Uno de ellos fue Giovanni Alexander Campos Amaya, exsubsecretario de Servicios y Gobernanza, quien en febrero de este año fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado junto con cuatro de sus colaboradores. De acuerdo con las investigaciones, Campos Amaya exigía a otros servidores públicos que contrataran los servicios que él les recomendaba, y que apoyado de sus compinches extorsionaba a funcionarios y hacía compras y adjudicaciones al margen de la ley.
Pero a pesar del mensaje de que en este sexenio no habrá tolerancia a la corrupción todavía existen algunos funcionarios que, como Giovanni Campos, no han comprendido el propósito del nuevo gobierno.
Entre
ellos hay varios de la Secretaría de Movilidad y Transporte que son señalados
de vender rutas, permisos, plazas laborales y hasta de favorecer el transporte
pirata en distintos municipios de la entidad. Lo más grave es que esa red de corrupción
opera bajo la protección del titular Aquiles Espinosa García.
No fueron pocos los que opinaron que atraer a Aquiles Espinosa al gobierno de la Cuarta Transformación era meter la manzana podrida en el costal. No se equivocaron.
El secretario de Transporte es un personaje gris, un viejo priista, el histórico carga maletas de Arely Madrid Tovilla.
Con las insignias del PRI ha sido diputado local y fue presidente interino de ese partido. Precisamente en ese tiempo, en diciembre de 2003, terminó en la cárcel por estar manejando un automóvil Volkswagen, tipo Combi, con reporte de robo en el estado de Puebla.
Años más tarde, en 2011, fungiendo como diputado local, se dijo que estaba implicado en la delincuencia organizada. Presuntamente, escondido detrás del fuero, Espinosa García sería el cabecilla de una banda dedicada al tráfico de humanos, que como bien se sabe tiene propósitos de esclavitud laboral, moral, física, reproductiva, de explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, etcétera.
También durante su periodo legislativo protagonizó uno de los actos más bochornosos que pueden atribuírsele a un legislador.
Aquiles Espinosa no era precisamente un diputado afable, inteligente, comprometido con los intereses de los chiapanecos. Todo lo contrario, su desempeño estaba completamente alejado del sentir popular y no mostraba la mínima actitud ética que debe guiar la conduta de un representante del pueblo.
En agosto de ese mismo año, usó la tribuna del Congreso del Estado para defender a Pablo Salazar, quien había sido arrestado por un fraude de más de 104 millones de pesos al erario del estado. Aquiles, irónicamente, salió a exculpar al torvo exgobernador, quien no sólo había sustraído cuantiosos recursos del pueblo de manera ilegal, sino era el que había ordenado su encarcelamiento en 2003.
Mientras los chiapanecos festejaban un acto de justicia contra uno de los gobernadores más déspotas que haya tenido Chiapas en la historia reciente, Aquiles Espinosa lo abrigaba.
Con eso basta para entender que la corrupción y abusos que hoy se viven en la Secretaría de Transporte no es una casualidad.
RED DE CORRUPCIÓN
En primer lugar, Aquiles Espinosa no tiene ninguna experiencia en el sector autotransporte. Segundo, no es una persona honesta para pensar que llegaría a transformar a esa dependencia que ha sido botín de muchos políticos en el pasado. Hoy, por ejemplo, se rumora que ha hecho jugosos negocios con los viejos pulpos del transporte, como Mario Bustamante Grajales y Francisco Palacios Burguete, presidente de la Alianza del Autotransporte de Chiapas y presidente de la Unión de Camioneros de Cintalapa, respectivamente.
Según estimaciones hay alrededor de 20 mil unidades piratas en el estado, de las cuales se comenta pagan entre 3 mil y 5 mil pesos mensuales para operar. Estamos hablando de al menos 60 millones de pesos que estarían embolsándose cada mes los altos funcionarios de la Secretaría del Transporte, y con la complicidad del titular.
El priista recibió la responsabilidad de limpiar la institución, hacer una asepsia de fondo que acabara con los malos elementos y las malas prácticas. Asimismo, conducirla por la vía de la legalidad.
Sin embargo, lo primero que hizo fue colocar a gente de su confianza en puestos clave en el manejo de los recursos y control administrativo, todos de extracción priista. Y fue claro que su propósito no era servir con eficiencia y honestidad a los chiapanecos, sino operar políticamente para desacreditar el trabajo que Ismael Brito Mazariegos ha venido realizando en la Secretaría General de Gobierno, para sustituirlo en el cargo.
Hasta el momento, ningún otro funcionario del gabinete estatal ha sido tan profusamente señalado de corrupción como Aquiles Espinosa. Para muestra un botón.
En junio pasado, varias organizaciones transportistas del municipio de Ocozocoautla denunciaron que Roberto Tovilla Silas, delegado en la región Valles Zoque, está tolerando el transporte irregular, y con él están implicados el subsecretario de transporte Felipe de Jesús Velasco Aguilar y el coordinador de delegados, Manuel Treviño.
Según los denunciantes, antes de la llegada de Tovilla Silas se tenían detectados 70 mototaxis que operaban fuera de la ley, pero tras su arribo a la delegación el número de mototaxis piratas se disparó a 500, los cuales son extorsionados con la cantidad de mil 500 pesos mensuales, que entre todos suman un total de 750 mil pesos, 9 millones al año.
Esa práctica se ha extendido a los municipios de Jiquipilas y Cintalapa, donde Roberto Tovilla ha estado solicitando fuertes cantidades de dinero a cambio de concesiones, porque según ha dicho él mismo tiene “excelentes relaciones con el titular del Transporte en Chiapas”. Y asegura que el dinero se los entrega a funcionarios de primer nivel, incluido, por supuesto, Aquiles Espinosa.
Aparte, Manuel Treviño está acusado de cometer fraude con la supuesta venta de plazas laborales, en 15 mil pesos, los cuales recibe y después se esconde.
Ya para terminar, los socios del Conejobús señalan que Aquiles Espinosa quiere quitarles ilegalmente las concesiones de las rutas 1 y 2 que poseen desde 1980, y la intención que tiene de desaparecer la sociedad mercantil es para no pagarles el adeudo de 7 meses de subsidio que alcanza los 22 millones de pesos. No es todo. Denuncian que está ofreciendo las 105 concesiones a empresarios foráneos por la suma de un millón de pesos cada una.
¿QUÉ PASARÁ?
La indignación pública que esto suscita ha comenzado a acarrearle problemas al gobierno del estado. El gobernador Rutilio Escandón, fiel a su ideología, ha roto vínculos con los corruptos. ¿Hará lo mismo con Aquiles Espinosa en aras de que no se desprestigie su buena administración? Al tiempo. ¡Chao!
yomariocaballero@gmail.com
Comentarios
Publicar un comentario