Allá
por el 2012, un senador quiso usar su cargo para evitar el alcoholímetro,
justificándose que sus 50 mil votos le daban ese privilegio. Con trato
insolente y bravucón, al policía de tránsito no le quedó otra opción que
dejarlo ir. Parecía que se había salido con la suya. Incluso el jefe de
policías le dio una reprimenda al agente que tuvo la impertinencia de molestar
al legislador.
Pero
cuando la Procuraduría se enteró de lo ocurrido, emprendió una investigación
acusando al congresista de tráfico de influencias, delito que para el Fiscal es
una falta gravísima. El castigo fue contundente: perdió su curul y fue
inhabilitado por diez años para ejercer cargo público alguno.
No
hubo necesidad de quitarle el fuero en un Congreso que por lo regular suele
proteger a los legisladores. Tampoco logró ampararse. Para su desgracia no
estaba en México. Ni en Suecia. Sucedió en Colombia. El ex senador se llama
Eduardo Merlano.
El
pasado viernes 19 de mayo, los 25 diputados de Yucatán dieron un paso histórico
al eliminar el fuero constitucional para servidores públicos. De manera
unánime, votaron a favor de retirar este beneficio al gobernador, a los
diputados locales, presidentes municipales, titulares de la administración
pública estatal y de organismos autónomos, magistrados y consejeros de
judicatura.
Con
Yucatán, ya son siete los estados del país que han respondido a la demanda
ciudadana de eliminar el fuero. Le precedieron Jalisco, Nuevo León, Campeche,
Guanajuato, Veracruz y Baja California. Esta iniciativa entró en debate en 2012
con la firma del Pacto por México, pero desde entonces está congelada en la
Cámara de Diputados.
Eliminar
esta ventajosa figura es una decisión importante e inaplazable. Porque bien lo
dijo el diputado Carlos Penagos Vargas, del PVEM: “Hemos visto infinidad de
ejemplos de funcionarios corruptos, que cuando terminan su administración
quieren un cargo legislativo por el fuero, no por representar al pueblo”. Esto
se ha convertido en una práctica común entre los políticos, que no sólo reciben
inmunidad ante los actos judiciales en su contra, sino que también cobran un
sueldo del mismo nivel de su impunidad.
En
México, los legisladores pueden vivir sin preocuparse por acatar la ley. Es una
prerrogativa. Tienen fuero mientras ocupen el cargo y no les interesa enterarse
siquiera de lo que éste se trate. Como la senadora, ex campeona olímpica y
orgullo nacional, Ana Gabriela Guevara, que se presentó a la toma de protesta
en la Cámara de Diputados y no en la de Senadores, donde le correspondía porque
para ello fue electa. En su momento Guevara estaba inmersa en un proceso
judicial por presunto fraude fiscal, mismo que ha sido suspendido hasta que
ella sea legisladora.
Desgraciadamente,
no es la única que ha tomado ventaja de esta cortesía constitucional.
CASOS
OMINOSOS
La
palabra fuero, desde el punto de vista jurídico, ha tenido cambios relevantes a
lo largo de la historia. Pero el concepto se entiende como el “privilegio” del
que gozan determinados funcionarios federales y estatales de tener inmunidad ante los diversos procesos
penales en su contra y que pudieran afectar o interrumpir sus funciones en el
gobierno. Está establecido en el artículo 61 de nuestra Constitución.
Es,
estrictamente, un instrumento de protección
a la función del legislador para que pueda expresarse y desempeñar su cargo
con plena libertad, sin ser reprimido por los otros poderes. Empero, no ha sido
así. El poder político y el autoritarismo hicieron equivalentes en muchos casos
la inmunidad con la impunidad. Lo que ha generado entre la sociedad una actitud
de condena y de rechazo hacia el fuero, ya que su existencia antes que
fortalecer el servicio público, lo debilita.
1.
El
14 de julio de 2009, el gobierno federal señaló a Julio César Godoy Toscano,
hermano del ex gobernador de Michoacán Leonel Godoy, de tener vínculos con el
crimen organizado. Dijo que éste formaba parte del cártel La Familia
Michoacana, trabajando directamente bajo las órdenes de Servando Gómez, La
Tuta, líder de dicha organización.
Godoy
Toscano era diputado federal electo por el PRD, pero tomaría protesta hasta
septiembre de 2009. Así que para evadir la orden de aprehensión solicitó un
amparo mientras llegaba la fecha de la toma de protesta en la 61 Legislatura.
Las autoridades en Puebla se lo negaron y se volvió prófugo de la justicia. 15
meses más tarde, en septiembre de 2010, logró burlar el grueso operativo
policial establecido en las afueras del palacio legislativo de San Lázaro. La
PGR buscaba detenerlo para impedir que rindiera protesta.
A
bordo de un coche Malibú color arena, en el asiento del copiloto, ingresó al
edificio con toda la calma del mundo en compañía de la ex diputada perredista
María Telma Guajardo. Se escondió durante dos días en una de las oficinas de la
Coordinación del PRD, donde recibió visitas, comió y se bañó. Ahí mismo se puso
el traje y la corbata azul con la que tomó protesta el 23 de septiembre de
2010. El caso de Godoy Toscano, ridiculizó el fuero constitucional.
2.
En
2015, la Secretaría de Desarrollo Social interpuso una denuncia por el presunto
desvío de 65 millones de pesos destinados a los programas de combate a la
pobreza, que no fueron comprobados por Samuel Alexis Chacón Morales, siendo alcalde
de Tapachula.
En
enero de ese mismo año, Samuel Chacón solicitó licencia para retirarse de la
presidencia municipal, alegando su derecho de contender por la diputación federal
del distrito XII con sede en Tapachula: “quiero seguir sirviéndole a mi
pueblo”, dijo. Nefasto. Quería el fuero constitucional. La Auditoría Superior
de la Federación lo investigaba por malversación de recursos públicos. Además,
la sociedad lo acusaba de abuso de autoridad, defraudación al erario y
corrupción en la obra pública. Por otro lado, dejaba al municipio en la
quiebra, con deudas a proveedores y a los trabajadores del Ayuntamiento.
En
octubre de 2015, se inició en su contra el acta penal 0011-089-1302-2015, ante
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por los delitos de
amenazas e intento de extorsión. El pasado 4 de enero de 2017, la PGR lo citó a
comparecer en la ciudad de México luego de que la Función Pública Federal le
detectara un desvío de 600 millones de pesos. Gracias al fuero que le regalaron
el PRI y a su padrino político Juan Sabines Guerrero, al hoy diputado federal Samuel
Chacón estas demandas le dan risa.
Al
ser cuestionado por las denuncias, contestó: “Soy diputado. Soy inmune
(impune)”.
HARTAZGO
CIUDADANO
En
Estados Unidos no existe el fuero. Tal vez por eso el nivel de corrupción de
allá es menor que el de acá. En nuestro país, además de que el fuero debe ser
eliminado, éste se ha malentendido como amplio y sin límite. No se toma en
cuenta de si el presunto crimen sucedió antes de que el político fuera elegido diputado,
por ejemplo, ni la naturaleza del delito.
En
las Playas de Tijuana hay un muro metálico que se hunde en el mar. Separa a
México de Estados Unidos. Los domingos, las familias se reúnen ahí para comer y
beber mientras esperan que sus parientes se acerquen desde el otro lado de la
reja. Del lado mexicano, la barda ha sido pintada en muchos colores. Un grafiti
dice: “Aquí es donde rebotan los sueños”. Algo parecido con el fuero. En un
lado estamos los ciudadanos comunes y del otro los que viven fuera de la ley.
Carlos
Penagos ha sido el primer congresista en Chiapas en poner sobre la mesa la
eliminación de esta figura, que se ha convertido en una verdadera patente de
impunidad. Para nuestra fortuna hoy tenemos un Congreso comprometido y
responsable, que puede hacer historia si logra responder a este hartazgo social.
Estamos
en tiempos cruciales. Tendremos elecciones el próximo año. La coyuntura se
presta para legislar con responsabilidad e impedir que otros políticos
corruptos como Godoy Toscano, Samuel Chacón o Juan Sabines, entre muchos otros,
hurten, asesinen, violen, saqueen el dinero público y vivan libres sin pagar
cuentas a la justicia.
Entretanto
las cosas sigan igual, seguiremos siendo una sociedad de desigualdad y
proteccionista, donde rebotan los sueños. ¡Chao!
@_MarioCaballero
yomariocaballero@gmail.com
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