LA CLOACA DE EMILIO ZEBADÚA

Reconozcamos la determinación del gobierno de López Obrador por emprender una acción administrativa y penal para sacar a la luz los presuntos desvíos multimillonarios en Sedesol y Sedatu ocurridos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Principalmente, porque atiende al histórico reclamo social: justicia ante la corrupción de los poderosos.

Estamos de cara a un proceso que aparenta será un parteaguas en la historia judicial de México. La operación consiste en la integración de expedientes que incluyen elementos aportados por decenas de instituciones públicas federales y estatales. No es cosa menor. Hay un esfuerzo institucional por apegarse al protocolo. Por hacer las cosas bien. 

Debido a ello un pequeño grupo de funcionarios menores ya han sido inhabilitados y se les ha fincado responsabilidades por cientos de millones de pesos. Algunos de ellos también fueron vinculados a proceso ante jueces a solicitud de la Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz, la cual se ha apoyado en evidencias proporcionadas por la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Eréndira Sandoval. Aunque la detención de Rosario Robles es sin duda la mayor ejecución del proceso, quien con pruebas en la mano ha sido hallada como presunta responsable por omisión del daño al erario por 5 mil 73 millones de pesos.

Pero todos los caminos llevan a Emilio Zebadúa. Información reciente asegura que los funcionarios involucrados hasta ahora han empezado a señalar a altos mandos, en particular al ex secretario de gobierno de Pablo Salazar, quien se desempeñó sucesivamente como oficial mayor en ambas entidades por invitación de Robles Berlanga.

ALGUNOS DETALLES

La mancuerna Robles-Zebadúa empezó cuando ambos eran militantes del Partido de la Revolución Democrática. Aunque, a decir verdad, primero conoció al hermano de Emilio, José Ramón Zebadúa.

Era el año 1997, Rosario Robles ocupaba el cargo de secretaria de gobierno de la Ciudad de México, precisamente cuando Cuauhtémoc Cárdenas era el jefe capitalino. El jefe de Finanzas era José Ramón Zebadúa.

El 29 de septiembre de 1999, se convirtió en la primera mujer en desempeñar la jefatura de gobierno de la capital mexicana (cargo interino). En su ascenso se llevó a José Ramón como su secretario de gobierno. Y esa alianza se mantuvo cuando Robles fungió como dirigente nacional del PRD en 2002, pues Zebadúa fue nombrado tesorero del partido.

Un año más tarde, Robles abandonó el cargo por la puerta trasera, había sido denunciada de contraer una deuda para el PRD de 289 millones de pesos. En 2004, también fue acusada de participar en un escándalo de corrupción por quien fuera su pareja sentimental, el empresario Carlos Ahumada, quien fue videograbado entregando fajos de billetes a René Bejarano.

A José Ramón Zebadúa también se le responsabilizó del desfalco al partido, pero en ninguno de los casos procedieron las denuncias.

Las imputaciones pesaron mucho sobre Robles que tuvo que retirarse de la política por un tiempo, pero volvió en diciembre de 2012 bajo el cobijo del PRI. El presidente Peña Nieto la había nombrado titular de Sedesol. Ahí, le pidió a Emilio Zebadúa ser el oficial mayor de esa institución.

¿DELINCUENTE O NO?

¿Es realmente culpable Emilio Zebadúa de los delitos que se le imputan? Todo indica que sí.

Desde 2013, cuando Robles Berlanga encabeza Sedesol, la dependencia celebró contratos con al menos doce universidades públicas del Estado de México, Quintana Roo, Hidalgo, Sonora y Chiapas, mediante los cuales se realizó una supuesta triangulación de recursos.

De los 27 convenios revelados en las audiencias de Rosario Robles, el nombre y firma de Emilio Zebadúa se encuentran en al menos cinco de los celebrados con universidades de los estados de México, Morelos, Quintana Roo y la Politécnica de Chiapas. Hasta el momento, se ha dado a conocer que el único firmado por la propia Robles Berlanga es con la Universidad Autónoma de Chiapas, siendo rector Jaime Valls Esponda. El resto, supuestamente, fue firmado por los colaboradores del chiapaneco.

En junio de 2014, José Antolino Orozco Martínez, entonces titular de la Dirección de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Sedesol, se reunió con Rosario Robles para informarle que desconocía documentos en los que aparecía su firma y que formaban parte de convenios de diversas prestaciones de servicios. Robles le contestó que viera ese tema con Zebadúa, pese a que éste estaba vinculado con las irregularidades que estaba denunciando.

Orozco acudió con Emilio Zebadúa en una oficina alterna que éste tenía en la calle de Tennyson 125 en la colonia Polanco. En esa reunión, el oficial mayor rechazó haber firmado y pagado los convenios con universidades. Para calmarlo, cínicamente, le dijo: “no te preocupes, todo está arreglado”.

Aparte, María del Carmen Gutiérrez Medina, quien fuera titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la Sedatu, también se acercó a Robles para darle a conocer sobre la existencia de documentos firmados por Orozco, pero que distaban de la rúbrica original. Le estaba informando de convenios irregulares y falsificación de firmas, y la respuesta de la ex secretaria fue, también, remitirla con Zebadúa: “el oficial mayor arreglará el problema”.

Emilio Zebadúa nunca hizo nada por intentar ocultar las anomalías. No obstante, Orozco y Gutiérrez decidieron interponer las denuncias penales.

PARTE DE LAS INVESTIGACIONES

La Auditoría Superior de la Federación, entonces bajo tutela de Juan Manuel Portal, inició las pesquisas ante la cauda de señalamientos sobre malos manejos de fondos públicos. Fue ahí cuando en el otoño de 2017, trascendió una conversación entre el hoy ex auditor superior y la exsecretaria Robles:

“Pero, Juan Manuel, no me digas que Emilio (Zebadúa) no te ha entregado las cajas con toda la documentación que nos has pedido. ¡Pero si son más de 50, llenas de facturas y otros papeles…!”.

En otro encuentro, Robles le sugirió a Portal que Zebadúa entregara las 56 cajas frente a la prensa, en las que estaban las pruebas de que todo estaba en regla. Portal se negó y le dijo que tales cajas fueran enviadas a la ASF para ser entregadas con el respectivo acuse de recibo. Cuando las cajas llegaron se descubrió que estaban vacías.

Posteriormente, tres ex servidores públicos declararon a la Fiscalía General que hay cuatro domicilios, ubicados en las colonias Anzures y Polanco, que operaban como oficinas alternas de los colaboradores de Emilio Zebadúa, donde se fabricaban contratos, recibos y comprobantes con firmas falsificadas.

La información proporcionada a la FGR apunta que los cómplices de Zebadúa falsearon las rúbricas de once ex funcionarios para, supuestamente, justificar el desvío de más de 2 mil 800 millones de pesos de la Sedatu y la desaparecida Sedesol.

Antes de ser relevado del cargo, Juan Manuel Portal le alertó a Rosario Robles que todos los indicios apuntaban que Emilio Zebadúa, su mano derecha, era responsable en la aprobación de contratos irregulares para la realización de trabajos que nunca se llevaron a cabo. Una estimación inicial ubicaba en 7 mil millones de pesos el monto extraviado.

Mañana trataré de explicar la participación de sus cómplices. ¡Chao!

yomariocaballero@gmail.com