IMPUNIDAD EN EL CASO TATIANA

I.

En pleno siglo XXI, a pesar de los grandes avances en materia legal y judicial, se siguen viendo serias violaciones a los procesos contenciosos y a los derechos humanos. La justicia se desvirtúa por la influencia de los altos mandos y el término, como derecho constitucional, se vuelve inalcanzable. Y no importa la fiereza con que se defienda el agredido, pues cualquiera que sea el método para alcanzarla se ahoga en la sordera de las autoridades. Ahí tenemos, por ejemplo, el fallo dictado el primero de abril de 2014 donde un juez decide liberar a un influyente político acusado de ser el homicida de su esposa.

Ahora, al cumplirse cinco meses de la excarcelación de Elmar Darinel Díaz Solórzano, ex diputado federal de filiación priista, nada se sabe de si las autoridades correspondientes continuarán con el proceso judicial hasta esclarecer los hechos y dar puntual cumplimiento a las leyes y castigar a la persona que le quitó la vida a Tatiana Trujillo Rodríguez, maestra de preparatoria con envidiable preparación profesional y madre de tres niños.

Hasta el momento, de muy poco –o quizás para nada- han servido las marchas de indignación moral, las exigencias incansables por justicia de los familiares de Tatiana, las movilizaciones de organizaciones defensoras de los derechos humanos, como las de la red civil Alerta Popular Permanente Contra la Violencia Hacia las Mujeres en Chiapas, que pide desde el 10 de abril se reponga el proceso penal de este y otros casos similares que mal concluyeron, y el pronunciamiento expedido el 08 de febrero de 2012 en el que se tipifica el delito de feminicidio en el artículo 164 Bis del Código Penal de Chiapas, y que advierte, contundentemente, que a todo aquel que por razones de género prive de la vida a una mujer será sancionado con 25 o hasta 60 años de prisión.

            Todas las acciones al respecto han sido un fracaso, y no por falta de objetividad y uso legal de los medios a disposición, sino por la ausencia de consecuencias hacia los ejecutores de los procesos contenciosos, que tanto ignoran como destruyen las igualdades constitucionales de las víctimas.

II.

          Resulta en vano querer reconstruir la lógica que siguió el juez Mariano Domínguez Hernández, Juez del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ocosingo, porque las explicaciones, que más bien son excusas para justificar el fallo, son causa de frustración: “Aunque se diga que la Procuraduría contaba con suficientes elementos para demostrar la culpabilidad de Elmar Darinel Díaz Solórzano, estas no fueron integradas en el expediente consignatorio, de tal forma, que no es posible afirmar que él fue el autor del crimen. Por lo tanto se revoca la condena de 25 años de prisión en su contra y se cancela todo juicio penal”, dijo.

            Primeramente, sería un insulto al sentido común si los directamente afectados aceptaran como viables los argumentos con los que el juez Domínguez se basó para justificar la eliminación de los cargos fundamentales de homicidio a Elmar Darinel, y para esto se aclaran dos cosas: una, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas señala: “Existen serias violaciones al debido proceso realizadas de manera deliberada por el juez Mariano Domínguez Hernández y por Manuel de Jesús Cundapí Trejo, Ministerio Público Adscrito al Juzgado de Ocosingo”; además, el padre de Tatiana, Baldemar Trujillo, afirma: “Las pruebas periciales determinaron la evidencia del asesinato y la culpabilidad de Elmar”, además, estas fueron desahogadas en los tiempos señalados dentro de las investigaciones.

            Dos, las excusas del juez que nos lleva a reflexionar: Entonces, ¿qué caso tiene acumular peritajes y testimoniales, el Everest de legajos, y talar bosques nada más para concluir que “el que viene de atrás pague”? O bien, ¿para qué se tomó la molestia de llevar el caso en sus manos? ¿Nomás por el gusto de declararle a los frustrados por la explicación su falta de profesionalismo?

            Termina su exposición el Frayba lanzado una sentencia condenatoria sobre los exculpadores del feminicida: “El Juez Mariano Domínguez Hernández y el Ministerio Público Manuel de Jesús Cundapí Trejo, son cómplices de la impunidad que permitió la liberación del ex diputado de Ocosingo Elmar Díaz Solórzano, acusado de asesinar a su esposa Tatiana Trujillo”.

III.

Informes de la realidad del caso comprueban la complicidad indiscutible del juez Domínguez y del M.P. Cundapí Trejo, y la irremediable culpa de Elmar, y tan suficientes son como para ratificar la condena de 25 años de prisión que ya le había sido determinada en la sentencia con fecha 03 de mayo de 2013 dictada por el Juez Tercero Penal para la Atención de Delitos Graves con sede en Cintalapa. Cito algunos datos:

-          Elmar Darinel Díaz fue visto entrar en el domicilio de Tatiana Trujillo ubicado en la 1ra. Sur Poniente sin número, barrio Bugambilia, en Ocosingo, Chiapas, entre las doce y una horas del día 19 de abril de 2010. Fecha en que Tatiana perdió la vida.

-          Las pruebas criminalísticas de Rodizinato de Sodio y necropsia, señalan a Elmar como el autor del crimen. Y se anexan al expediente condenatorio.

-          En los registros de las declaraciones testimoniales, Elmar Díaz asegura haber estado en el lugar de los hechos y en la hora en que se supone le quita la vida a Tatiana. Los demás testigos: Nidia Tatiana Hernández (principal testigo y la última persona que vio a Tatiana con vida minutos antes de ser cruelmente asesinada de un disparo en la cabeza), Hugo Nájera Cabrera (pareja de Nidia Tatiana) y el hijo de Hugo Nájera (que por cierto tiene el mismo nombre que su padre y que se encargó de sacar los autos de la casa de Elmar por instrucciones de Angélica Gutiérrez (ex esposa de Elmar) momentos después del fatal acontecimiento), señalan al ex diputado como el asesino de Tatiana Trujillo. Meses después se retractan.

-          Las intimidaciones del abogado de Díaz Solórzano hacen que una testigo, la que vio entrar a Elmar en el domicilio señalado, cambie sus primeros testimonios.

-          El proceso contencioso comienza a tener ciertas irregularidades cuando después de determinarse que la condena se cumpliría en el Cereso No. 14 (conocido como El Amate), tomá un cambio repentino y Elmar es trasladado al reclusorio No. 8, en Villaflores, Chiapas, y no a donde estaba establecido en la sentencia.

-          El día 19 de marzo de 2014, familiares de Tatiana acuden con el juez Domínguez para revisar el expediente antes de dictarse la sentencia, pero se los impide con la excusa de que el recurso no estaba en sus manos. Sin embargo, días después del veredicto se sabe que dichos documentos estuvieron en poder del Lic. Domínguez desde el 25 de febrero.

-          El martes 01 de abril de 2014, Elmar sale de la cárcel y le exoneran todos los cargos por los que estaba procesado. A la familia de Tatiana no se le notifica el fallo.

-          El 02 de abril, familiares de Tatiana se enteran de la resolución del juez por medio de los periódicos y acuden al juzgado para lo pertinente. Pero son maltratados física y verbalmente por el Fiscal del Ministerio Público, por el Secretario del Juzgado y, nuevamente, por el Juez.

-          Una semana después, el día 07 de abril, se les comunica la sentencia y ellos (los familiares de la víctima) apelan a otras instancias para que se esclarezcan los hechos y se compruebe la culpabilidad de Elmar Díaz.

-          La familia Trujillo Rodríguez, a través de los medios de comunicación, denuncia públicamente: “Si nos llega a pasar algo, hacemos responsables al Juez Mixto de Primera Instancia de Ocosingo Mariano Domínguez Hernández, a Elmar Darinel Díaz Solórzano, a Nidia Tatiana Hernández y a Hugo Nájera Cabrera, porque nos han estado amenazando de muerte”.

IV.

            El balance es desolador: El fallo pretende imponer un efecto absolutorio que no tiene, y con eso se confirma la tesis del Frayba de que el juez Mariano Domínguez está confabulado con Manuel Cundapí Trejo para exonerar al asesino, a pesar de tener conocimiento de todas las pruebas que lo incriminan.

            Todo lo expuesto convierte este feminicidio en impunidad. Por lo tanto, es necesaria la pronta intervención del gobernador Manuel Velasco Coello y del procurador Raciel López Salazar. Porque ya es el tiempo de que las voces de las minorías tengan eco, y no sólo en la sociedad sino también adentro del sistema del poder para que les respeten sus derechos y les hagan justicia. Y el lema: “NI UNA MUERTA MÁS EN CHIAPAS”, sea una realidad.

OTRAS LETRAS

COMPROMISO: ENOC Hernández Cruz, director del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, al reunirse con 120 mujeres de San Cristóbal de las Casas reconoció puntualmente el importante papel que la mujer está representando dentro del círculo familiar y económico de la entidad. Y preocupado por el desarrollo de ellas y de sus familias, se comprometió a redoblar esfuerzos para que el instituto siga proporcionándoles las herramientas necesarias para que fortalezcan su productividad y competitividad … AYUDAR: DENTRO de la apretada agenda legislativa que inspira el diputado Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor en el Congreso del Estado, sacó tiempo para visitar en días recientes a los habitantes de la colonia Real del Bosque para seguir brindándoles la atención que se merecen y resolver el problema que tiene de desabasto de agua potable. Y mientras las gestiones que ya están corriendo surten su efecto, él con el programa “Agua para Ti”, suministró de agua a varias familias de la zona a través de pipas de agua… Au Revoir.