Cuando
un servidor público es acusado de abuso de poder, nepotismo, corrupción y robo,
no basta una renuncia. Ni siquiera el más humillante de los despidos es
suficiente para borrar el menor de los daños. Rafael Ceballos Cancino renunció
hace unos días como delegado del ISSSTE en Chiapas después de una manifestación
de trabajadores que exigían su destitución y cree que con eso se anularán los
desvíos de recursos, la venta de plazas, los sometimientos al personal médico y
administrativo, las complicidades, el abandono de los hospitales y las
denuncias por fraudes que hubo durante su gestión.
En
el año 1998, pocos meses después de que abandonara su cargo como diputado
federal, la Procuraduría General de la República inició una investigación en su
contra por sus probables nexos con el grupo paramilitar Los Chinchulines, que irrigaba
el terror en la zona Norte de Chiapas, específicamente en Bachajón, pueblo perteneciente
al municipio de Chilón.
Siendo
diputado en la Legislatura federal número 56, lo nombraron presidente de la
Comisión de Agricultura, pero hubo presunciones de que utilizaba su posición en
la Cámara de Diputados para proteger a líderes e integrantes de esa banda
criminal y que además bajaba recursos destinados a fortalecer la productividad
del agro chiapaneco que terminaban invertidos en la compra de armas. Dicen que
las llamadas cuernos de chivo eran sus predilectas.
Debido
a esos rumores la PGR elaboró un expediente del que nunca se supo nada. Incluso
las indagaciones que venían por buen camino fueron interrumpidas de manera
abrupta. Sin embargo, nunca cesaron los señalamientos de organismos
internaciones de derechos humanos sobre él, quien luego de muchos años en el PRI
se integró a las filas del PRD donde su permanencia duró un breve lapso de tiempo
para después amarrar un amorío muy ventajoso con los dirigentes del partido
Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano. Al parecer, en nuestros días sigue
siendo del PVEM.
El
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro mencionó el nombre de Rafael Ceballos
Cancino en un grueso informe que realizó a partir de la matanza de Acteal en
diciembre de 1997, suceso en el que 45 indígenas perdieron la vida en manos de
un grupo paramilitar de filiación priista y que el gobierno de Ernesto Zedillo
quiso minimizar con los despidos del exgobernador interino Julio César Ruiz
Ferro y del Secretario de Gobierno Emilio Chuayffet Chemor.
A
partir de esas investigaciones se conoció que Ceballos Cancino financiaba a Los
Chinchulines. Paralelamente, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de
las Casas inició otras pesquisas, y apoyado por el Parlamento Europeo solicitó que
el gobierno federal interviniera en las investigaciones para ponerle un fin a
los actos ilícitos de ese grupo armado y de su principal promotor: Rafa
Ceballos. Nada pasó.
Del
caso de Los Chinchulines se documentaron al menos 123 asesinatos que fueron
cometidos en su mayoría por armas de alto poder. Aparte, se reveló que los
miembros de esa hueste recibían adiestramiento de ex agentes de la Policía de
Seguridad Pública y ex militares.
Ruiz
Ferro fue denunciado por la supuesta entrega de 5 millones de pesos a los
paramilitares que surgieron en esa época. Se dijo que ese dinero era parte de
un programa de reactivación agrícola y pecuaria, pero de acuerdo a los
testimonios del FRAYBA se usó para fomentar el activismo paramilitar en Chiapas
y que una buena parte de esos recursos estaba en las cuentas bancarias de
Rafael Ceballos.
Hasta
ahí quedó ese asunto.
DESASTRE
EN EL ISSSTE
Ceballos
Cancino es de esos políticos que nada sabe de lealtades ni de ética. El Partido
Revolucionario Institucional fue como una madre para él, pero lo abandonó
cuando los nuevos liderazgos lo dejaron fuera de las decisiones. Cuando se
congregó en el PRD ganó una diputación plurinominal y nada más. Poco tenía que
ofrecer desde la barrera de la oposición.
El
partido Convergencia lo hizo candidato a la presidencia municipal de Palenque y
su fracaso fue vergonzoso a pesar de que tenía el respaldo de la maquinaria del
Estado. Durante la contienda electoral varios grupos de choque contratados en
Tabasco operaron a su favor y diseminaron la violencia, el temor y el caos.
Detrás
de esa ambición de poder estaba Juan Sabines Guerrero, y quien le facilitaba
los recursos era nada menos que Nemesio Ponce Sánchez, el brazo ejecutor del
sabinato que dirigía los operativos desde su oficina en la Subsecretaría de
Gobierno.
En
el sexenio pasado, Ceballos Cancino fue de los más privilegiados. Era evidente el
aprecio que le guardaba Juan Sabines júnior. Cuentan que Ceballos lo tuvo en
brazos cuando el ex mandatario apenas era un bebé, pues fue colaborador de su
padre el también exgobernador Juan Sabines Gutiérrez.
En
marzo de 2013, Rafa Ceballos recibió la titularidad de la Delegación Estatal
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), organismo que dejó hecho un desastre.
Por
ejemplo, en octubre de 2015, médicos, enfermeras, paramédicos y técnicos en
salud denunciaron un contubernio entre Ceballos Cancino y el secretario general
de la sección 13 del Sindicato Nacional de ese instituto, Roberto Alfaro
Guillén, que supuestamente vendieron un promedio de 200 plazas, violentando los
derechos laborales de los trabajadores que debieron recibirlas por ley.
Ceballos
infló la nómina de aviadores. Su cómplice fue Mercedes del Carmen Pinto Pinto
que como jefa del Departamento de Recursos Humanos despidió, contrató y removió
a quien se le dio la gana. Ella decidía el puesto y el salario y no le importa
si la persona a quien designaba en tal o cual cargo contaba con el perfil
requerido. Tal es el caso de su esposo Raúl Mendarrozqueta, su hijo Brayan y su
hermana Paola Pinto, quienes cobraban -¿o cobran?- un sueldo sin trabajar.
De
ese asunto, Viridiana López, subdirectora de Administración del Hospital
Roberto Nettel en Tapachula, ganaba 36 mil pesos mensuales, pero nunca llegó a
trabajar dado que era esposa del ex delegado del ISSSTE. Asimismo, la señora
Socorro López, madre de Viridiana, también estaba o está en la nómina pero sin
devengar el sueldo. Un caso más es el de Hugo Ruiz, compadre de Ceballos, que
Pinto Pinto lo designó como coordinador del hospital de San Cristóbal de las
Casas, y nunca se presentó a trabajar. Donde sí se presentaba es en el Hospital
Dr. Belisario Domínguez, donde hace todo tipo de desmanes en contra de los
empleados del nosocomio y en completo estado de ebriedad.
Una
cómplice más de Rafa Ceballos fue Nora Carmina Alfaro, quien se desempeñaba
como responsable de la farmacia del Hospital Dr. Belisario Domínguez. Ella fue
denunciada por un fraude de más de 100 millones de pesos que dejó a centenares
de derechohabientes sin medicamentos, incluso los pacientes con cáncer tuvieron
que comprar su propio tratamiento de quimioterapia. ¿Por qué no prosperó dicha
denuncia? Se dice que por el tráfico de influencias del hoy ex delegado.
No
nos olvidemos de Marco Antonio González Aquino y del Dr. Ángel Barrios Zea. Del
primero se dice que es dueño de una colección de motos deportivas, entre éstas
dos motocicletas marca Harley Davidson, y de varios vehículos de lujo como una
Ford Raptor que puede llegar a valer más de medio millón pesos. En cuanto a
Barrios Zea, que ha estado varias veces en prisión, se le acusa del robo de
equipo médico del hospital de Tapachula y más recientemente de la desaparición
de más de 26 millones de pesos en materiales y equipo.
El
nuevo delegado Juan Enrique Ávila debe realizar urgentemente una auditoria a la
gestión de Rafael Ceballos Cancino con dos objetivos fundamentales: deslindarse
de los abusos y fraudes de su predecesor y procurar que la justicia prevalezca
sobre la impunidad.
Por
estas y otras razones, como la muerte de la señora Victoria B.G. que murió
supuestamente por una negligencia médica que Rafael Ceballos encubrió, una
renuncia no basta. ¡Chao!
@_MarioCaballero
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