La propuesta que lanzó el PRI el
20 de agosto de 2014 de eliminar 132 legisladores plurinominales, ha
precipitado lo que podría considerarse una avalancha de nieve. Los primeros en oponerse
fueron los del PRD, cuya defensa a la mano, la única, es el ataque. Pero quizá la
reacción menos compresible es la del diputado federal plurinominal Julio César
Godoy Toscano, el más combativo o, si se quiere, el más mañosamente a la
defensiva: “Suprimir las figuras plurinominales equivale a un retroceso en la
democracia y a propiciar un desequilibrio en el poder”.
¿De dónde saca
el futuro presidiario que eliminar las plurinominales es un retroceso
democrático y que además rompe el equilibrio en el poder? En primer lugar, el legislador
por representación proporcional nunca ha personificado un beneficio para la
democracia porque más allá de robustecer la oposición, el ideal partidista y ser
un agente que vincule el régimen con los intereses generales de competencia
nacional, es defensor de las ambiciones de grupos radicales, es la detentación
de un cargo, es la conversión de la soberanía como título de impunidad.
Y en segundo
lugar, ¿con qué calidad moral opina al respecto cuando hay serias acusaciones
de lavado de dinero y de nexos con el narcotráfico en su contra? A la sazón,
¿cuál es el sentido de su lucha? Porque el único sentido a la vista es que su intervención
en el asunto no es dirigido en defensa del sistema democrático del país (dixit),
sino para la retención del fuero que hasta hoy lo mantiene prófugo de la
justicia, y que obtuvo gracias a la complicidad de sus compañeros de bancada
que lo metieron al recinto legislativo escondido en la cajuela de una camioneta
para no ser aprehendido antes de hacer la toma de protesta.
PORQUE
SÍ
Después de la
pequeña ilustración anterior, ¿cómo se pueden defender las plurinominales?
¿Recurriendo a la historia y demostrando que han servido para darle equidad al
poder? ¿Destapando los expedientes políticos para argumentar que una diputación
o senaduría plurinominal no significa abuso y protección, sino un avance democrático?
¿Abriendo un foro público para debatir que la eliminación vendría simbolizando
una regresión política para el Estado mexicano? Cosas poco –o nada– practicables.
De tal manera,
que si no es bajo las premisas de inmunidad, pago de favores o pactos políticos,
no hay forma de explicar cómo una hija y un nieto de Elba Esther Gordillo sean senadora
y diputado plurinominales. ¿O cómo entender que los líderes del sindicato
petrolero sean uno senador y otro diputado por la misma vía? Tampoco habría
otra justificación para los motivos indiscutibles que llevaron a un hijo de
Martha Sahagún a ser diputado plurinominal por el Partido Nueva Alianza.
Por
lo tanto, ¿qué valor tiene la propuesta del PRI? O mejor dicho, ¿cuáles serían
los beneficios eliminando a 100 de los 200 diputados federales y los 32
senadores de representación proporcional? Entre otras cosas, lo siguiente: Evitar
atrasos en toma de decisiones en los procesos legislativos que tanto le urgen a
la patria y reducir el gasto.
Veámoslo,
primeramente, por el lado del costo económico: De aprobarse la reducción de los
100 diputados federales, el ahorro en sueldos por los tres años de legislatura
sería de 536 millones 400 mil pesos; además, habría una reserva extra por 601
millones de pesos por concepto de apoyos ordinarios y extraordinarios, los
cuales son pago de asesores, servicio de alimentos, boletos de avión, primas
vacacionales, seguros médicos de gastos mayores, telefonía celular, pases de
casetas carreteras, vehículos, entre otros, es decir, la suma de 167 mil 666
pesos que cada legislador recibe mensualmente por aprobación de la Secretaria General
del Congreso Federal para que puedan cumplir con sus obligaciones y compromisos
que marca la ley. En total sería un aproximado de 1137 millones de pesos por
quitar a esos 100 diputados.
Ahora,
por los 32 senadores se ahorrarían 45 millones 273 mil 600 pesos anuales en el
pago de sueldos (nótese que sólo estamos hablando de sueldos, sin contar las
subvenciones (sinónimo de estafa), ya que un senador gana alrededor de 117 mil
900 pesos por llegar a dormir a su curul). Por consiguiente, son más de 234
millones de pesos anuales entre sueldos de diputados y senadores que al
ahorrarse podrían ser mejor aprovechados en la construcción de hospitales,
escuelas, seguridad social, etcétera.
Y
esto nos lleva necesariamente a buscarle una respuesta a la situación de ¿cómo
en un país tercermundista, con un régimen económico familiar que en su mayoría no
permite siquiera una vida digna, con desigual distribución de la riqueza, con pobreza
y miseria alarmantes, sin empleos, sin opciones para los miles de jóvenes que
año con año egresan de las universidades, con seres angustiados por la renta o
los servicios médicos o el hambre, se
puede dar el lujo de pagar sueldos tan elevados, sueldos cuyo incremento no va
acorde con el aumento al salario mínimo (para el 2014 el incremento al salario
mínimo fue del 3.9% equivalente a 2.46 pesos diarios, ni para medio kilo de
tortilla)?
Al respecto,
sólo me permito un señalamiento: que lo más triste es para lo que ha servido el
(involuntario) derroche económico. Porque la imagen del legislador plurinominal,
creada por Jesús Reyes Heroles en el año de 1977 con la idea de darle mayor
legitimidad a la democracia y equilibrar el poder legislativo, teniendo las
mismas funciones que un diputado de mayoría relativa (representar al pueblo,
fiscalizar los recursos públicos, legislar y gestionar apoyos ante los
distintos órdenes de gobierno), nunca ha sido fundamental –insisto- para el
desarrollo democrático, pues ha servido nada más para cubrir cuotas políticas
de los partidos y devenir en un evidente desastre administrativo y político.
A
PROPÓSITO EN CHIAPAS
Hablemos de
los acontecimientos en el Congreso local. ¿Qué han hecho por Chiapas personajes
como Amadeo Espinosa Ramos, Alejandra Soriano Ruiz, Juan Carlos López Fernández,
Abundio Peregrino García, Hugo Roblero Gordillo, Sonia Catalina Álvarez, por
citar algunos, bajo la envestidura plurinominal?
Para ellos
esta figura es la entrega de cuotas de apoyo (así fue cómo Juan Carlos López
Fernández asciende al escenario político y de ahí alcanza el estrellato delictivo
al usar el fuero para escapar de la justica, ya que parte de su fortuna lo obtiene
del crimen organizado de Tabasco), el pago de lealtades políticas (Alejandra
Soriano es premiada con una diputación fast track por Juan Sabines
Guerrero, a quien le aprobó las deudas que contrajo el gobierno y que hoy
representan el atraco más monstruoso en la historia de Chiapas), el servilismo
a grupos mafiosos (Amadeo Espinosa Ramos, siendo diputado federal plurinominal
en la LXI legislatura del Congreso de la Unión, arma a un grupo de choque en la
ciudad de Villahermosa, Tabasco, para incendiar el ayuntamiento de Palenque con
tal de eliminar los registros que incriminaban a Alfredo Cruz Guzmán de un
millonario hurto al erario público), la defensa en cuerpo y alma de las corrientes
partidistas que contralan políticamente a la agrupación en general (Sonia
Catalina, Hugo Roblero y Abundio Peregrino no pueden ocultar su participación
en las maniobras que Amadeo Espinosa hace para controlar el Partido del Trabajo
en Chiapas, y es por eso que todos ellos has sido beneficiarios de esta
distinción).
LA
CONSULTA
El
reto que tiene el PRI de reunir un millón 600 mil firmas en la consulta social
que propone la eliminación de las 132 curules plurinominales, es fundamental
porque, pese al complejo proceso de aprobación, una plurinominal nunca
favorecerá a la política, menos aun cuando su único fin es la acumulación de poder
y riqueza. La propuesta no es sólo quitar del presupuesto a 132 gentes, sino
también impedir que se siga institucionalizando la impunidad.
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