El
incremento salarial que se autorizaron los consejeros del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana en Chiapas, el pasado lunes 24 de
noviembre, es un homenaje a la indolencia. Pues de ganar un sueldo que va de
los 64 mil 800 pesos mensuales, a partir del 2015 será de casi 120 mil pesos. La
escritora belga Chantal Maillard afirma: “No existe el infinito: el infinito es
la sorpresa de los límites”. Y los consejeros electorales se extralimitaron.
El
presupuesto de 933 millones 537 mil 584 pesos que solicitan los consejeros para
realizar las elecciones del 2015, donde se elegirán 122 presidentes municipales
y 41 diputados locales, no sólo es el más alto de la historia del IEPC sino
también el más alto del país. La Secretaría de Hacienda en su página de
transparencia muestra que para los comicios de 2012, en el que además se eligió
gobernador del estado, el presupuesto ejercido fue de 321 millones 591 mil 45
pesos, es decir, tres veces menor que el ahora requerido. La diferencia en
números es de 611 millones 946 mil 539 pesos más que hace dos años.
Y
las razones que motivaron el grosero incremento salarial y presupuestal, son
desconocidas. Nadie dijo nada y mucho menos se opusieron. La consejera
presidente, María de Lourdes Morales Urbina, hablando en términos boxísticos,
se fue por piernas: Al momento de terminar la sesión huyó del lugar para evitar
ser cuestionada, y salió por una puerta trasera diciendo: “Ahí les van a mandar
un boletín”. Y sí llegó el boletín, tal como lo prometió, pero no informa nada
sobre el monto total del presupuesto y mucho menos del execrable incremento de
los sueldos.
Jorge
Manuel Morales Sánchez, consejero electoral, fue el único que “intentó” dar una
explicación al abuso: “La modificación a los sueldos es una unificación de
prestaciones laborales entre los consejeros del IEPC y los magistrados del
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado.” De acuerdo a la lucidez de
Jorge Morales, debemos entender que una elección solo podrá ser equilibrada cuando
primero equilibremos los sueldos de todos los organizadores responsables. O
sea, que mientras no lo hagamos, seguiremos siendo los culpables de vivir en
una democracia virtual, donde los fraudes electorales, sinónimos de subsidio
económico, han tenido que compensar de alguna forma los bajos salarios de los
consejeros.
INDOLENCIA
Dados los bajos
niveles de ingresos económicos de la sociedad y siendo que Chiapas es uno de
los estados más pobres del país, la medida de engrosamiento salarial de los
consejeros del IEPC es una profunda indolencia.
Con base a
información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del segundo trimestre
de 2013 aplicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
Chiapas ocupa el lugar número 29 a nivel nacional de personas económicamente
activas, donde Quintana Roo y Colima ocupan los primeros lugares. Y sólo el 42%
de toda la población trabajadora chiapaneca percibe un sueldo o salario formal.
Del total de
trabajadores, 378 mil empleados gozan de las prestaciones de ley, como aguinaldo,
vacaciones con goce de sueldo y reparto de utilidades, y 486 mil carecen de
estos beneficios. Por otro lado, 646 mil trabajadores perciben un salario
mínimo, 475 mil perciben de uno a dos salarios mínimos; 211 mil obtienen hasta
tres salarios y 267 mil más de tres. Es decir, el 58 por ciento de la población
económicamente activa se encuentra por debajo de la línea de bienestar,
careciendo de servicios médicos, vivienda, agua potable y alimentos diarios.
En números redondos,
un trabajador común de salario mínimo en Chiapas gana mil 976 pesos mensuales, un
chofer de transporte colectivo un aproximado de 3 mil pesos, y un
profesionista, como un contador público o un ingeniero, alrededor de los seis
mil ó 7 mil pesos, esto sin descontar impuestos. Sin embargo, un consejero
electoral ganará a partir del 2015 un salario mensual de 120 mil pesos, que
después de las deducciones quedará en la módica cantidad de 90 mil 888 pesos, más
prestaciones y dos meses de aguinaldo. En total, un consejero recibirá un ingreso
anual superior a un millón 500 mil pesos.
Está por demás
decirlo, pero el ajuste al salario de los consejeros se hace en tiempos
inapropiados y fuera de lugar. Con esta determinación los funcionarios están
dando un mensaje negativo a los electores y no sólo por la situación económica
que enfrenta el estado, sino también porque pisotea los principios de
austeridad que debe y necesita tener este organismo debido al grave problema
financiero que arrastra, así como el elevado costo que representa para la
población organizar las elecciones.
En primer lugar está
la bancarrota del instituto electoral: El IEPC tiene un adeudo por más de 50
millones de pesos que no ha podido pagar desde el 2012, causa que motivó al
Juzgado Quinto Civil del Estado de Chiapas ordenar el embargo de bienes en su
contra por una deuda de 6 millones de pesos contraída con la empresa DSI
Elecciones, S.A. de C.V., responsable de coordinar el voto de los ciudadanos en
Estados Unidos en la jornada de 2012.
Y en segundo término,
el elevado presupuesto para las elecciones de 2015 comparado con otros estados
de la República. Por ejemplo, los consejeros electorales de Baja California Sur
pidieron 178 millones 35 mil 158 pesos; en Campeche, 236 millones 924 mil 377
pesos; en Guanajuato, 479 millones 551 mil 63 pesos; en Guerrero, 696 millones
776 mil 142 pesos y en Oaxaca, 225 millones 797 mil 13 pesos. La diferencia con
el mayor presupuesto de estos es de 236 millones 761 mil 442 pesos; por lo
tanto, con el total requerido por los consejeros para los comicios en Chiapas, que
saldrá de nuestros impuestos, se pueden pagar en su totalidad las del estado de
Guerrero y Campeche.
Las cifras pueden ser
abrumadoras, pero la realidad es esa.
INCONGRUENCIA
El
abuso de autoridad que muestran estos consejeros con menos de dos meses de
haber asumido el cargo, es comparable con el escándalo ocurrido el año 2012 con
los del estado de Jalisco, donde el portal de transparencia de aquel instituto electoral
muestra que el consejero presidente gana 2 millones 935 mil pesos anuales, y que
el intendente de ese mismo organismo percibe un sueldo mensual de 7 mil 959
pesos. Un profesionista con maestría es probable que pueda ganar esa cantidad y
con grandes esfuerzos, ¿pero un intendente?
Es
clara la situación que tuvo que enfrentar la sociedad chiapaneca al inicio de
este sexenio: Inestabilidad social, conflictos sindicales y una deuda por más
de 40 mil millones de pesos que dificultó mucho emprender el ejercicio
gubernamental. Por lo que, un incremento salarial que rebasa los límites
lógicos tomando en cuenta la jornada laboral, responsabilidad social,
compromiso, obligaciones y condiciones económicas adversas, es una
incongruencia.
La
medida de austeridad motivada por el gobernador Manuel Velasco Coello, reduciendo
en un 50 por ciento los sueldos de los altos funcionarios y directivos, así
como también, comprimir todos los gastos derivados del trabajo institucional,
fue la estrategia que logró sacar adelante a todo un estado contrariado por una
monstruosa deuda y sufragar los compromisos contraídos por el gobierno anterior.
Y con esto logró dar certidumbre económica al pueblo chiapaneco.
Pero, al parecer, a
nuestros consejeros electorales ni les importa la condición en que viven
cientos de miles de familias con salarios que no alcanza ni siquiera para gozar
de una vida digna, y ni les interesa lo que se tuvo que sufrir y hacer para
sacarlos adelante.
Los consejeros María
de Lourdes Morales Urbina, Lilly de María Chang Muñoa, Jorge Manuel Morales
Sánchez, Carlos Enrique Domínguez Cordero, Ricardo Moisés Aguilar Estrada,
Margarita Esther López Morales y María del Carmen Girón López, en lugar de insultar
y querer estafar a la sociedad deberían de pergeñar un plan de trabajo que
fortalezca la democracia y reduzca el abstencionismo. Y de tener conciencia,
que procuren reformar la ley del instituto y limitar las facultades de los
propios consejeros para que casos de fraude como estos no sigan sucediendo.
PARA
MAGDALENA
Querida
prima,
como mis manos están cansadas te informaré sólo lo más relevante: Enoc Hernández Cruz, director del
ICATECH, fue galardonado con el premio “Jaguar y Ámbar del Soconusco” que le
otorgaron el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas y la Casa
de la Cultura “Roberto López Moreno” de Hixtla, por su valiosa aportación
educativa a la juventud y a los adultos del estado. Honor a quien honor merece…
En una intensa gira de trabajo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas,
Chiapas, el senador Roberto Albores Gleason
dijo comprometerse aún más con las causas de la mujer indígena, y profesó estar
convencido de que sus derechos civiles y su participación en las elecciones ahora
sí están garantizados con la reforma constitucional aprobada recientemente. Te
comento, prima, que debido a la labor política y a las acciones que está
haciendo el senador Albores Gleason en todos los municipios de la entidad, el
priismo chiapaneco ha sumado el respaldo de miles de gentes que están creyendo
en la reconstrucción y en sus propuestas... Au Revoir.
@_mariocaballero
yomariocaballero@gmail.com
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