la renuncia
para evitar conflictos con Elba Esther Gordillo.
3. Juan Manuel Armendáriz Rangel:
El 25 de mayo de 2012, Armendáriz es designado delegado del SNTE por Elba
Esther en la S7 en sustitución de Rosendo Galíndez Martínez. Originario del
estado de Coahuila, fue secretario general de la sección 38, y llegó a Chiapas
sin dar ninguna explicación de su traslado y sin aclarar los fuertes rumores de
que su transferencia se debió a que buscaba la protección de “la maestra” porque
en aquel estado existen serias demandas en su contra por enriquecimiento
ilícito, fraude a los fondos de la carrera magisterial, lavado de dinero y por
probables nexos con el crimen organizado de Coahuila. Sus cuentas bancarias se
identifican en millones de pesos y entre sus muchas propiedades figuran bienes
inmuebles como residencias lujosas en Coahuila y en el Distrito Federal, aparte
de varios colegios particulares.
4. Julio César Chamé Martínez, Jorge
Pérez Pérez, David Aguilar Solís: Estos
personajes están señalados en la averiguación previa número 669/CAJ4/2004 como
responsables del hurto de 51 millones de pesos a la Caja de Ahorro de la S40. Pero
gracias al respaldo de Elba Esther Gordillo, dicha averiguación fue desatendida
y por último desaparecida por instrucciones de Mariano Herrán Salvatti, ex
fiscal del gobierno del estado en el periodo de Pablo Salazar. La riqueza que
ostentan estos personajes es bestial y la vida de lujos y excentricidades jamás
podrían habérsela dado con el modesto sueldo de un maestro.
***
Por el
momento, el gobierno ha exhibido, y con plenitud, su afán por defender los
derechos constitucionales de todos y atender el reclamo histórico de justicia,
y los acontecimientos recientes han contribuido a solidarizarse con los
procesos judiciales actuales y a darle slogan a la demanda específica, no más
impunidad. Porque el culto a la impunidad es, categóricamente, el peor de todos
los males. La impunidad, ya sea en el SNTE, en el ISSSTE, en el COBACH, la UNACH
o en cualquier otra institución, exige el castigo y el repudio social extremo.
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