SOBRE EL AUDITOR URIEL ESTRADA

A lo largo de su carrera política, José Uriel Estrada Martínez se ha caracterizado por su ambición y oportunismo. No es un político de lealtades ni de ética. Quizá sea por una convicción ideológica, pero también porque el Estado lo ha tratado muy bien. Tan bien, que hoy es un hombre poderoso y rico. Prácticamente toda su vida laboral ha sido en el sector público, donde ha logrado acumular una riqueza que ya quisieran tener muchos políticos en el estado. 

Casi desde que terminó sus estudios académicos se dedicó de tiempo completo al servicio público. Mantuvo estrechas relaciones con algunos personajes del PRI y del PRD. Como José Ángel Córdova (q.e.p.d.), su mentor, quien fue un político ruin que siendo diputado local operó cacerías políticas en contra de los opositores de Juan Sabines Guerrero, que además estuvo acusado de corrupción, abuso de poder, despotismo y enriquecimiento ilícito.

Al lado de Ángel Córdova, Uriel Estrada ocupó el puesto de director de Investigaciones Legislativas en el Congreso del Estado de Chiapas.

De enero de 2013 a septiembre de 2015, fue Administrador General en el Juzgado de Garantía y Juicio Oral y durante los tres años siguientes fue Coordinador de Administradores del Sistema Acusatorio, ambos cargos dentro del Consejo de la Judicatura del Estado.

Una carrera no muy larga, pero sí exitosa. Primero en el parlamento local, luego dentro de la órbita del Poder Judicial del Estado. Y vaya que le ha redituado desde el punto de vista político, sobre todo tomando en cuenta que actualmente es titular de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas.

ENCIERRO POR TORTURA Y HOMICIDIO

En 2006, Uriel Estrada fue arrestado por el caso de tortura y ejecución extrajudicial del líder campesino Reyes Penagos Martínez, quien fue detenido durante un bloqueo de la Unión Campesina Popular Francisco Villa el 16 de diciembre de 1995.

Los campesinos mantenían bloqueada la carretera del municipio Ángel Albino Corzo en exigencia de apoyos para el campo, por lo que el Gobierno del Estado ordenó un operativo para desalojar la vía donde fueron detenidas al menos 17 personas, entre ellos Reyes Penagos.

Cuando sucedieron los hechos, el hoy auditor superior se desempeñaba como Fiscal Especial para el caso Jaltenango en la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado, del que era responsable de investigar los asesinatos de los candidatos Antelmo Roblero y Rito Solís, del PRD y PRI, respectivamente.

De acuerdo con las investigaciones, el líder campesino había sido golpeado desde su detención por elementos de la policía y luego de ser trasladado a los separos se ordenó que él y otras dos personas fueran separadas del resto de los detenidos.

Esas otras dos personas eran Enrique Flores González y su hija Julieta Flores Castillo, también compañera de Reyes Penagos, quienes fueron torturados por ministerios públicos y agentes judiciales por órdenes de Uriel Estrada. Les introdujeron gases en sus fosas nasales, les colocaron vidrios molidos en sus pies, fueron golpeados y durante los días que estuvieron privados de su libertad de manera clandestina no recibieron agua ni alimentos. Querían hacerlos confesar de su participación en el secuestro y asesinato del doctor Rito Solís.

A Reyes Penagos le inyectaron sustancias tóxicas y le presionaron sus testículos. A Julieta Flores, además de los maltratos antes descritos, también le arrojaron agua de Tehuacán con chile en la nariz y alega que fue violada durante el tiempo de su detención.

El 18 de diciembre de 1995, en las primeras horas de la mañana, Reyes Penagos fue trasladado a un terreno donde siguieron golpeándolo, y finalmente fue ejecutado de un disparo en el pecho.

Por recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, once años después de los acontecimientos, en febrero de 2006, detuvieron a cuatro funcionarios públicos, entre ellos José Uriel Estrada Martínez, como autores materiales del homicidio de Reyes Penagos.

AUDITOR ESPURIO

En la madrugada del 31 de diciembre de 2018, Uriel Estrada resultó electo entre una terna que incluía a los contadores públicos José Alberto Zamora y René Cruz Montalvo, como auditor superior, cargo que desempeñará para un periodo de ocho años. No obstante, el expresidiario ocupa el cargo de manera ilegítima.

En primer lugar, el Artículo 71 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas determina que quien pretenda ocupar el cargo de auditor superior deberá “gozar de buena reputación y no tener antecedentes penales”. Y Uriel Estrada, como hemos visto antes, estuvo en prisión por la tortura y ejecución de un líder campesino.

Por otro lado, la fracción segunda de ese mismo artículo requiere que para ser auditor superior se deberá contar al momento de la designación con una experiencia mínima de cinco años en actividades o funciones relacionadas con el control y fiscalización del gasto público, política presupuestaria, evaluación del gasto público, del desempeño y de políticas públicas, entre otras. Los cargos que antes ejerció Estrada Martínez nada tienen que ver con esas actuaciones.

Además, sus conocimientos académicos no tienen ninguna relación con el puesto que hoy ostenta. Es licenciado en Derecho, sí, una profesión que admite dicha ley para ser auditor, pero jamás él la ha relacionado con la fiscalización de recursos, requisito también exigido y con una antigüedad de diez años. Y si estuvo en prisión, tampoco tiene la antigüedad. ¿Cómo lograrla estando encerrado en una celda?

AUDITOR CORRUPTO

Ahora bien, en el dicho Uriel Estrada se define como férreo combatiente de la corrupción e impunidad. Pero en los hechos presuntamente extorsiona a los presidentes municipales a cambio de protección. Tal como lo dio a conocer el alcalde de Reforma, Herminio Valdez Castillo, quien estando en una borrachera les habló a sus contertulios de que era intocable y que nadie le haría nada por el desvío de los recursos de la obra pública municipal: “Todo está arreglado. No van a molestarnos, ya me arreglé con el mero mero de la Auditoría Superior”.

Hay rumores de que cada mes los ediles envían alrededor de 300 mil pesos mensuales a la Auditoría Superior del Estado para comprar impunidad.

En días recientes, el Diario de Chiapas dio a conocer que el auditor Uriel Estrada estuvo involucrado en dos iniciativas de ley que buscaban menoscabar la democracia y la voluntad del pueblo.

Pues en un acto de oportunismo quiso arrebatarle el cargo a Ismael Brito Mazariegos (secretario general de gobierno, quien goza de toda la confianza del gobernador del estado y que está muy por encima del auditor espurio) lanzando una iniciativa que proponía realizar la elección de presidentes municipales en fechas distintas a la del presidente de la República, gobernador y legisladores federales y, la otra, que trataba de alargar a 3 años y 3 meses el periodo de duración de los integrantes de los Ayuntamientos. Algo así como la “Ley Bonilla”, pero fracasó por su propia incompetencia y estulticia.

Uriel Estrada no debería ser parte de la Cuarta Transformación no sólo porque no cumple con los requisitos legales, sino también por fomentar la corrupción. Lo que le falta de ética, le sobra de ambición. Su nombramiento, sin duda, fue como poner al perro a cuidar la longaniza. ¡Chao!

@_MarioCaballero