JUSTICIA Y GOBIERNO

La justicia y la política siempre han caminado juntas. Una sin la otra, cojea. Dependen entre sí para dar piso firme a cualquier gobierno. Desde que existe la democracia, la justicia fue llevada a la formalidad. Con ello se dio un paso hacia adelante en la equidad y en la eliminación de la burda discrecionalidad con que los soberanos la impartían.

Esa relación dio certeza al principio de igualdad ante la ley. De ahí la frase de que la ley a todos nos iguala y a todos nos protege. Para los efectos de justicia penal, fijó la obligatoriedad de los principios del debido proceso. No obstante, sin importar los enormes avances, la justicia sigue siendo hasta nuestros días un tema aspiracional y nunca han desaparecido los modos y los métodos con que la política la condiciona, coarta o impide a capricho y conveniencia de los poderosos. 

La política, según Aristóteles, es el arte de gobernar. Es algo que viene con nosotros desde el nacimiento. Cuando el bebé llora para pedir alimento o reclamar la atención de los padres, está haciendo política. Pero al no estar acompañada por la justicia, el poder político carece de control, de legitimidad ante el pueblo, navega en la desconfianza y puede convertirse en el cáncer que ha destruido sociedades enteras: la dictadura.

En México la justicia ha venido perdiendo la pelea contra la impunidad. Entendida como el elemento que pone diques al autoritarismo, al uso exagerado de la fuerza y que da garantías para la sana convivencia; su desaparición del ámbito cotidiano permite la instauración de regímenes despóticos, caciquismo, la aparición de grupos delincuenciales. Sin ésta no hay gobierno, sino anarquía. Crece la desigualdad social, se multiplican los delitos y los delincuentes, se daña la imagen del gobernante y del aparato de justicia, la convivencia se pone en peligro y la clase política ejerce el poder no para el bien común, sino para el beneficio propio.

Por tanto, la impunidad es el resultado de la incapacidad del sistema en todo su conjunto (y por qué no, también del ciudadano) para que las leyes se respeten, se hagan valer y ofrezcan sanciones a quienes desobedezcan su mandato.

Al imponerse la política sobre la justicia, se comenten fraudes a los recursos públicos, supuestos criminales pasan a formar parte de la estructura de gobierno, presidentes de la República, gobernadores, alcaldes y legisladores se enriquecen ilícitamente sin recibir ningún castigo. Algunas veces hasta son premiados.

En 2010 se dio uno de los casos más reprobables. La bancada del PRD en San Lázaro, introdujo a Julio César Godoy Toscano escondido en la camioneta de José Guadalupe Acosta Naranjo, entonces presidente del Congreso, y lo ocultaron durante dos días en la oficina de Alejandro Encinas, su coordinador, para que protestara el cargo y le dieran protección del fuero a quien era, realmente, un activo del crimen organizado de Michoacán. La política sobre la justicia.

El 7 de junio de 2011, el ex mandatario Pablo Salazar Mendiguchía es detenido por los delitos de peculado y asociación delictuosa. De acuerdo a la acusación, había desviado 104 millones de pesos del erario para un supuesto bono sexenal. Dieciséis meses más tarde, sin explicación alguna, le son retirados los cargos y sale libre de su reclusión domiciliaria. Tiempo después, él mismo dijo que había negociado su libertad con Juan Sabines a cambio de no proceder penalmente contra éste. Política y no justicia.

OTROS CASOS; OTROS FORÚNCULOS

Decía Jaime Torres Bodet que caminamos entre tumbas. En Chiapas, la falta de justicia ha propiciado el surgimiento del vandalismo en todas sus formas. Al no aplicarse la ley, se volvieron cotidianos y hasta parte del paisaje las tomas carreteras, los bloqueos, el secuestro y quema de camiones, el saqueo a tiendas de conveniencia, la violencia criminal, los destrozos a dependencias, las confrontaciones con el gobierno y el pisoteo incesante a los derechos ciudadanos.

Ejemplos tenemos muchos. El MOCRI y todas sus variantes se volvieron un grupo criminal que se dedicó al despojo de tierras en todo el estado. Supo enfrentarse a los pasados gobiernos y logró importantes prebendas políticas además de protección del Estado. Pudo más el garrote y el machete que la ley.

La CNTE, ese grupúsculo magisterial que año con año abandona las aulas de clases para luchar supuestamente por los derechos laborales de los maestros, ha obtenido ganancias con las marchas, los plantones y los paros magisteriales. Tanto Juan Sabines como Manuel Velasco Coello apapacharon a sus líderes y les concedieron todo tipo de privilegios, desde cuotas discrecionales hasta puestos en el gobierno para sus familiares.

Los normalistas también se han aprovechado de esa falta de legalidad. Se han enfrentado al gobierno con las mismas tácticas de la sediciosa CNTE, y vaya que les ha ido bien. El sexenio anterior lograron una serie de acuerdos al margen de la ley. Quemando vehículos, saqueando comercios, bloqueando carreteras y agrediendo edificios públicos obtuvieron recursos financieros, apoyo para uniformes, infraestructura escolar, alimentación, equipo de transporte, herramientas, mobiliario, útiles, becas, etcétera. Y cada vez que les da su regalada gana, cada vez que quieren más, vuelven a lo mismo.

Este miércoles, un grupo representante de la Escuela Normal Rural Mactumatzá fue atendido por el secretario de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, y otras autoridades estatales. Abordaron 21 demandas, que incluyen el proceso de ingreso, fortalecimiento académico, recursos financieros, seguridad laboral para los egresados y el reconocimiento del internado. Recibieron las debidas respuestas a sus planteamientos y se agendaron nuevas reuniones para tratar otros temas que son prioridad de la institución educativa. Dicho sea de paso, esa fue una de tantas otras mesas de diálogo propuestas por el actual gobierno.

No contentos, tomaron con violencia la caseta de cobro Tuxtla-San Cristóbal. Y al ser desalojados de forma pacífica, retuvieron dos camiones de una empresa de transporte para trasladarse a la escuela. Una vez ahí bloquearon el cruce del libramiento norte y el boulevard Vicente Fox, donde protagonizaron una sarta de desmanes, agresiones contra particulares, quemaron un vehículo y atacaron con cohetones a los agentes del orden.

APLICAR LA LEY

Justamente por lo anterior son de celebrarse las expresiones del secretario Brito Mazariegos de hacer un llamado al diálogo, pero también por recuperar el orden cada vez que éste es atacado. Las autoridades no pueden mantenerse pasivas frente a los casos que demandan justicia. La ley es protección al particular y es deber del Estado hacerla valer. La buena justicia demanda de firmeza y de apego a la formalidad.

Los normalistas podrán estar en su derecho de manifestarse, pero eso en ningún momento les permite agredir a los ciudadanos y cometer ilícitos. Afortunadamente, no ha habido pérdidas que lamentar y no se debe esperar a que aparezcan. Si roban un camión, si lo queman, si golpean a una persona (como ha sucedido en varias ocasiones), si dañan la propiedad privada y pública, si ilegalmente cobran las cuotas de peaje, si alteran el orden, están cometiendo delitos y deben ser sancionados por ello. La libertad de manifestación no debe ser coartada del crimen.

Hoy, como nunca antes, es indispensable actuar con claridad y firmeza contra la impunidad de los muchos grupos que se han beneficiado a través del chantaje y la violencia. Aplicar la ley no es represión, es justicia. Y la demanda de justicia es demasiado seria para tomarse a la ligera.

Es tiempo que el gobierno haga su parte. Y no se trata de lavarle la cara a nadie frente al repudio ciudadano, sino simplemente de hacer valer la ley. ¡Chao!

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