Absurda
y deprimente fue la marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación este lunes 12 de octubre de 2015. Poco o casi nada queda de aquel
amenazante movimiento surgido en el 2013 y que hoy no es sino una corriente en declive,
urgida de motivos firmes que la sostengan porque a lo que antes llamaron causas
justas ahora no son más que pretextos para mantener la disidencia.
En
el análisis cultural del conflicto: ¿Qué significa en estos momentos la lucha
magisterial? ¿Por qué en cada marcha hay más demandas y menos maestros? ¿Por
qué el levantamiento ha perdido el acompañamiento moral de la sociedad? ¿Cuáles
son las causas actuales del levantamiento, mismas a las que sumaron con otras o
cambiaron según la noticia del momento y –supongo- por el debilitamiento de las
primeras?
Y, por último, ¿cuáles
son sus propuestas para llegar a un consenso con el gobierno federal y terminar
de una vez por todas con la ola de crímenes al Estado de Derecho? Una más: ¿dónde
está la defensa de los derechos gremiales? Porque lo que claramente contextualiza
a la lucha no tiene ni siquiera un asomo de ser tema de justica laboral y
mejoras al sistema educativo, sino (visto a través de la violencia y necedad) el
asunto parecer ser algo distinto, de congruencia intelectual, de tiempo y ética
profesional.
Por otro lado, ¿hasta
qué punto están informados de las modificaciones a la ley de educación para
afirmar que todo está en su contra? Y, ¿por qué exigen que sea eliminada la
evaluación docente cuando dicen luchar -entre otras cosas- por alcanzar un
mayor nivel de la educación? ¡Qué incongruencia!
Al parecer, la
rebeldía del magisterio está plagada de desinformación e ignorancia.
MITOS
Y REALIDADES
A
lo largo de todo este tiempo la reforma educativa ha sido calificada de punitiva
y engañosa. Y basados en los rumores y no así en la verdad concreta, protestan por
la supuesta desaparición de sus derechos laborales, la anulación del derecho
sindical, la cruel evaluación y por falta de garantías a la estabilidad en el
empleo.
1.-
La asignación de plazas. Que ahora el ingreso al servicio
profesional docente sea a través de concursos de oposición, es uno de los
protocolos que no tiene muy contento a los profesores. ¿Pero por qué se oponen
a esta medida? ¿En qué les afecta? Por una razón muy sencilla: acaba con los
latifundios de los líderes magisteriales.
Recordaremos que por
décadas las plazas del magisterio eran entregadas en automático y en la mayoría
de los casos por los mismos maestros que las repartían entre sus familiares,
ahijados, amantes en turno, amigos, o bien, las vendían a precios que iban
desde los 80 mil hasta los 120 mil pesos, dependiendo en dónde estaba ubicada
la plaza. Este asunto si no fue el mayor símbolo de la corrupción en el
magisterio, sí uno de los más destacables.
2.-
La ampliación del perfil de los aspirantes.
Independientemente de si sea egresado o no de una escuela normal, pasado dos
años de entrar en vigencia la ley, cualquier persona que cumpla con el perfil
que definan las autoridades educativas puede concursar por una plaza.
Este
es otro de los puntos absurdos de la lucha de la Cnte: Si el problema de la
educación del país es el bajo rendimiento, ¿por qué no ampliar los perfiles de
los candidatos para abarcar más terreno académico? Muy a pesar de lo que
piensan los maestros acerca de que esta disposición disminuye las posibilidades
laborales de los normalistas, hará que la competencia profesional sea más seria
entre todos los interesados y se llegue a configurar una plantilla educativa
más apta, robusta intelectualmente y con un campo de conocimientos más extenso,
es decir, sólo los más preparados serán merecedores de la titularidad.
3.-
La evaluación docente. La obligatoriedad de que sin excepción todos
los maestros, directores de escuela, asesores y supervisores se sometan a una evaluación
periódica, no fue bien recibida.
¿En
qué consiste la evaluación? Dicho examen no es un solo instrumento de
valoración, sino un conjunto de ellos adheridos en un largo proceso de
evaluación-capacitación, cuyo objetivo es detectar las debilidades y fortalezas
de los educadores, así como también, las áreas en que presentan una mayor
necesidad de regularización. Y dentro lo planeado está la programación de
cursos de formación continua que coadyuve a un mayor logro en las capacidades
educativas.
Aclaremos:
En primera instancia, y aquí entran otra vez los rumores, nadie será privado de
su trabajo si reprueba: El artículo 53 de la Ley General del Servicio
Profesional Docente determina que cuando se identifique insuficiencia en el
nivel de desempeño de los profesores en la primera evaluación, estos serán
incorporados a programas de regularización gratuitos que serán proporcionados
por el gobierno para que puedan realizarla nuevamente, hasta en dos ocasiones
más, pero mejor preparados.
Empero, ¿qué sucede
si alguien reprueba las tres oportunidades?
-
El maestro que no haya aprobado la
evaluación en la tercera ocasión (cosa poco probable cuando se recibe la
instrucción pertinente para sustentarla) no será separado de su trabajo como
muchos lo aseguran, sino se reubicará en una plaza administrativa o en labores
afines dentro de dicho servicio, o podrá optar por el retiro voluntario. Lo que
le convenga más.
4.-
Desaparición de los derechos laborales. Los principales objetivos
de la reforma educativa es fortalecer la educación pública, las capacidades de
gestión de las escuelas y asegurar la gratuidad y laicidad. Para ello, en el
artículo 13 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, fracciones I,
IV, VI, VII y VIII, se decreta que es obligación de las autoridades otorgar a los
educadores los apoyos necesarios para que pueda cumplir con sus funciones, al
mismo tiempo, contribuir al aprovechamiento escolar y la dignidad magisterial (reconocimiento
y estímulos económicos).
Sin esto resultaría imposible
que se logren a buen término los propósitos antes mencionados.
5.-
Derechos sindicales. En este punto no podrían estar más
equivocados. Observémoslo de este modo:
-
El artículo 33 de la citada ley expresa
que, para los efectos del ejercicio de sus funciones de atención laboral de los
agremiados, las organizaciones sindicales reconocidas recibirán informes de los
procesos.
-
Por otro lado, la libertad sindical de
los trabajadores encuentra su apoyo en el artículo noveno de la Constitución
Política a título de garantía individual, y también en la fracción XVI del
artículo 123 constitucional, en el apartado B, aunque no considerada como
garantía individual por la parte de la relación jurídica entre el trabajador
del Estado, el propio Estado y sus autoridades, sino como algo mayor, garantía
social.
-
El artículo 45, quinto párrafo, de la
Ley General de Educación, determina que para la formación del trabajo se
celebrarán convenios con las organizaciones sindicales.
No veo por ningún
lado la transgresión o privación al derecho de asociación. La regulación de los
sindicatos es por entero un tema pendiente dentro de las reformas
estructurales.
6.-
Los comisionados sindicales. La normatividad en
cuanto este aspecto es sin dudas un verdadero acto de justicia social. No se
tiene la cifra real del número de comisionados sindicales que hay en México,
pero es sorprendente la cantidad de docentes que mientras realizan funciones
para su organización cobran un sueldo sin dar clases.
Lo
que busca esta reforma es regular la nómina de los profesores que aceptan un
cargo en su sindicato , alegando que el
sueldo que deben percibir sea de parte de la agrupación gremial y no del
Estado. De no tomarse esto en cuenta, seguirán dándose casos como el de Miguel
Reyes Taboada, que percibió un ingreso de más de 572 mil pesos en el primer
trimestre de 2015 sin haber acumulado horas frente a grupo o el del dirigente
de la sección 22, en Oaxaca, Rubén Núñez, que en ese mismo periodo cobró 295
mil 177 pesos, es decir, 98 mil 392 pesos mensuales sin trabajar.
NI
CAPRICHOS, NI INTERESES
El movimiento
magisterial actual se ha convertido en una grave intransigencia social, civil,
política. Para que una lucha de ese nivel pueda ser justa los interesados deben
tener un profundo conocimiento sobre las causas que la han generado y un
liderazgo que esté alejado del discurso político, sin motivos de crecimiento
económico personal, ni pretensiones de poder en el gobierno.
Resulta necesario que
los maestros hagan su parte, tomen conciencia de las consecuencias jurídicas de
sus actos y del marco legal que envuelve la reforma educativa para no ser
tomados como tontos por dejarse llevar de los caprichos de los líderes y no de
lo que por cuenta propia pueden analizar y juzgar.
Basta
de caprichos y de intereses que no conducen a ninguna parte. Y el grueso del
magisterio al prestarse al juego de los líderes, está ayudando a la
preservación de la impunidad y falta de oportunidades. De la educación de los
niños y jóvenes, ni hablar.
La política es de los
políticos, no de los maestros.
yomariocaballero@gmail.com
Comentarios
Publicar un comentario